Cientos de detenidos en redadas policiales dispuestas por el gobierno de Bangladesh para impedir una gran protesta opositora en la capital languidecen en la cárcel desde hace tres semanas.
"He intentado que liberaran a mi hijo, pero aún estoy esperando", dijo a IPS el jornalero Abdul Halim, mientras esperaba frente a la cárcel central de Dhaka.
"Mi hijo es inocente. No integra ningún partido político. Vino a la ciudad en busca de trabajo y lo arrestaron el 4 de febrero, cuando se bajaba del autobús…"
Halim, residente en el nororiental distrito de Comilla, a 97 kilómetros de Dhaka, debió acudir a los tribunales de la capital y gastó en trámites la mayor parte de sus ahorros. Pero no logró la liberación de su hijo.
La Liga Awami, el principal partido opositor, convocó junto con sus aliados la "larga marcha a Dhaka", para demostrar su malestar con la coalición de gobierno que encabezan el Partido Nacionalista y el islamista Jamaat-e-Islami.
La oposición protesta contra el acelerado aumento de precios de los productos básicos y la crisis en el suministro de fertilizantes, que ha afectado a miles de agricultores en todo el país.
A medida que cientos de miles de personas se acercaban a la capital rumbo a la manifestación, convocada para el 5 de febrero, el gobierno respondió con arrestos masivos. Cientos de personas terminaron desbordando la cárcel central de Dhaka.
"Los arrestados viven en condiciones inhumanas, porque la cárcel ya estaba atestada antes de las redadas", dijo la directora ejecutiva de la no gubernamental Sociedad por la Vigencia de los Derechos Humanos en Bangladesh, Alena Khan.
Los principales partidos opositores piden la renuncia de la primera ministra Khaleda Zia y lanzaron, después de la "larga marcha", una huelga general a partir del día 15. Los arrestos continuaron entonces.
La Liga Awami boicotea las sesiones parlamentarias desde hace más de un año, en reclamo de elecciones. El sector acusa al gobierno de Zia de no controlar los precios ni la creciente criminalidad. Las últimas elecciones se celebraron en octubre de 2001.
Mohammad Siraj, de 30 años, espera en una vigilia frente a la cárcel por la liberación de su hermano menor, Harun, mecánico de bicicletas. La policía lo arrestó ya el 1 de enero, previendo que participaría en la manifestación cuatro días después.
"El día 8 ordenaron su libertad, pero aún no han cumplido porque la policía asegura que fue arrestado por otros delitos que no figuran en el trámite", explicó Siraj.
El comerciante Sagar Ahmed, de 25 años, fue detenido en un restaurante del barrio de Nazirbazaar, dijo su primo Maidul Islam Tushar, otro entre cientos de personas que esperan frente a la cárcel.
Mientras, abogados, intermediarios y policías exigen a los familiares dinero para asegurar la liberación de los detenidos.
Rozina Begum pagó unos 600 taka (equivalentes a nueve dólares) al asistente de un abogado por la libertad de su esposo Aslam, cadete en un comercio. Dos días después, le dijeron que el trámite había comenzado y que debía pagar 30 dólares más.
Aslam aún sigue preso. Rozina Begum ya no puede esperar más frente a la cárcel con su hijo de cinco meses. "No puedo pagar más dinero, pues no tengo familiares en Dhaka", aseguró.
La presidenta de la Liga Awami, Sheikh Hasina, afirmó que la policía había arrestado a más de 10.000 integrantes de su partido. Pero el gobierno negó que la cifra real fuera tan abultada, y aseguró que las detenciones no tienen nada que ver con la política.
"Fue una redada de rutina. Algunos fueron arrestados por sospechas o por acusaciones específicas. Los que sean declarados inocentes serán liberados", dijo el comisionado de la policía en Dhaka, Mizanur Rahman.
La Corte Suprema de Justicia rechazó la explicación oficial y el mismo 5 de febrero exigió una explicación. Un comité del alto tribunal reclamó, además, un informe detallado sobre la identidad de los arrestados y las acusaciones que se les imputan.
Los tribunales de Bangladesh tuvieron una actitud similar cuando la oposición anunció protestas masivas en marzo de 2004.
"La mayoría de las víctimas eran personas inocentes, comunes y corrientes, de acuerdo con las audiencias judiciales", aseguró la activista Alena Khan.
Muchas de las acusaciones son ficticias. "La gente es acusada para que no se pueda acusar al gobierno de detener a inocentes, pero ni siquiera se les permite salir en libertad bajo fianza", agregó.
"Hemos exigido al gobierno la constitución de mecanismos de control para que los inocentes sean liberados, pero no nos han contestado aún", se lamentó Khan. (
