El Banco Mundial decidió suspender préstamos por 124 millones de dólares a Chad, una de las naciones más pobres del mundo, en represalia por la reforma de una ley que establecía la proporción de los ingresos petroleros que debía destinarse al alivio de la pobreza.
La ley, que controla las ganancias petroleras del país, fue modificada contra el reiterado consejo del organismo internacional.
Para las organizaciones no gubernamentales, se trata de un gesto simbólico del Banco Mundial que esconde su acción significativa en proyectos similares de minería, petróleo y gas.
En una carta a las autoridades de Chad el viernes 6, el Banco Mundial, con sede en Washington, dijo que congelaría cualquier nueva concesión o crédito a Chad, y que suspendería los desembolsos para los ocho proyectos que el organismo tiene en el país centroafricano.
El financiamiento del Banco Mundial para estos proyectos es de 297 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 124 millones de dólares todavía tienen que ser desembolsados.
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"Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que ese dinero generado a partir de este proyecto petrolero (el oleoducto Chad-Camerún) es empleado para ayudar a satisfacer las necesidades de los pobres en Chad", dijo el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, mientras anunciaba este paso inusual.
Wolfowitz dijo que Chad se negó a comprometerse en un diálogo con el organismo o a permitirle asistir al país en lo relativo al presupuesto, el principal motivo citado por el gobierno para modificar la ley.
La Ley de Administración de Ganancias del Petróleo, adoptada por la Asamblea Nacional de Chad en 1999, fue un factor decisivo en el apoyo del Banco Mundial al Proyecto de Oleoducto Chad-Camerún.
La ley fue diseñada para garantizar que el dinero procedente de los ingresos petroleros beneficie a los pobres, asignando la mayor parte del mismo a los "sectores prioritarios", como la salud, la educación, los servicios sociales y el desarrollo rural, y colocando en el Fondo para Futuras Generaciones 10 por ciento de esos recursos, destinados al período post-petrolero.
El proyecto fue impulsado como modelo del Banco Mundial en el uso de industrias extractivas para combatir la pobreza y promover el desarrollo en una de las naciones más empobrecidas del mundo.
Sin embargo, las enmiendas aprobadas a la ley a fines de diciembre aumentan de 15 a 30 por ciento la proporción de los ingresos petroleros que irán a rentas generales, cancelan el Fondo para Futuras Generaciones y disponen el uso del dinero allí ahorrado en gastos inmediatos de seguridad y el control de fronteras.
Organizaciones de la sociedad civil, que fueron decisivas a la hora de generar apoyo para la ley original, dieron la bienvenida a la decisión del Banco Mundial, pero insistieron en que su posición falla pues el daño se reduce a los habitantes del país y resulta insignificante en relación al rol general de la agencia financiera en proyectos petroleros similares en otras partes.
La Asociación Chadiana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (CAPD por sus siglas en inglés), con sede en N'Djamena, y la organización Defensa Ambiental, con sede en Washington, dijeron que la decisión de Wolfowitz no abordabs los problemas sociales, de salud pública y daño ambiental resultantes del proyecto en el país.
"Coincidimos con la decisión del Banco Mundial de suspender la financiación para Chad porque más dinero será usado principalmente para propósitos militares y una creciente represión del pueblo de Chad", expresó en una declaración Delphine Djiraibe, de CAPD.
"Pero lamentamos que el Banco no escuchara antes las advertencias de las organizaciones de la sociedad civil porque ahora enfrentamos una pobreza mayor y severos problemas ambientales como resultado de este megaproyecto", agregó.
Las organizaciones que han fiscalizado la construcción del oleoducto durante años, dijeron que la pobreza, la salud pública y los problemas ambientales continúan, a medida que el consorcio que dirige el proyecto, liderado por la gigante estadounidense ExxonMobil expande las actividades de perforación tanto en los campos petroleros existentes como en nuevos.
Además de ExxonMobil (propietaria de 40 por ciento de las acciones), en el oleoducto participan la también estadounidense Chevron (25 por ciento) y Petronas, la empresa petrolera estatal de Malasia (con 35 por ciento).
Los críticos opinan que la contaminación se está cobrando víctimas en materia de salud y de cultivos de uno de los pueblos más pobres del continente, pero ninguno de los patrocinadores del proyecto está siquiera estudiando este problema.
"El Banco Mundial tiene responsabilidad en el proyecto y debe presionar a Exxon-Mobil para abordar estos problemas con energía", dijo Korinna Horta, de Defensa Ambiental.
Las críticas de los activistas reavivado un debate sobre la Evaluación de Industrias Extractivas, un estudio de alto perfil iniciado por el Banco Mundial en julio de 2001 y completado en diciembre de 2003 que recomendó a la institución suprimir progresivamente sus inversiones en petróleo, gas y minería y recanalizar los fondos en el desarrollo de fuentes de energía renovable.
Por el momento, el Banco dijo que aceptaría algunas de las recomendaciones de la Evaluación de Industrias Extractivas, pero se mantuvo contrario a finalizar las inversiones en proyectos de petróleo y gas porque eso perjudicaría más de lo que beneficiaría a las naciones en desarrollo que dependen de los recursos procedentes de estos proyectos.
Pero el episodio de Chad muestra cuán rápidamente pueden ser usadas las ganancias de esos proyectos por razones ajenas a la reducción de la pobreza —una de las mayores justificaciones para la participación del Banco Mundial en muchos proyectos alrededor del mundo—, dijeron las organizaciones de vigilancia.
"La decisión de Wolfowitz de suspender el pago a Chad es como cerrar la puerta del establo luego que los caballos huyeron", ironizó Daphne Wysham, del Institute for Policy Studies (Instituto para los Estudios Políticos), con sede en Washington. "Es un gesto amable, pero en buena medida simbólico".
"Si Wolfowitz realmente quería tomar una acción significativa, hubiera implementado las recomendaciones contenidas en la Evaluación de Industrias Extractivas. Cualquier otra acción es una invitación a repetir el mismo escenario en el futuro, con los más pobres pagando el precio más elevado", concluyó.
