Con más cautela que cuando estaba en el llano, el presidente de Bolivia, Evo Morales, intenta un discurso conciliatorio para mantener la ayuda económica de Estados Unidos, pero la diferencia de criterio sobre la erradicación de cultivos de coca anticipa una tensa relación.
Morales, el líder indígena del izquierdista Movimiento al Socialismo que asumió el gobierno el 22 de enero, atraviesa su primera prueba de fuego al tratar de atenuar el sentimiento antiestadounidense de sus bases sindicales para conservar la asistencia financiera de Washington.
Esa estrategia se ha complicado tras ser reelegido como presidente de la Coordinadora de Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de cultivadores de coca, en este central departamento, donde nació a la vida política hasta alcanzar el gobierno de Bolivia en las urnas el 18 de diciembre con el respaldo de 53,7 por ciento de los votos.
La doble función de presidente y líder sindical no es muy cómoda para Morales, como no lo sería para cualquier otro. Mientras su tarea social reclama la defensa de los ancestrales cultivos de coca, como gobernante del país debe hacer cumplir la ley antidrogas que indica destruir tres cuartas partes de esas plantaciones identificadas como ilícitas.
Jaime Solares, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y Roberto de la Cruz, concejal de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, estuvieron entre los primeros en cuestionar la reelección de Morales como sindicalista.
El abogado Carlos Alarcón señaló que el artículo 43 de la Constitución exige a los funcionarios públicos el trabajo exclusivo "por los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno". Por ello, "considero que hay una incompatibilidad de condiciones si el presidente de la República desea mantener la doble función", apuntó.
La fortaleza del sector sindical agrario, respaldada por el ascenso de su instrumento político, el MAS, consiguió en su momento el reconocimiento del gobierno de Carlos Mesa (octubre de 2003-junio de 2005) para respetar el derecho de cultivar una extensión de 1.600 metros cuadrados de hojas de coca por cada familia.
El último congreso de las organizaciones de cultivadores de coca o cocaleros, como le llaman aquí, clausurado el 15 de este mes, aprobó que la extensión, también denominada "cato", sea extensiva a cada uno de sus 40.000 afiliados.
El consejero departamental por la provincia de Chapare, en Cochabamba, y dirigente de los agricultores, David Herrera, aseguró a IPS que las resoluciones del congreso no implican que se procederá a incrementar los cultivos.
Anunció para eso una prudente espera de los afiliados hasta conocer los resultados de un estudio sobre la demanda de hoja de coca en el mercado nacional, con financiamiento europeo, que en criterio del sindicalista, determinarán la reducción o incremento de las extensiones cultivadas.
Los primeros cálculos no oficiales dan cuenta de una multiplicación hasta por tres de la extensión actual de plantaciones de coca bajo la nueva modalidad propuesta por los sindicatos.
Al margen de esa decisión sobre la extensión de los cultivos permitidos, la resolución más controversial del encuentro fue de instar a expulsar de Cochabamba a miembros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y de la oficina de lucha contra el narcotráfico de la Casa Blanca.
Esos agentes estadounidenses llegan a Bolivia por convenios de carácter bilateral, que son renovados por las cancillerías respectivas en el momento de negociar la ayuda económica anual.
Mientras Morales afirmaba públicamente que la presencia de estas representaciones extranjeras con rango diplomático estaba condicionada al respeto de la soberanía nacional, colaboradores suyos se afanaban por explicar al embajador estadounidense en Bolivia, David Greenlee, que la posición sindical no era compartida necesariamente por el gobierno.
De modo coincidente, la asistencia estadounidense para la lucha contra el narcotráfico a La Paz fue recortada de 103 a 80 millones de dólares para la gestión 2006. Además, una fuente diplomática informó a IPS que el próximo año el monto será de sólo 67 millones de dólares, como efecto de una política orientada a "reducir el déficit fiscal" del país del Norte.
Hasta el año pasado, Estados Unidos otorgó a Bolivia una donación anual de unos 150 millones de dólares destinados a luchar contra el tráfico de drogas, reemplazar las plantaciones de coca por otros cultivos alternativos y apoyar programas sociales de salud.
La preocupación del gobierno estadounidense de George W. Bush radica en el potencial de producción de unas 95 toneladas de cocaína con el excedente de hoja de coca, de la cual se extrae la pasta base para esta droga.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 1971 el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas y en 1988 aprobó la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ambos en la ciudad de Viena.
El 19 de julio de 1988, durante el entonces gobierno de Víctor Paz Estensoro, el parlamento aprobó la legislación antidroga número 1008, que en 149 artículos penaliza la producción de hoja de coca y dispone su destrucción en la zona central del departamento de Cochabamba y conserva su cultivo sólo en áreas tradicionales de los Yungas, en el occidental departamento de La Paz.
La ONU indica que en Bolivia, considerado el tercer productor mundial de cocaína después de Colombia y Perú, existen hoy 27.700 hectáreas cultivadas de coca, 10.100 en el Chapare, 17.300 en los Yungas y 300 más en la región de Apolo, al norte de La Paz. Las normas autorizan el cultivo de sólo 12.000 hectáreas con fines de usos tradicionales y medicinales.
Actualmente, la ayuda de Estados Unidos para la erradicación consiste en dotar de helicópteros, aviones y equipo a las fuerzas de tarea conjunta conformadas por las tres ramas militares y la policía, que tienen como misión la represión de esta actividad.
Pero las relaciones entre La Paz y Washington habían comenzado a deteriorarse tras la decisión del gobierno boliviano de suspender el trámite en el Congreso legislativo del proyecto para otorgar inmunidad a soldados y ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar delitos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.
El Senado había ratificado en junio de 2004 la firma del acuerdo bilateral en ese sentido, pero la gestión se detuvo en la Cámara de Diputados donde el MAS tenía ya entonces una bancada influyente. Ahora, el partido de gobierno tiene el control del Congreso y los plazos de aprobación otorgados por Washington han vencido.
El presidente Morales y el embajador Greenle examinaron el 17 de este mes de manera general varios aspectos de las relaciones diplomáticas y al finalizar el encuentro ambos expresaron, por separado, sus diferencias sobre el plan de erradicación de cocales.
La representación diplomática estadounidense mantiene un manto de duda sobre la efectividad de una destrucción de cultivos excedentes por voluntad de los agricultores, pero el gobierno de Morales asegura que los mecanismos sindicales de coerción serán efectivos.
El viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral, que antes se denominaba de Defensa Social, es el ex alcalde del Chapare y productor de hoja de coca Felipe Cáceres.
El ex dirigente cocalero explicó que la nueva política gubernamental contempla la erradicación voluntaria de excedentes a cambio de una compensación y apoyo al desarrollo integral de las zonas productoras.
Herrera, a su vez, afirmó que las organizaciones sindicales ingresan en una fase de reflexión sobre la responsabilidad de contribuir a la lucha antidroga con un racional cultivo del vegetal y sobre el papel que deben jugar los agentes estadounidenses de represión al narcotráfico, aunque hizo énfasis en el "respeto a la soberanía nacional" de esos extranjeros.
Según el sindicalista campesino, hoy las fuerzas de tarea conjunta continúan con su misión de destrucción de cultivos, con el apoyo de los propios agricultores. Cada uno de los afiliados, aguarda la presencia de los efectivos militares, delimita su "cato" y permite la destrucción de la extensión restante, aseguró.
En opinión de Herrera, esta forma de trabajo no genera violencia y, por el contrario, representa una garantía sobre la posesión de una superficie con reconocimiento gubernamental.
El embajador Greenlee confirmó la existencia de un ambiente de diálogo, pero "con matices y puntos de vista diferentes sobre la erradicación" de los cultivos en cuestión. (
