Tragedias militares que llevaron el año pasado a la muerte a decenas de uniformados cuestionan la gestión del jefe del ejército chileno Juan Emilio Cheyre, el único que se atrevió a asumir las culpas de su fuerza por la dictadura pinochetista (1973-1990).
Hasta ahora, Cheyre era apreciado por cuatro años de gestión modernizadora, que incluyó la formación de los militares en derechos humanos, posgrados y lenguas extranjeras, la reducción de la cantidad de regimientos de 67 a 28, la profesionalización castrense y la renovación de equipos, entre otras medidas para despolitizar al ejército.
La característica de su comandancia fue su declaración de "nunca más", en la que reconoció la responsabilidad institucional en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Augusto Pinochet. Esa actitud fue acompañada de sumarios a oficiales implicados y del cese de las obstrucciones a la justicia.
Pero al regresar de un viaje oficial a Sudáfrica, el general debió soportar las críticas por la muerte de tres militares que cayeron en septiembre a una grieta en la Antártida durante una misión no autorizada y que, en principio, dijo desconocer.
A su vez, un tribunal militar que investiga la muerte de 45 uniformados en una marcha por la ladera del volcán Antuco durante una tormenta de nieve, condenó el día nueve a cinco años de prisión al principal inculpado, el ex mayor Patricio Cereceda, por "cuasidelito de homicidio" e incumplimiento de deberes militares.
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También fueron condenados a penas menores por incumplimiento de deberes el ex comandante Roberto Mercado, el teniente coronel Luis Pineda y los capitanes Claudio Gutiérrez y Carlos Olivares, todos del regimiento Reforzado Los Ángeles.
Ambos sucesos demuestran que en el Ejército hay una "falta de liderazgo militar", afirma el diputado de la derechista y opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Ulloa, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la cámara baja.
El portavoz de gobierno Osvaldo Puccio declinó calificar los fallos del caso Antuco y debió defender al comandante en reiteradas ocasiones, señalando el "carácter transformador, histórico, de acercamiento hacia la sociedad civil" de su gestión.
El propio presidente Ricardo Lagos destacó el martes el rol de Cheyre ante los dos casos y subrayó el cambio en la oficialidad operado tras los 17 años de dictadura. El general concluirá su gestión el 9 de marzo.
Pero Alfredo Morgado, abogado de algunas de las víctimas de ambas tragedias, cree que Cheyre debería asumir su responsabilidad y declarar ante la justicia civil, pues en la militar sólo tiene subalternos.
En conversación con IPS, Morgado señaló que "el respaldo irrestricto del gobierno a determinados altos mandos es errado, cuando se le hacen imputaciones directas sobre labores de encapsulamiento de información, que no es más que tergiversación" y "obstrucción a la justicia".
En su opinión, ambos accidentes eran predecibles y evitables. A la falta de transparencia y confusión de prioridades se agrega "una cultura del temor en que el subalterno no se atreve a informar a su superior jerárquico y éste no escucha al subalterno", sostuvo.
El 18 de mayo murieron congelados 44 conscriptos que tenían menos de un mes de instrucción militar y un sargento en una marcha de 27 kilómetros en las laderas del volcán Antuco, 585 kilómetros al sur de Santiago. El ejercicio se realizó bajo un temporal de viento y nieve. El personal llevaba vestimentas precarias para soportar el frío y equipos de comunicación y transporte inadecuados.
Los soldados eran menores de 19 años y procedían mayoritariamente de familias humildes.
Cuatro meses más tarde, un capitán y dos suboficiales murieron al caer 30 metros en una grieta en el hielo de la Antártida a bordo de un carro Snow-Cat. Inicialmente se atribuyó el accidente a un imprevisto en una misión oficial. Pero la investigación posterior indicó que se trató de un rescate no autorizado, con un equipo muy costoso y en malas condiciones climáticas, de un trineo perdido en la misma grieta.
El coronel Miguel Santibáñez, ex comandante del Departamento Antártico, declaró ante la justicia militar que Cheyre le hizo llegar la indicación de "encapsular" información sobre las muertes de la Antártida y de no revelar que la misión no estaba autorizada, con el propósito de salvaguardar la imagen de la institución, ya afectada tras el caso Antuco.
Pese a esto, la fiscalía rechazó esta semana el pedido de Morgado de interrogar a Cheyre.
El legislador Jorge Tarud, del oficialista Partido por la Democracia y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, dijo a IPS que "las relaciones cívico-militares están en buen pie, hay un trabajo en conjunto con el poder civil y una buena interlocución en el parlamento", por lo que descartó un cuestionamiento a la conducción del Ejército.
Tarud reconoce que "la ciudadanía no tenía confianza en un ejército que se prestó para todo tipo de violaciones de derechos humanos en nuestro país". Pero los "comandantes en jefe, después de Pinochet, han actuando con transparencia, acercando al ejército a la ciudadanía, para que sea percibido" como una fuerza "de todos los chilenos y no de un sector político".
Las críticas de la UDI denotan una politización del tema al "pasar la cuenta al comandante en jefe por su 'nunca más' tan potente, que no dejó contentos a estos sectores" que tuvieron vínculos con la dictadura, opinó.
Para Morgado, ambos casos provocan una "alarma pública" que se escucha en la calle.
"La confianza en una institución como el ejército permanece, pero son algunas de sus autoridades las que manipulan la información y los sentimientos de las personas", opinó Jorge Díaz, un operador de una línea aérea nacional.
"El mando debe ser responsable, honesto y apegado a reglamento. Los militares tienen que ser rigurosos en su proceder, y los oficiales involucrados no lo han sido", dijo a IPS la profesora Lucía Garcés.
Para muchas familias afectadas, las sentencias por Antuco no son consuelo y las han apelado. En una manifestación pacífica frente al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, recordaron a sus muertos y reclamaron la renuncia de Cheyre. Uno de los carteles que portaban decía "Justicia militar actúa sólo si muere un oficial", mostrando heridas civiles que no dejan de sangrar.
