Responsables de medios de comunicación y asociaciones del sector de Venezuela advirtieron sobre el riesgo de que avance un régimen de censura previa para el periodismo si prospera una petición de la Fiscalía General respecto del caso de un fiscal asesinado.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, pidió al juez caraceño Florencio Silano que investigue penalmente a periódicos y empresas de televisión "que pudieran estar obstruyendo la justicia", al ventilar la biografía de un colombiano que es testigo clave de la parte acusadora.
El crimen que se juzga es el asesinato de Danilo Anderson, perpetrado el 18 de noviembre de 2004 mediante un atentado con explosivos que estallaron bajo su auto en una calle de Caracas.
Tres ex detectives de la policía judicial, emparentados entre sí, Juan, Rolando y Otoniel Guevara, fueron condenados a largas penas de prisión como autores materiales del atentado, y la Fiscalía ahora va tras los autores intelectuales.
Los primeros señalados como organizadores del asesinato fueron Nelson Mezerhane, banquero y copropietario de una emisora de televisión de noticias, Eugenio Añez, general retirado de la Guardia Nacional, Salvador Romaní, hijo de un cubano anticastrista, y Patricia Poleo, editora del diario opositor El Nuevo País.
Los tres primeros estuvieron detenidos durante varias semanas a fines de 2005 y luego fueron dejados en libertad para ser juzgados, mientras que Poleo está prófuga y la semana pasada fue vista en Lima, donde declaró a la televisión.
Un testigo considerado clave para imputar a los Guevara y a los presuntos autores intelectuales es Giovanni, o Yeovany, Vásquez, presentado por la Fiscalía como un psiquiatra colombiano de 36 años que dijo actuar como doble agente de la policía de su país y de grupos paramilitares, y haber participado en reuniones donde se decidió matar a Anderson.
Cuando presentó a Vásquez en noviembre, Rodríguez dijo que confiaba "85 por ciento" en su relato, lo colocó bajo protección policial y un tribunal prohibió que fuese procesado como cómplice del crimen de Anderson.
Pero diarios opositores como El Nacional y la televisora de noticias Globovisión, donde es accionista Mezerhane, han informado profusamente sobre un cúmulo de datos que serían falsos en la hoja de vida de Vásquez, y trascendidos de sus declaraciones.
Los supuestos datos falsos ventilados por esos medios serían su carácter de impostor como médico, o de agente de la policía colombiana e incluso paramilitar, así como contradicciones en fechas de reuniones y perfiles de los presuntos complotados.
Como parte de los informes periodísticos se nutren del expediente del juicio, Rodríguez solicitó al juez Silano "prohibir a todos los medios de comunicación la publicación o exposición de las actas del expediente".
El pedido se basa en que "se adelanta, irregularmente, una campaña de descalificación de la sentencia condenatoria a los autores materiales del homicidio, así como a la investigación que existe contra los presuntos autores intelectuales", según argumentó.
"Se trata de proteger a la justicia y evitar los abusos de la libertad de expresión", remarcó Rodríguez.
Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, dijo a IPS que "se trata de una nueva arremetida contra el derecho del periodista a investigar e informar".
El empresarial Bloque de Prensa Venezolano expuso en una declaración que "la investigación contra los medios, por supuestamente obstruir la justicia, es una contradicción más del régimen, rechazadas siempre por la conciencia democrática de las grandes mayorías nacionales".
Para Raúl Arrieta, un docente de Derecho Constitucional, el pedido de Rodríguez "es una violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución y de los tratados que regulan la libertad de expresión e información".
Según Teodoro Petkoff, un político opositor que dirige el vespertino caraqueño Tal Cual, "estamos ante un ataque frontal a la libertad de expresión, no con censores provistos de lápices rojos, a la usanza antigua, sino con tribunales".
"Si la Fiscalía presenta como testigo clave a un sujeto de quien se demuestra documentalmente que es un delincuente cuya 'especialidad' es precisamente la suplantación de personalidad y la falsificación de documentos públicos, lo cual lo hace poco creíble, no es la Fiscalía la que habría errado al apoyarse centralmente en tan precario testimonio, sino que cometerían un delito los medios que descubren la añagaza y la sacan a la luz", agregó Petkoff.
En cambio, el periodista y ex director de la televisora estatal, Vladimir Villegas, en declaración a IPS, advirtió que podría haber una manipulación informativa del caso.
"Como han aparecido involucrados integrantes de medios de comunicación, eso obliga a que todos los medios actúen con equilibrio informativo, incluso aquellos en los cuales (los acusados) participan como periodistas, editores o directores personas que han aparecido involucradas", indicó.
A su vez, el periodista y dirigente parlamentario oficialista Willian Lara respaldó plenamente al fiscal general, porque "los medios pretenden impedir que funcionen las instituciones del Estado, así como "asesinar moralmente al testigo".
Alberto Ravell, director de Globovisión, dijo que en su emisora de televisión: "vamos a seguir averiguando el caso, por la sangre de periodista que uno lleva en las venas, pese al riesgo de una nueva investigación de Conatel (ente estatal de telecomunicaciones) o que tengamos que ir presos tres meses o tres años"..
Como muestra, informó que posee un documento oficial del gobierno colombiano en el que consta que Vásquez estaba preso en una cárcel de ese país en la fecha en que afirma que participó, en Panamá, en una reunión de los supuestos complotados.
