El deplorable estado del ambiente ya forma parte de lo cotidiano en Portugal, marcado por una sequía de más dos años que afecta a 92 por ciento de su territorio, donde entre 2003 y 2005 ardieron casi 900.000 hectáreas de bosques ancestrales.
Cada vez con mayor frecuencia, los cambios extremos son sentidos por una sorprendida población que a fines de enero vio regresar la nieve al centro y sur del país tras 53 años de ausencia, mientras se entera de las previsiones de los meteorólogos anunciando un ardiente estío que inevitablemente traerá consigo nuevos y grandes incendios forestales.
A pesar de las lluvias y la efímera nieve caídas dos semanas atrás, la sequía iniciada en noviembre de 2004 continúa afectando a casi la totalidad del territorio portugués, con especial incidencia en las regiones septentrional de Tras-os-Montes y meridional de Alentejo, con presumibles daños a la agricultura y la ganadería del país.
Como si esto no bastase, a comienzos de este mes el gobierno del primer ministro socialista José Sócrates admitió que, justo un año después del inicio de los compromisos del Protocolo de Kyoto, Portugal no logrará cumplir sus metas, al contrario de lo esperado en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea (UE).
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprobada en 1992, conocida como Protocolo de Kyoto por la ciudad japonesa donde finalmente se firmó en 1997, entró en vigor el 16 de febrero de 2005 con valor jurídico para los 141 países adherentes en un clima de cauto optimismo, al establecer medidas concretas para combatir el recalentamiento del planeta.
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Empero, en ese grupo se aprecia la marcada ausencia de Estados Unidos, el mayor emisor mundial de gases con efecto invernadero, que retiró su adhesión al tratado en 2001, poco después de la primera investidura del presidente George W. Bush.
El objetivo principal del Protocolo es conseguir que, entre 2008 y 2012, los países industrializados reduzcan en cinco por ciento sus emisiones de gases respecto del nivel que registraron en 1990. Si un país no cumple el Protocolo, podría ser forzado a reducir su producción industrial.
En Portugal, la violación del Protocolo de Kyoto no parece tener solución a la vista. La evaluación del estado del cumplimiento de las metas, realizada esta semana en el seno del Plan Nacional para las Alteraciones Climáticas (PNAC), indica que, en el escenario más optimista, el país emitirá en 2010 nueve por ciento más de lo que debería.
Entre los factores que más inciden en el incumplimiento, se cuentan los nuevos proyectos con impacto significativo en las emisiones de gases, en especial una nueva y gigantesca refinería que se construye en Sines, 120 kilómetros al sur de Lisboa y que lanzará al aire 2,5 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2).
La falta de certezas en cuanto al plan de forestación de las áreas verdes ardidas en los últimos tres años es otro elemento que condimenta el pesimismo de los ambientalistas, que, además, lamentan las dificultades que enfrentan para identificar el sector de los gases fluorados, utilizados en la refrigeración y con conocidos efectos nocivos para la atmósfera.
Según esta última versión del PNAC, donde ya están incluidas las medidas y políticas en vigor, en el calendario para alcanzar las metas de Kyoto, Portugal llegara a 2010 emitiendo gases con efecto invernadero 39 por ciento más que en 1990, es decir superando con creces el incremento máximo permitido de 27 por ciento.
Si se ponen en práctica todas las medidas paliativas consideradas esenciales para cumplir con el Protocolo, Portugal podrá esperar reducir de 39 a 36 por ciento el aumento de emisiones, lo que se traduce en un exceso de entre 5,5 y 7,3 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente.
La experta en asuntos ambientales Ana Fernándes sostiene que para cumplir las metas a que se comprometió, "el país no tendrá otra alternativa sino la de comprar créditos de emisión". Es decir, 14,40 dólares por tonelada durante cinco años, una factura de 396 millones de dólares en el lustro.
Fernándes identifica a "los grandes culpables" de esta situación: el área de los transportes, que llegará a 2010 emitiendo 105 por ciento más que en 1990, y el sector residencial y terciario, grandes consumidores de energía de origen fósil con más de 86 por ciento que hace 16 años, frente a aumentos de 40 por ciento en la industria y construcción.
Entre las medidas anunciadas por el gobierno, se destacan las nuevas reglas sobre la eficiencia energética de los edificios nuevos, obligando por ley a las empresas constructoras a colocar paneles solares, en un país con 300 días de sol por año, pero donde 60 por ciento del total de la electricidad vendida se consume en los edificios y 30 por ciento de los combustibles fósiles importados se destinan a este sector.
El decreto ejecutivo sobre la eficiencia energética obedece a una innovadora transposición a la legislación portuguesa de una directiva de la UE, que reglamenta las características del comportamiento térmico y la climatización de los edificios, así como su certificación energética y calidad del aire.
Los precios de los apartamentos podrán aumentar, "pero el país espera ahorrar energía con origen en los combustibles fósiles y, simultáneamente, crear un nuevo mercado que puede promover la industria y el 'know-how' (conocimiento) portugués", opina Fernándes.
Helder Gonçalves, investigador del Instituto Nacional de Energía y Tecnología Industrial, asevera que el ahorro "puede ser muy significativo, hasta de 50 por ciento comparativamente a viviendas construidas sin los requisitos que este reglamento estipula", y se calcula que la factura de las familias se verá reducida en 20 por ciento.
La legislación aprobada podrá provocar una verdadera revolución en el sector, "donde el principal problema para resolver es que los portugueses dejen de tener casas que se comportan peor que el clima: más calurosas en el verano y más frías en el invierno", estima por su parte Eduardo Oliveira Fernándes, profesor de la Universidad de Oporto, uno de los autores de las nuevas medidas que califica de "amigas del ambiente".
Otras medidas paliativas para combatir el creciente deterioro ambiental, serán tomadas a nivel municipal por las alcaldías de Lisboa y de Oporto, las dos ciudades principales del país, cuyas áreas metropolitanas albergan a más de un tercio de los 10,2 millones de portugueses.
Los llamados corredores verdes urbanos para aumentar la calidad de vida en las ciudades, se enmarcan en una medida considerada " crucial" por el arquitecto Paulo Farinha Marques, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto.
Según el experto, las alteraciones climáticas, que acarrea "la irregular ocurrencia de precipitaciones, con veranos más secos y prolongados y retracción de fuentes de agua dulce, va a convertir menos salubre la vida en los grandes centros urbanos, que exigirán medidas para mantener el nivel de calidad".
Los corredores verdes "contribuyen a la disminución de las variaciones térmicas, al aumento de la humedad relativa y para el drenaje atmosférico generador de brisas", asevera el catedrático.
No obstante las preocupantes denuncias que fluyen casi cotidianamente de las principales organizaciones no gubernamentales, el comportamiento ambiental de Portugal aparece bien colocado en una lista elaborada por las universidades estadounidenses de Yale y de Columbia, presentada la semana pasada en el Foro Económico Mundial, realizados en Davos, Suiza.
Portugal está en el lugar 11 en una escala de 133 países, encabezada por Nueva Zelandia, seguida de Suecia y que cierran Níger y Chad.
España, que ocupa 80 por ciento de la península Ibérica que comparte con Portugal, aparece en el lugar 23 en la evaluación de las dos universidades estadounidenses, que la organización no gubernamental portuguesa Quercus considera "poco próxima de la realidad".
Este indicador de desempeño ambiental utilizado por Yale y Columbia pasa por áreas tan variadas como la calidad del aire, el consumo de agua, el índice de deforestación o la protección de la naturaleza.
El saneamiento básico y el abastecimiento de agua son dos indicadores donde, según los investigadores, Portugal alcanza la meta de 100 por ciento.
En otras palabras, según los especialistas de Yale e Columbia, todo el territorio luso está cubierto por la red de desagües y da un tratamiento adecuado a las aguas residuales, "indicadores que no corresponden a la realidad", asevera Quercus.
"Más de 50 por ciento de las aguas residuales no tienen un tratamiento adecuado y respecto a las aguas superficiales, como los ríos, un tercio posee agua de mala o muy mala calidad", contradice Hélder Spínola, presidente de Quercus, al referir datos de las propias entidades nacionales.
El activista recuerda que la realidad prueba que hasta en los lugares donde existe tratamiento de aguas residuales, "muchos sistemas no están preparados para cumplir el nivel de exigencia impuesto por la UE, porque sólo poseen mecanismos para tratar agua de forma primaria".
Se estima que el saneamiento básico llega a 70 por ciento de la población del país y no a toda como sostiene el documento presentado en Davos, que también califica la salud ambiental como "positiva", pese a que, según Spínola, "la calidad del aire tiene implicaciones graves para la salud pública y Portugal todavía ni siquiera tiene un plan nacional de salud y ambiente".
Los resultados de Yale y Columbia "contrarían análisis de otros organismos, como la Agencia Europea de Ambiente", subrayó Spínola, quien explica la distorsión de la realidad debido a las fuentes usadas por los investigadores, "basadas en (la Organización de) las Naciones Unidas, que está muy distante de la realidad europea".
