CHILE-ARGENTINA: No todo lo que brilla en la frontera es oro

La economía y soberanía de Chile serán las principales víctimas del proyecto aurífero Pascua Lama, en la frontera con Argentina, nacido de un acuerdo entre ambos países impulsado para su beneficio por la firma canadiense Barrick Gold, según activistas sociales.

En 1997, los entonces presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, firmaron el Tratado de Integración y Complementariedad Minera, ratificado por los respectivos Congresos legislativos en 2000, que permite a inversionistas nacionales o extranjeros explorar y explotar los recursos mineros existentes en la frontera entre ambos países.

El pacto le permitía a Argentina desarrollar económicamente varios yacimientos en la frontera, acercándose más a los puertos del océano Pacífico y de esta manera tender puentes hacia el atractivo mercado asiático, mientras que Chile podría participar de proyectos de explotación del vecino país brindando diversos servicios y asesorías.

Pero, sin duda, el beneficiado con el acuerdo bilateral fue el proyecto Pascua Lama, de la empresa trasnacional de origen canadiense Barrick Gold Corporation, cuestionado mundialmente por su intención de remover tres glaciares que alimentan en el valle del Huasco, 660 kilómetros al norte de Santiago, varios sistemas de regadío para 70.000 pequeños productores agrícolas.

El yacimiento Pascua Lama, ubicado a 4.600 metros sobre el nivel del mar a ambos lados de la frontera, es una de las fuentes de oro sin explotar más grandes del mundo, con potencial para producir 17,5 millones de onzas (600.000 toneladas) . El proyecto requiere una inversión de 1.500 millones de dólares.
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En Chile, el yacimiento está emplazado 150 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Vallenar, en la tercera región de Atacama, y en Argentina a 300 kilómetros al nororiente de la ciudad de San Juan, capital de la noroccidental provincia homónima.

Otro de los proyectos activados con el convenio de 1997 fue la mina de cobre El Pachón, propiedad del grupo Noranda-Falconbridge, apostado en la zona argentina de Caligasta, a tres kilómetros de la frontera con Chile, con una inversión de 1.200 millones de dólares.

El tratado es fuertemente criticado por organizaciones no gubernamentales como el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, el Comité de Defensa del Valle del Huasco, la Corporación de Defensa de la Soberanía y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

A partir de 1990, cuando la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet dio paso al gobierno institucional de la coalición centroizquierdista Concertación por la Democracia, aún en el poder, las trasnacionales mineras empezaron a comprar todos los yacimientos ubicados en la frontera, seguros de las que las nuevas autoridades chilenas permitirían su explotación, dijo a IPS el presidente de Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga.

Barrick Gold logró que Santiago y Buenos Aires firmaran el tratado, que permite la libre circulación de extranjeros en una zona limítrofe, luego de haber ejercido una gran presión en los años 90, señaló.

La empresa, a través de la agencia de prensa chilena Extend Comunicaciones, se excusó de responder a las preguntas de IPS, que pretendían echar luz sobre las denuncias.

De igual forma, el Ministerio de Minería de Chile declinó hacer comentarios a IPS, arguyendo que el problema debe ser respondido por el gobierno electo de Michelle Bachelet, que asumirá el próximo 11 de marzo.

Activistas insisten en que el pacto no traerá ningún beneficio a Chile, sino que, por el contrario, es perjudicial para los intereses económicos, estratégicos y de soberanía nacional del país.

Por un lado, temen que la entrada en operación de yacimientos de cobre en la nación argentina genere una sobreproducción mundial del metal rojo, socavando las finanzas del Estado chileno.

En 2005, la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que aporta alrededor de 15 por ciento del total de ingresos del fisco, tuvo excedentes por más de 5.000 millones de dólares gracias a los altos precios del metal registrados en el último año en los mercados internacionales, los que se invertirán principalmente en programas sociales.

"Creemos, además, que el tratado pone en riesgo la soberanía nacional, dado que crea un 'país virtual' en la zona delimitada por el pacto", dijo Alcayaga a IPS.

La Comisión Administradora binacional, constituida en 2001, controla el territorio fronterizo comprendido por el convenio, que en el caso de Chile se extiende desde la segunda hasta la décimoprimera región del país.

Hasta ahora, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre ha tratado por todos los medios de impedir la aplicación del acuerdo, apelando a parlamentarios y al Tribunal Constitucional (TC).

En 2000, los activistas convencieron a 13 senadores (militares designados, miembros de la oposición derechista y el hoy ex legislador democratacristiano Jorge Lavandero) para que presentaran un recurso al TC pidiendo que se anulara la ratificación del tratado, arguyendo que éste no se aprobó con la mayoría absoluta de los legisladores, como corresponde a las normas que modifican la Constitución.

El TC también señaló que la Comisión Administradora del tratado no tiene facultades jurisdiccionales, por lo que la zona comprendida habría dejado de ser un "país virtual". Esto, a juicio de los activistas, haría inaplicable el convenio.

A través de estos recursos legales, los ambientalistas esperan frenar durante el mayor tiempo posible la explotación de las minas ubicadas en la frontera.

Portavoces del gobierno se mostraron sorprendidos y señalaron a IPS que no hay impedimentos legales para la explotación minera comprendida en el convenio binacional.

Mientras, Omar Turres, asesor del Comité de Defensa del Valle del Huasco, dijo a IPS que Barrick Golf está "ganando la batalla", porque cosecha cada vez más popularidad entre los pobladores de la zona, a quienes les provee empleos.

Como ejemplo, señaló que en la primera marcha contra la compañía se movilizaron 300 personas, en la segunda 2.500 y en la última participaron no más de 500 habitantes de Valle del Huasco.

El 23 de este mes se cumplirá el plazo para que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la tercera región se pronuncie respecto del estudio de impacto ambiental presentado por Barrick Gold para ampliar el proyecto.

Para los próximos días se esperan manifestaciones de protesta en varias ciudades para presionar a la Corema y a Bachelet, quien se comprometió en su campaña electoral a no permitir la remoción o destrucción de los glaciares del país, en alusión al proyecto Pascua Lama.