La explotación ilegal de los recursos auríferos en la República Democrática del Congo (RDC) no sólo afecta a los mineros y a la economía del país, sino que también atenta contra una paz duradera en la región.
Un minero vestido con harapos se sumerge en una piscina de fango color chocolate, para salir a la superficie minutos después con un puñado de piedras que contienen astillas de mineral de oro.
Este hombre y otros como del mismo oficio ganan alrededor de 150 dólares por mes vendiendo el polvo de oro, que obtienen golpeando las rocas entre sí, a personas de clase media en la región nororiental de la RDC.
El metal precioso es custodiado luego por hombres de las milicias y transportado por ferry a través del lago Edward para ser entregado a mercaderes de Uganda, según comerciantes de oro en Bunia, la capital de la nororiental provincia de Ituri, donde se encuentra Mongbwalu.
En un informe publicado el año pasado y titulado "La maldición del oro", la organización no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Nueva York, señaló que Uganda exporta oro por valor de 60 millones de dólares al año, aunque ese país sólo produce unos 25.000 dólares del metal y no registra importaciones legales.
La balanza de las exportaciones de Uganda, según el informe, está minada por los empobrecidos aldeanos congoleños..
"Sabemos que el oro de nuestro país va a Uganda, pero ¿por qué debería importarnos? Nuestro gobierno no se preocupa por nosotros", dijo Floriment Lonema, de 33 años, en Mongbwalu.
La explotación ilegal de los recursos auríferos es de particular importancia en el frente político, sin embargo, dado que pone en peligro los esfuerzos de traer una paz duradera a Congo oriental y a la región de los Grandes Lagos.
Varias organizaciones detestan la idea de ceder el control de y el acceso a los ricos depósitos congoleños del mineral por los que se luchó durante cinco años de guerra civil en esa región, que terminó en 2002, aunque el área sigue siendo inestable.
Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) primero buscaron destacar este asunto hace varios años, acusando a varios países, incluyendo a Uganda y a la vecina Ruanda, de saqueos extendidos de la riqueza mineral de la RDC.
Además de desplegar efectivos militares en la RDC durante los cinco años de conflicto, Uganda y Ruanda también respaldaron a facciones étnicas congoleñas.
Esos dos países utilizaron la preocupación por la seguridad como argumento para justificar sus acciones en la RDC. Ruanda dijo que su estabilidad era amenazada por la presencia de sospechosos de genocidio en Congo oriental.
Varios rebeldes hutus que ayudaron a llevar a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 huyeron a RDC, entonces llamado Zaire, medida que los tutsis tomaban el control de Ruanda.
Esto preparó el terreno para la primera invasión de Ruanda a la RDC en 1996, que condujo a la caída del dictador Mobutu Sese Seko (1965-1997).
El presidente ugandés Yoweri Museveni y su contraparte ruandés, Paul Kagame, estuvieron "al borde de convertirse en padrinos de la explotación ilegal de los recursos naturales", observó un informe elaborado por un panel de expertos de la ONU en 2001.
A medida que transcurra 2006, el comercio ilícito de oro, estaño, madera, diamantes, coltán (material que se usa para la fabricación de teléfonos celulares) y otros recursos continuará, alimentado por la demanda de firmas europeas y de Asia sudoriental que importan los recursos desde Uganda y Ruanda.
"Nuestro oro es una maldición. Perdí a mi familia cuando las milicias lucharon por él", dijo Pascal Kalabo, un minero de 36 años que bucea dentro de agujeros de 18 metros de profundidad para extraer oro. "Y ahora tengo que desenterrarlo para poder vivir".
Un comerciante indio dedicado al oro en Mongbwalu, David Dhal, afirmó que la cadena de suministro de ese mineral en Ituri está altamente organizada y es controlada por empresarios ricos del exterior que utilizan agentes locales.
El informe 2001 de la ONU elaboró una lista de alrededor de 30 empresas e individuos en Europa y Asia que importaban los minerales de la RDC vía Ruanda. El foro mundial nuevamente señaló a estas firmas y personas en un informe posterior emitido en 2003. Sin embargo, las entidades acusadas rápidamente negaron las acusaciones de la ONU.
"Aunque uno no encontrará una sola compañía trabajando en Ituri, hay cientos de agentes independientes en el territorio trabajando para un solo cliente", dijo Dhal, agregando que los sobornos a aduaneros y funcionarios de frontera facilitan la exportación ilegal del oro.
Dhal alega que las firmas de minerales extranjeras prefieren contratar a agentes en la RDC a traer costoso equipamiento de minería a un país donde las tensiones étnicas están siempre el borde de explotar en violencia. Y esto pese a que, según se dice, la actual manera de hacer negocios alimenta la inestabilidad regional (se cree que alrededor de cuatro millones de personas fallecieron en la guerra de 1998-2002).
"Nadie está dispuesto a invertir en un país tan inestable", dijo. "Usar agentes es un modelo de negocios que ha funcionado", añadió.
El informe de la ONU de 2001 recomendó un embargo temporal sobre las exportaciones de minerales desde Ruanda y Uganda, así como suspender la asistencia internacional a los dos países.
Pero los gobiernos en el mundo industrializados parecen reacios a tomar cualquier acción de este tipo contra ambos países. Pese a su presunta conducta en la RDC, Museveni y Kagame fueron aclamados como parte de una nueva generación de dirigentes africanos que ayudan al continente a romper con su pasado infeliz.
El informe de la ONU de 2001 señaló que la explotación mineral en Congo había enriquecido a funcionarios del ejército de Uganda y a parientes cercanos del presidente Museveni. En Ruanda, las exportaciones minerales financiaron al ejército, dijo el documento.
El estudio realizado el año pasado por Human Rights Watch alegó que ni Uganda ni Ruanda habían dado pasos para asegurar la legalidad de sus importaciones minerales, incluso después de las acusaciones de la ONU.
Según observadores en la RDC, habrá poca presión sobre la comunidad internacional para cesar la importación de recursos mineros ilegales hasta que actúen los políticos del propio país, algunos de los cuales también son acusados de beneficiarse económicamente de la explotación ilícita de estos recursos.
En la RDC actualmente hay un gobierno de transición bajo el liderazgo de Joseph Kabila. Las elecciones previstas para antes de junio serán las primeras en celebrarse en este país en 45 años.
Sin embargo, de modo más optimista, el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, falló hacia fines de 2005 que la invasión de la RDC por parte de Uganda había sido ilegal, y ordenó a Kampala pagar indemnizaciones por explotar ilegalmente la riqueza mineral del país y por matar a miles de civiles. Un caso similar contra las invasiones llevadas a cabo por Ruanda todavía está pendiente.
Pascal Busha, de 29 años, también ve un futuro más brillante que algunos de sus compañeros mineros en Mongbwalu.
"Nosotros somos explotados, pero Congo es un país rico", dijo, de cuclillas al lado de un balde rojo, lleno de rocas que esperan ser destrozadas. "Los rebeldes se han ido y las elecciones están por venir. Este país le pertenece al pueblo ahora".
