La detención en España de 33 usuarios de pornografía infantil distribuida por Internet, entre ellos un sacerdote católico, reveló la existencia de una red internacional que explota ese negocio con pagos mediante tarjetas de crédito.
Miguel Ángel Gisbert, vicepresidente de la organización no gubernamental Infancia Sin Fronteras, señaló a IPS que la mayoría de las fotografías de ese tipo son tomadas en países en desarrollo.
Por eso, añadió, se debe legislar internacionalmente unificando criterios y hacer que los gobiernos cumplan las leyes.
Porque, si hay leyes internacionales para combatir el comercio ilegal de armas, "con mucha más razón debería haberlas para impedir el tráfico de niños, los abusos sobre ellos y el tráfico de sus fotos, por Internet o por cualquier otro medio", añadió..
En términos similares se pronunció Jesús Arcas Santiago, presidente de la organización no gubernamental Imágenes Solidarias.
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"Hay que endurecer las leyes, nacionales e internacionales, para perseguir estos delitos", dijo a IPS Arcas Santiago, tras recordar que la actividad del grupo que lidera "es precisamente la contraria, ya que hacemos y difundimos gratuitamente imágenes que ayuden a proteger, en todos sus derechos, a los niños y niñas del Tercer Mundo".
La Dirección General de la Policía informó en la víspera que detuvo a 33 personas que residían en 11 de las 17 Comunidades Autónomas que integran España, acusadas de utilizar pornografía infantil.
Entre los apresados hay profesores, médicos, empresarios, entrenadores deportivos, jubilados, banqueros y hasta el párroco de la Iglesia Católica de Tarragona, ciudad ubicada en la Comunidad de Cataluña, sobre la costa norte del mar Mediterráneo.
La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de España, ante consultas de IPS, se negó a comentar el caso.
Las detenciones son producto de una investigación iniciada a mediados de 2005, a partir de una denuncia y en coordinación con Interpol (Policía Internacional).
De gran importancia fueron, según las fuentes policiales, los datos suministrados por el Servicio de Aduanas y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de una unidad especializada en ciber-delincuencia.
Enrique Rodríguez, director de la investigación policial, manifestó este miércoles que la coordinación con Estados Unidos fue muy importante, ya que permitió determinar que los pagos realizados con tarjetas de crédito, a través de instituciones financieras de ese país, fueron derivados hacia Belarús, lugar de origen de las imágenes pornográficas en este caso.
El ministro español del Interior, Juan Antonio Alonso, puntualizó también este miércoles que este tipo de investigaciones se seguirán realizando, incrementando los recursos humanos y materiales para ello, pues se trata "de defender el futuro".
Pero la investigación sobre las tarjetas de crédito no solamente permitió detectar el trasvase de dinero desde las páginas web con base en Estados Unidos a Belarús, sino además identificar a sus usuarios.
Éstos serán acusados en España de contribuir a la financiación de las bandas que utilizan a niños y niñas para someterlos a situaciones aberrantes, incluyendo la pederastia, fotografiarlos y filmarlos.
Según fuentes policiales, la mayoría de las fotografías corresponden a niños y niñas de países de Europa oriental, con escenas que califican de "espeluznantes", con un alto contenido pornográfico que incluye la violación de menores.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, informó de que este miércoles la operación policial "está prácticamente cerrada", por lo cual a partir de ahora el caso queda en manos de la justicia.
En los próximos días se esperan reacciones contra los detenidos cuando sea dada a conocer su identidad, además del procedimiento judicial.
María Rodríguez, una mujer que colabora con varias organizaciones no gubernamentales, cree que las empresas deberán destituir a los ejecutivos implicados, los organismos educativos a los profesores y la Iglesia al sacerdote. "Todo eso, claro está, además del cumplimiento de las penas que establezca el juez".
Un antecedente que se recuerda es el de un sacerdote condenado por pederastia en Extremadura, otra comunidad autónoma, y que fue separado de la Iglesia Católica, pero sin sanciones específicas, argumentando que eso quedaba en manos de "la justicia divina".
En noviembre de 2004, la Secretaría de Igualdad del hoy gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), calificó de "insultante" al conocer que la Iglesia Católica hizo esa afirmación al ratificar el Tribunal Supremo de Justicia la condena a 10 años de prisión del sacerdote José Martín de la Peña, por abusos reiterados durante una década de una menor desde que ésta tenía tres años.
Otro antecedente es el de un concejal encargado de los asuntos juveniles en el municipio de Lérida, ubicado en la costa noreste de España, David Rueda, miembro de la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), partido que integra en la actualidad la coalición gobernante en esa Comunidad.
El concejal, de 25 años, fue detenido en noviembre de 2003, separado del cargo y sometido a la justicia, la que lo condenó a un año de terapia psicológica. En primera instancia fue condenado a cuatro meses de prisión, pero tras recurrir la defensa alejando trastornos psicológicos se anuló esa pena y se aplicó la de la terapia.
Rueda fue apresado junto con otras 17 personas, también como parte de una operación internacional que llevó al desmantelamiento de una red de distribución y consumo de pornografía infantil.
En esa ocasión fueron incautados 36 discos duros, cuatro computadoras portátiles, 452 discos compactos y DVD, 26 cintas de videocámara, dos cámaras digitales y abundante documentación falsa, en especial pasaportes.