Organizaciones ecologistas de Argentina advirtieron al Banco Mundial que su estudio sobre dos fábricas de celulosa que se construyen en la orilla uruguaya de un río limítrofe ignora la crisis diplomática entre las dos naciones y las protestas de los residentes de la zona contra esos proyectos.
"Llama la atención que el estudio no haga ninguna consideración acerca del marco legal y político y que se ignore la tremenda controversia que estos proyectos desataron", señaló Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace Argentina, en una consulta pública convocada el jueves en Buenos Aires para discutir el borrador del "Estudio de Impactos Acumulativos Uruguay – Plantas de Celulosa", divulgado en diciembre.
"Ni siquiera se hace mención al conflicto desatado por la falta de autorización con la que operan las dos plantas y el puerto de M'Bopicua", puntualizó el dirigente en la reunión convocada por la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero del Banco Mundial para proyectos privados.
Pero además, Villalonga cuestionó la "vaguedad" en las razones sobre la localización de las plantas, la "superficialidad" en la comparación de las tecnologías disponibles para el blanqueo de la pasta de celulosa, y la subestimación de virtudes ambientales que tendría la utilización del método totalmente libre de cloro, que no será utilizado en esas fábricas.
Villalonga dijo a IPS que si bien el estudio no era vinculante y tenía un sesgo de apoyo a las industrias, planteaba una oportunidad de discutir. Pero la suspensión de audiencias similares que iban a realizarse en las dos ciudades más próximas al emplazamiento de las plantas (la uruguaya Fray Bentos y la argentina Gualeguaychú) "empobrece" el proceso.
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Representantes de la CFI tomaron nota de las críticas y argumentaron que las asambleas de Fray Bentos y Gualeguaychú se levantaron ante la negativa de los pobladores a asistir. Los vecinos argentinos habían cuestionado el borrador, favorable a la posición oficial uruguaya y a las empresas interesadas.
Mark Constantine, responsable de estrategia del Departamento de Manufactura de la CFI, comentó a IPS que estuvieron en agosto en Gualeguaychú y se entrevistaron con los vecinos. "Sus comentarios nos decidieron a ampliar el estudio de impacto a los aspectos de turismo y agricultura, pero ahora no quisieron participar de este llamado a consultas", dijo.
Muy cerca de la occidental Fray Bentos y sobre la ribera este del río Uruguay, las compañías Botnia, de Finlandia, y ENCE (Empresa Nacional de Celulosa de España) construyen sendas fábricas de pulpa de papel, resistidas por Buenos Aires y por un movimiento de vecinos y activistas de Gualeguaychú, en la orilla oeste de ese curso.
Las argentinas Fundación para la Defensa del Ambiente y la Multisectorial No a las Papeleras criticaron que el estudio eludiera el contencioso político que escaló a raíz de estos proyectos e ignorara las violaciones al Estatuto del Río Uruguay, administrado por las dos naciones, en que habría incurrido Montevideo al autorizar las obras sin consultar a su contraparte.
En una consulta similar realizada el martes en Montevideo, ecologistas uruguayos criticaron el borrador elaborado por las firmas privadas Pacific Consultants International y Malcolm Pirnie para la CFI.
Para la Red Uruguaya de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas, integrada por 35 entidades de ese país, el informe tiene importantes fallas técnicas, como aseverar que el monocultivo de eucaliptos (materia prima de la celulosa) incrementa la biodiversidad, contrariando estudios de expertos.
La Corporación admitió que algunos aspectos no se estudiaron con la profundidad requerida por los ambientalistas. "Hubiéramos tenido que ver con más detalle" impactos en el sector agropecuario o en el turismo, reconoció el especialista de la CFI, Mauricio Athie.
"La idea es recabar los datos y recolectar la mayor cantidad posible de información para decidir si el informe necesita o no modificaciones", dijo Athie a IPS.
Respecto de la presunta debilidad del organismo encargado de controlar a las empresas, la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay, Constantine aseguró que Montevideo ha admitido esa falencia y tiene previsto aumentar el presupuesto y la dotación de personal del área, una iniciativa que podría ser financiada por la CFI, dijo.
Hay "preocupaciones no resueltas" y será en última instancia el directorio del Banco Mundial el que resuelva cuál es el grado de consenso aceptable para financiar ambos proyectos, finalizó Constantine.
La CFI presentó en diciembre el borrador del estudio acerca de los eventuales impactos ambientales y sociales acumulados de las fábricas y abrió un proceso de consultas con gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil que finaliza este viernes.
Se espera que ahora un especialista canadiense, Wayne Dwernychuk, exponga los comentarios, críticas y recomendaciones ante el directorio del Banco Mundial.
La CFI evalúa financiar los proyectos, que suponen en conjunto una inversión estimada en 1.800 millones de dólares, con unos 400 millones de dólares.
También el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Grupo Banco Mundial analiza con base en el informe si garantiza "contra riesgo político potencial" la fábrica de Botnia por un monto de 300 millones de dólares.
Buenos Aires sostiene que al autorizar de manera inconsulta la construcción de las dos fábricas y el puerto privado de M'Bopicua, Montevideo violó el Estatuto del Río Uruguay.
En protesta por la instalación de las dos fábricas, que producirán en conjunto 1,5 millones de toneladas de celulosa por año, habitantes y ecologistas de Gualeguaychú bloquean desde fines de diciembre el tránsito en el puente internacional Fray Bentos-Puerto Unzué sobre el río Uruguay, una medida intensificada con el transcurso del verano austral y que causa enorme daño al turismo y a otros sectores de la economía uruguaya.
Ese bloqueo se repite en otros dos puentes río arriba y provoca airados reclamos del gobierno uruguayo.
Buenos Aires, disconforme con los estudios técnicos y argumentos de Montevideo, anunció que llevaría el caso a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y que podría pedir incluso una medida cautelar para detener preventivamente las obras.
