Cada vez son más creíbles las acusaciones de espionaje en India contra el gobernante Partido del Congreso y su líder, Sonia Gandhi, realizadas por autoridades de varios partidos regionales.
La denuncia contra el gobierno fue encabezada por el partido Samajwadi, gobernante en el populoso estado septentrional de Uttar Pradesh. El Partido del Congreso perdió el gobierno del estado en 1990 y debe reconquistarlo para mantener su predominio nacional.
Pero muchos obstáculos se interponen al regreso del Partido del Congreso al poder en Uttar Pradesh, bastión de la dinastía política Nehru-Gandhi, que gobernó India durante 50 de los 58 años de vida independiente del país y fue eje del movimiento contra el colonialismo británico triunfante en 1947.
Uno de los obstáculos es el auge que tuvo el fundamentalismo hindú al influjo del partido nacionalista y conservador Bharatiya Janata, que gobernó el país entre 1998 y 2004.
Bharatiya Janata conserva su fuerza en los alrededores de la ciudad de Ayodhya, donde fanáticos hindúes derribaron en 1992 la medieval mezquita Babri Masjid, alimentando la animosidad entre las comunidades hindú y musulmana.
Otro de los obstáculos es el creciente clamor de las clases populares que persiguen una mayor cuota de poder político y que ahora depositan sus esperanzas en la vía electoral y en dirigentes como Mulayam Singh Yadav, líder de Samajwadi y actual jefe de gobierno de Uttar Pradesh.
A todo eso se suma ahora la acusación de espionaje telefónico presentada por Amar Singh, secretario general del Samajwadi y colaborador de Yadav, quien logró, además, que otros poderosos dirigentes regionales apoyaran su acusación contra el gobierno nacional.
Uno de ellos fue Jayaraman Jayalalithaa, jefe del gobierno del meridional estado de Tamil Nadu, y Chandrababu Naidu, líder de la oposición del sudoriental estado de Andhra Pradesh.
Pero lo peor es que Sitaram Yechury, legislador del Partido Comunista de India-Marxista (PCI-M) —aliado del Partido del Congreso, que carece de mayoría parlamentaria propia— también denunció que su teléfono había sido intervenido.
Como era previsible, el primer ministro Manmohan Singh desestimó las acusaciones contra Sonia Gandhi y subrayó que las intervenciones telefónicas fueron realizadas por una agencia privada de detectives, no por el gobierno. De todos modos, el gobierno ordenó una investigación.
"A pesar del potencial daño que conlleva la controversia sobre las intervenciones telefónicas, todavía hay que esperar para ver en qué queda", dijo la analista política Neerja Chowdhary.
Según Chowdhary, todo dependerá del modo en que decidan vincularse el Partido del Congreso y Samajwadi. El Partido del Congreso apoya hoy al gobierno de Uttar Pradesh y Samajwadi a la administración central.
Mientras, el episodio de los teléfonos pinchados no se diluye. Amar Singh, incluso, llevó el caso a la Suprema Corte.
El interrogatorio policial al arrestado detective privado Bhupinder Singh dejó al descubierto cuantiosa evidencia de que efectivamente existió espionaje electrónico, aunque todavía no se sabe a pedido de quién.
El hecho de que la policía no diera a conocer más información parece corroborar el involucramiento de varios pesos pesados de la política india, como sugirieron desde el principio Amar Singh y otros líderes regionales de primer orden.
Activistas del Partido del Congreso realizaron una manifestación frente a la residencia de Amar Singh, a quien acusan de pretender manchar el nombre de Sonia Gandhi.
No obstante, las autoridades del Partido del Congreso no pierden de vista el hecho de que tienen mucho que perder en Uttar Pradesh, donde viven más de 170 millones de personas. Tampoco que el principal apoyo electoral de Sonia Gandhi y de su hijo —y probable sucesor político—, Rahul Gandhi, está precisamente en esta provincia.
Al partido que encabeza el gobierno también debería preocuparle que no sólo estuvo más de una década fuera del gobierno en Uttar Pradesh, sino también en los vecinos estados de Bihar y Bengala Occidental, ambos en el noreste de la península.
Estos tres estados de la cuenca del río Ganges concentran la tercera parte de los escaños del parlamento y constituyen el corazón político del país.
Los esfuerzos por recuperar el poder en Uttar Pradesh sufrieron otro tropezón este mes, cuando volvió a ponerse sobre el tapete el esquema de sobornos a la compañía armamentista Bofors, que en 1989 sacudió al gobierno de Rajiv Gandhi (el esposo de Sonia, que fue asesinado) y que significó el inicio del declive político del Partido del Congreso.
La última vuelta de tuerca fueron las revelaciones de un canal de televisión de que un emisario del gobierno viajó a Gran Bretaña para solicitar el descongelamiento de las cuentas bancarias de Ottavio Quattrochhi, empresario italiano vinculado a los Gandhi y supuesto beneficiario de la operación por la cual la empresa armamentista sueca Bofors sobornó a funcionarios indios.
Luego que Quattrochhi dejara India en 1993, la principal agencia de investigaciones del país, el Buró Central de Investigaciones, solicitó a través de Interpol la extradición del empresario y logró el congelamiento de sus cuentas en Londres. (
