A las organizaciones de la sociedad civil de Malasia les preocupa que compañías privadas pronto dominen los servicios de agua y de salud, a pesar de que el gobierno aseguró que estas áreas no serán privatizadas.
Las autoridades se han dedicado en los últimos meses a delinear una reforma de los mecanismos de administración y financiamiento de esos sectores, y las semanas que transcurran antes de que esas ideas se conviertan en proyectos de ley serán cruciales.
El ministro a cargo de los servicios de agua, Lim Keng Yaik, dijo en junio, luego de una intensa campaña cívica, que el gobierno había decidido descartar la privatización del sector. "Hemos eliminado la palabra 'privatización'", aseguró.
Al mismo tiempo, funcionarios del Ministerio de Salud aseguraron a activistas que no habría participación privada en el mecanismo de financiación del área a estudio del gobierno.
Economistas calculan que ambos sectores movilizan miles de millones de dólares anuales, lo cual los hace apetecibles para empresas privadas.
[related_articles]
Según ha trascendido, las autoridades se proponen recaudar primas por seguros de salud —sin contar los sectores de la población exonerados del pago de esos servicios— para financiar el funcionamiento de los hospitales, tanto públicos como privados.
Pero mientras el gobierno evita la palabra, activistas temen que, en definitiva, los planes a implementar equivalgan a privatizar esos sectores.
"Todos sabemos que van a extraer agua bajo control federal, sin control de los estados, para luego privatizarla", dijo Letchimi Devi, coordinador de la Red de Pueblos Oprimidos, que reúne a 120 organizaciones de la sociedad civil.
"Y cuando ellos dicen que habrá una evaluación de las tarifas cada tres años, todos sabemos que probablemente se trate de aumentos", agregó.
Los activistas esperan que dos proyectos de ley hoy en discusión —el de la Ley de la Industria de Servicios del Agua y el de la Comisión de Servicios Nacionales de Agua (SPAN, por sus siglas en malayo)— entren en vigor este año.
"La aspiración del proyecto es crear una estructura homogénea e integral en la privatización del agua en todos los estados", evaluó el semanario de asuntos económicos Edge.
La diferencia es que los operadores privados ya no serán supervisados por las autoridades de los estados: será la SPAN, un organismo del gobierno federal, la que controlará a los operadores tras renegociar los acuerdos de concesión existentes.
Por añadidura, una nueva compañía nacional de agua comprará luego de ser fundada toda la infraestructura existente. El Ministerio de Finanzas poseerá la totalidad de la firma, que financiará la adquisición y la construcción de infraestructura y luego la arrendará a operadores estatales o privados.
Los estados de Johor, en el sur, Selangor, en el sudoeste, y Kuala Lumpur, la capital, ya privatizaron sus servicios de potabilización y distribución del agua.
Otros cuatro estados —Malaca, Negri Sembilan, Pahang y Perak, todos ellos en la península malaya— indicaron que seguirán adelante con la enajenación a manos privadas, señaló el economista Charles Santiago, coordinador de la Coalición Contra la Privatización del Agua, integrada por 126 organizaciones de la sociedad civil.
Santiago también muestra preocupación por los pedidos de aumento de tarifas formulado por operadores privados, con el argumento de que lograron reducir las pérdidas de las viejas cañerías. Sin embargo, advirtió el activista, no hubo una verificación independiente de ese logro.
Por otra parte, el gobierno aseguró a activistas que controlará de cerca el organismo cuya creación propone, la Autoridad Nacional de Financiamiento de la Salud, que administrará el fondo nacional a cargo del sector.
Esta autoridad "funcionará como una organización sin fines de lucro y no será privatizada", dijo el director general del Ministerio de Salud, Ismail Merican, a la Coalición Contra la Privatización de la Atención a la Salud.
Pero la falta de transparencia que rodea el diseño del mecanismo financiero irrita a los activistas. "No han disipado nuestros miedos", dijo Jeyakumar Devaraj, secretario de la Coalición ingegrada por unas 80 organizaciones.
Ante una consulta de los activistas, el gobierno se negó por escrito a divulgar los términos de referencia entregados a los consultores a cargo de diseñar el nuevo mecanismo de atención a la salud. La Unidad de Planificación Económica advirtió que se trataba de información "confidencial".
"Si van a ser tan opacos ahora, ¿podemos esperar un comportamiento transparente en lo relativo a administrar el fondo o a subcontratar servicios?", dijo Devaraj. "Cada declaración que hacen revela su posición neoliberal."
Devaraj hizo referencia a varios pasos tomados desde diciembre de 2004 para que los pacientes pagaran más por los servicios, como la privatización de los dispensarios de hospitales públicos y el establecimiento de aranceles más caros en hospitales públicos para los extranjeros, incluidos trabajadores inmigrantes.
El gobierno también anunció una estrategia presupuestaria federal de "turismo sanitario".
Más recientemente, las autoridades dieron el visto bueno para que los médicos ofrezcan tratamientos privados en hospitales públicos, lo que les permitiría elevar sus bajos ingresos, con la intención de evitar la fuga de cerebros hacia centros privados.
Las autoridades "privatizan el aumento de salarios de los médicos en lugar de elevar el presupuesto de la salud", se quejó Devaraj.
Los activistas está preocupados por el modo en que se gastarán enormes cantidades de dinero a ser recaudado para la reforma de los servicios de agua y de salud y cuáles de los "accionistas" —los corporativos o los públicos— se beneficiarán más.
En una reunión con jerarcas del Ministerio de Salud, activistas alegaron que el término "accionistas" representa mal la situación, dado que no todos los accionistas son iguales.
"Las necesidades de un único accionista —el pueblo— deberían ser el principal determinante de cualquier esquema futuro de salud", dijeron.
