El Mercosur y la retórica de integración sudamericana están a prueba en el enfrentamiento entre Uruguay y Argentina por la construcción de dos fábricas de celulosa sobre la ribera uruguaya de un río limítrofe.
Los reclamos sociales y ambientalistas que comenzaron hace más de tres años en Uruguay contra esas plantas se han tornado un diferendo entre dos países, despertando toda suerte de pronunciamientos nacionalistas y un gradual endurecimiento de las posiciones.
A medida que la tensión escala, dentro de Uruguay se galvanizan las posiciones. Algunos sectores de la izquierda que ahora gobierna habían esgrimido tibias objeciones a los proyectos hasta 2004, cuando eran oposición. Pero hoy todo el arco político se alinea detrás de la defensa de esas industrias, que tienen en la región graves antecedentes de contaminación.
Con el calor de enero, se intensificaron los bloqueos de uno de los puentes que unen a ambos países, efectuados por vecinos y ambientalistas de la ciudad de Gualeguaychú, en la oriental provincia argentina de Entre Ríos y cercana al río Uruguay, en cuya margen oriental la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la firma finlandesa Botnia construyen las plantas de celulosa.
Las protestas señalan que la autorización uruguaya a esas industrias violó un tratado binacional de administración conjunta del río fronterizo, pues omitió una consulta previa a Buenos Aires.
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Uruguay replica que en 2004 Argentina dio su conformidad a los proyectos, y cita un párrafo de la Memoria Anual del estado de la Nación Argentina que se refiere específicamente al asunto. Pero ese es un texto erróneo, según Buenos Aires.
El binacional Grupo de Trabajo de Alto Nivel, instalado a mediados del año pasado por los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, para descomprimir la tensión, terminará sus trabajos el 30 de enero sin acuerdo entre las partes, reconocen fuentes de los dos países.
Para Buenos Aires, ese ámbito (que considera de negociación) y las dos cartas enviadas a Montevideo solicitando que se detuvieran las obras, constituyen antecedentes para esgrimir una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Las autoridades uruguayas, en cambio, afirman que esa comisión no es de negociación, sino de complemento de "estudios y análisis, intercambio de información y de seguimiento de las eventuales consecuencias sobre el ecosistema del río Uruguay" de la instalación de ambas plantas.
La posición argentina se expresa en dos planos: el activismo civil de Gualeguaychú, azuzado por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y las declaraciones y cartas de funcionarios del gobierno centroizquierdista de Kirchner.
La medida de bloquear el puente es muy dañina para Uruguay en la temporada turística alta del verano austral, pues molesta una de las vías de ingreso de visitantes argentinos a este país.
Pero, además, esa medida abre otro plano de enfrentamientos, pues pone en entredicho la libre circulación consagrada en la unión aduanera que es el Mercosur (Mercado Común del Sur) del que forman parte también Brasil y Paraguay.
Estas protestas, no impedidas y por momentos alentadas desde Argentina, encienden aún más los sentimientos nacionalistas en Uruguay, donde todo debate interno sobre la conveniencia de promover la industria de la celulosa ha pasado a segundo o tercer plano.
"El Mercosur está en la peor coyuntura para asumir un papel en la resolución de estas diferencias", dijo a IPS el historiador y analista político Gerardo Caetano.
A las debilidades y tensiones que vive el bloque, se suma la polémica por el renovado interés uruguayo en negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
El 5 de este mes, el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, sostuvo que su país debía "comenzar a hacer esfuerzos para llegar a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos".
"Sería imposible que un socio del Mercosur negocie individualmente acuerdos comerciales, a menos que pretenda dejar el bloque, decisión sobre la cual no fuimos informados", replicó el jueves el canciller brasileño, Celso Amorim, aunque admitió que los socios mayores, su país y Argentina, "tal vez no hemos hecho bastante" por el desarrollo de los miembros más pequeños.
En cualquier caso, dentro de Uruguay hay "una campaña para salirse del Mercosur" a través de algunos medios de comunicación, como el semanario Búsqueda, con verdaderos "alegatos" contra el bloque, que empiezan a tener cierto eco en el gobierno, opinó Caetano.
Además, Uruguay no cuenta con todos los instrumentos de una diplomacia de alto nivel para hallar salidas a la crisis. Y el Poder Ejecutivo está "determinado a no perder las inversiones" estimadas en 1.800 millones de dólares, opinó.
De otra parte, el gobierno argentino, quizás por el estilo de Kirchner, "no acuerda, no negocia, está acostumbrado a ganarlas todas", añadió Caetano.
Uruguay está obligado por un acuerdo de protección de inversiones firmado con Finlandia en 2002, cuando gobernaba el liberal Jorge Batlle (2000-2005), y ratificado por el parlamento de este país en 2004, con una vigencia de 20 años.
El artículo sexto prevé que las empresas cuyas inversiones "sufran pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones" tendrán derecho a "restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos" en las condiciones más favorables posibles.
En opinión de Caetano, la discusión de la comisión binacional terminará "en la nada". Pero un proceso en La Haya no necesariamente sería adverso a este país, por el "desprestigio internacional" que ganó Argentina en los últimos años debido a su crisis económica y el cese de pago de su deuda, entre otras razones.
En cambio, el ex canciller uruguayo y actual embajador en Francia, Héctor Gros Espiell, espera "que se evite ese camino, porque es largo y costoso para las dos partes".
A inicios de enero, su nombre fue mencionado como el encargado de preparar la defensa de Uruguay ante el tribunal de La Haya. "No he recibido ninguna instrucción de la cancillería", dijo a IPS el embajador.
En su opinión, "siguen abiertas todas las opciones diplomáticas" para un acuerdo. "La mediación está dentro de esas opciones. La negociación tiene una amplia variedad de instrumentos", añadió Gros Espiell, catedrático en derecho internacional y ex subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde la sociedad civil se proponen otras salidas. La organización ambientalista internacional Greenpeace ha señalado que Buenos Aires haría bien en adoptar el mismo celo manifestado ante las plantas uruguayas para toda la producción de celulosa afincada en su territorio.
La entidad propuso un nuevo cometido al Grupo Técnico de Alto Nivel: elaborar durante 2006 un "Plan de Producción Limpia" para el sector industrial de la celulosa y el papel de las dos naciones y, hasta tanto, suspender las obras de las dos plantas uruguayas.
"Para nosotros no es la salida", dijo a IPS la activista Ana Filippini, del grupo ambientalista uruguayo Guayubira.
La entidad cuestiona el modelo forestal de este país y la implantación de la industria de la celulosa a gran escala. En su opinión, el gobierno uruguayo debería "abrir la discusión" interna sobre estos temas y hacer cumplir normas relativas al uso del agua, la instalación de zonas francas y otras, que no implican "violar el convenio" con Finlandia.
"La salida sería frenar los monocultivos forestales, no acrecentarlos, que es lo que pasará con la instalación de tres o más plantas de celulosa", añadió Filippini, en referencia a un nuevo proyecto del grupo sueco-finlandés Stora Enso para construir una fábrica en el centro del país.
