Nuevos nubarrones políticos aparecen en el horizonte de España a raíz de la decisión del Fiscal General y de las contradictorias posiciones de los gobiernos central y del País Vasco, así como del opositor Partido Popular, respecto del congreso convocado para este sábado por el ilegalizado Batasuna.
La política relativa al y en el País Vasco se mantenía en una cierta calma, mientras en Cataluña, otra de las 17 comunidades autónomas que integran España, la tensión se elevaba un día sí y otro también en torno a las reclamaciones nacionalistas de su Parlamento autónomo.
Pero este lunes el fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, envió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (FAN, especie de juzgado federal), analizando la situación provocada por la convocatoria de la llamada formalmente Asamblea General de Batasuna, el partido del grupo terrorista ETA.
Batasuna fue ilegalizado el 28 de marzo de 2003 y de los argumentos expuestos por el Fiscal se desprende que la FAN deberá pedir la prohibición de la reunión.
En su escrito, Conde-Pumpido plantea dudas sobre la posibilidad de esa prohibición, porque al vencer en marzo no se renovó la orden judicial de suspensión de actividades de Batasuna.
Empero, precisó que, si el juez de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, resolviera renovar la sentencia que dispone esa suspensión, la FAN debería plantear la prohibición de la Asamblea.
Fuentes próximas al juzgado informaron de que en la vista convocada para este martes Grande-Marlaska escuchará a las partes, pero que, habiendo analizado los antecedentes, ya tiene decidido que renovará la suspensión de las actividades batasunas por otros dos años, basándose en la información que a su pedido le proporcionaron las fuerzas policiales.
Tres reconocidos dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegui, condenado en su día por varios delitos y elegido diputado autonómico tras cumplir tres años de prisión, Pernando Barrena y Rafael Díez Usabiaga, hicieron el llamado de la asamblea mencionando expresamente el nombre de Batasuna y exhibiendo los logotipos y banderas de ese partido.
Barrena aseguró en rueda de prensa que el acto convocado sería "el primer congreso nacional de Batasuna" y que en el mismo harían una oferta política renovada, además de presentar la nueva Mesa Nacional (directiva) de ese partido, que sería elegido el mismo sábado.
Las críticas a Batasuna se basan en que apoya a ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence). El Parlamento español aprobó a principios de 2005 una ley que autoriza al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a negociar la paz, con la condición de que ese grupo renuncie previa y claramente al uso de la violencia, algo que no ha hecho.
Ante el pedido del gobierno español de que se prohíba el encuentro, convocado además para ser realizado en un local público, las autoridades del País Vasco y todos los partidos que integran la coalición gobernante en esa Comunidad consideraron que sería una medida negativa que obstaculizaría un esperado proceso de paz.
Es más todavía, Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna, partido miembro de la coalición gobernante en el País Vasco, propuso que, si se prohibiera la asamblea de Batasuna, otras fuerzas políticas "comprometidas con la democracia" deberían convocar un acto y cederle la tribuna a los ilegalizados.
Por su parte, el consejero (ministro) del Interior vasco, Javier Balza, de quien depende la policía autónoma, señaló que la prohibición atentaría contra la hipótesis de normalidad de un acto político, "provenga de donde provenga". Pero también dijo que ejecutará la decisión judicial advirtiendo de paso que una prohibición sería "profundamente negativa".
Su aseveración de que ejecutará la decisión judicial choca con antecedentes negativos, ya que en oportunidades anteriores el gobierno vasco hizo oídos sordos a sentencias judiciales contra Batasuna.
Entre quienes se presentarán en la vista, que se realizará en Madrid, está la acusación particular, encabezada por la Asociación Víctimas del Terrorismo y por la organización no gubernamental Dignidad y Justicia.
Ambas estarán representadas por Daniel Portero, hijo de un Fiscal asesinado por ETA, la ciudadana vasca Sonsoles Arroyo, quien vive amenazada por ese grupo y los abogados José María Ruiz Puerta y Joaquín Ruiz de Infante.
La Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo advirtió de que tolerar la asamblea produciría "daños irreparables al Estado de Derecho" y recordó que "miembros de la Mesa Nacional de Batasuna cometieron atentados mortales en diversas ciudades españolas", por lo que cabría la definición de "políticos de día, terroristas de noche".
El Alto Comisionado del Gobierno para las Víctimas del Terrorismo, socialista, rector de la Universidad Carlos III y uno de los siete autores de la Constitución vigente, Gregorio Peces-Barba, también pidió que se prohíba el congreso y se actúe en consecuencia.
Fuera del gobierno, aparte del enfrentamiento con el vasco, hay grandes diferencias. El centroderechista Partido Popular (PP), que es la mayor fuerza de la oposición, acusa al gobierno de Zapatero de "blando" y tolerante con ETA por no actuar más decididamente contra Batasuna.
En el otro extremo, Izquierda Unida (IU, coalición basada en el Partido Comunista), planteó este martes que es necesario modificar la legislación sobre los partidos, para que se levante la ilegalización de Batasuna.
Todo hace prever que en los próximos días se elevará la tensión, que entre las grandes fuerzas políticas, sea el nacionalismo moderado que gobierna el País Vasco, el gobernante Partido Socialista Obrero Español, el PP e Izquierda Unida, se expresará a través de duras discusiones y acusaciones recíprocas.
Pero en el País Vasco las cosas pueden pasar a mayores, ya que de concretarse la prohibición de su Congreso, Batasuna ya advirtió de que sacará a sus militantes y simpatizantes a la calle.
Y esos actos públicos por lo general terminan en enfrentamientos con las fuerzas del orden, aunque sea la policía autonómica vasca y en desmanes contra todo tipo de instalaciones, bancos, comercios e incluso viviendas de quienes pacíficamente manifiestan su discordancia con ETA y Batasuna.
