La destrucción del santuario natural del Río Cruces fue el hecho ambiental más relevante de 2005 en Chile y dejó una serie de lecciones y precedentes que, según ecologistas, influirán en las políticas de inversiones y de resguardo de la biodiversidad del próximo gobierno.
La socialista Michelle Bachelet y el empresario derechista Sebastián Piñera, que competirán el 15 de este mes en la segunda y definitiva ronda de las elecciones presidenciales, coinciden en dar prioridad a los asuntos ambientales, cuestión que se considera uno de los mayores déficit del saliente gobierno de Ricardo Lagos.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), dijo a IPS que comparte la idea de que el conflicto en el santuario de Río Cruces marca "un antes y un después" en la visión de los temas ambientales, tanto de la comunidad, como de los empresarios y de las autoridades.
"No es casualidad que los dos candidatos a la presidencia tengan compromisos muy sólidos respecto del tema ambiental, particularmente Bachelet, quien se comprometió con un sector importante de los líderes de la sociedad civil a un plan que es una verdadera reforma ecológica y anunció incluso, entre sus primeras medidas, la creación de un Ministerio del Medio Ambiente", señaló el dirigente.
"Eso hace que Celco haya sido el detonador de una situación que era como una herida a la cual se le tenía que sacar toda la pus y reventó", sostuvo Baquedano.
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Celco (Celulosa Arauco y Constitución), una compañía del grupo de Anacleto Angelini, el segundo conglomerado empresarial chileno, inauguró en febrero de 2004 la planta de pasta para fabricar papel Valdivia, junto al Río Cruces, 32 kilómetros al sudoeste de un humedal que albergaba la mayor colonia de cisnes de cuello negro (Cygnus malencoripus) de América Latina.
El lugar era el hábitat de 4.000 a 6.000 ejemplares de estas aves migratorias, pero desde octubre de 2004 comenzó la mortandad que ascendió a unas 500 aves, mientras las demás emigraron. Un informe de la Universidad Austral de Valdivia planteó que los vertidos de la planta de celulosa destruyeron el luchecillo, alga que es el principal alimento de los cisnes.
Durante el año pasado, la empresa fue objeto de sucesivas multas y cierres temporales, ordenados por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) y su respectiva filial regional, instancias gubernamentales que según los ambientalistas fueron presionadas bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para aprobar el proyecto de la planta.
En Valdivia, con 320.000 habitantes, surgió el grupo Acción por los Cisnes, que en conjunto con Aldea Comunicaciones, un proyecto autogestionado de periodismo alternativo, otras organizaciones de base y algunos legisladores realizó una campaña permanente para demandar el cierre de la planta de Celco.
Sin embargo, el gobierno de Lagos autorizó a fines de agosto la reapertura de la empresa, que redujo su capacidad de producción y se comprometió con un plan inicial de descontaminación a seis meses y a la construcción, en una segunda etapa, de un caño para descargar sus desechos en el mar, frente a Mehuín, una caleta de pescadores artesanales.
El grupo Angelini, que alegó millonarias pérdidas por las multas y cierres, tuvo que hacer una campaña de "lavado de imagen" en medio de la crisis, rescindiendo los servicios de su equipo de abogados, acusados de manipular documentos judiciales, y reemplazando a ejecutivos de la plana mayor de Celco.
Uno de los pasos fundamentales fue designar presidente del directorio de Celco a Alberto Etchegaray, quien fuera ministro de Vivienda y Urbanismo del presidente Patricio Aylwin (1990-1994) y militante del Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición de centroizquierda que gobierna el país desde la reapertura democrática hace casi 16 años y ahora postula a Bachelet.
Etchegaray prometió en junio que las decisiones de Celco se adoptarían en el futuro con consulta a toda la comunidad, incluyendo a autoridades, empresarios, ambientalistas y a la población. Señaló también que la empresa "ha cometido algunas desprolijidades" y se comprometió a trabajar "por que Chile tenga un desarrollo sustentable".
En agosto, el directorio de la compañía dijo en una declaración pública que había sacado lecciones de la crisis, además de pedir "disculpas a la comunidad de Valdivia por las molestias e inquietudes que ha debido afrontar" y ofrecer un diálogo "para superar las divergencias del pasado y fundar una relación basada en la confianza y colaboración".
El "caso Celco" gatilló en Chile una mayor atención sobre la responsabilidad social empresarial, un concepto que comenzó a surgir en los años 70 en países industrializados, difundido paulatinamente a todo el mundo desde la década pasada por fundaciones privadas y agencias de la Organización de Naciones Unidas.
En la Unión Europea, la responsabilidad social empresarial se entiende como "la integración voluntaria, por parte de las compañías, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores", dijo a IPS Karina Toledo, periodista de Vincular, una organización especializada en este tema.
Los interlocutores se asimilan a la expresión anglosajona "stakeholders", que alude a personas, grupos y entidades impactados por una actividad empresarial, como los clientes, la comunidad, los empleados y sus familias, los accionistas, los proveedores y el gobierno, precisó Toledo.
Para Baquedano, el desastre ambiental del Río Cruces produjo un momento de reflexión en el mundo empresarial. "Esperamos ahora un cambio de conducta, de asumir en forma seria el tema ambiental, no considerarlo como un obstáculo al crecimiento, sino como una de las condiciones que tiene que tener cualquier tipo de desarrollo", señaló.
El segundo aspecto relevante para Baquedano fue la respuesta de la comunidad. Acción por los Cisnes ilustra una nueva forma de expresión ciudadana en que los colectivos se empiezan a expresar y defender por sí solos, ya no con las organizaciones no gubernamentales como "portadoras únicas de la denuncia".
Marcel Claude, vicepresidente para América del Sur de la organización ambientalista internacional Oceanía, afirmó a IPS que la "única trascendencia" del conflicto en el Río Cruces radica en que "ha permitido articular a la sociedad civil", lo cual "le ha dado una relevancia política a la cuestión ambiental mayor que la que tenía antes".
Claude discrepó con Baquedano y descartó que el caso Celco pueda generar cambios sustantivos tanto en el gobierno como en los empresarios respecto de los asuntos ambientales.
"Finalmente el gobierno ha permitido la operación (de la planta de celulosa) y no ha exigido a Celco que provoque menos contaminación, ni le ha planteado normas más exigentes, ni ha cerrado la planta, ni ha aplicado la ley", afirmó el dirigente ambientalista.
"Hoy día la política ambiental del país es peor que la que teníamos hace cinco años, por la situación de contaminación, de degradación, de irresponsabilidad", aseguró Claude, para quien Bachelet representa la continuidad de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos, "que son los grandes responsables del deterioro y del daño ambiental".
José Araya y Claudia Sepúlveda, dirigentes de Acción por los Cisnes, dijeron el 3 de este mes que el desastre del Río Cruces demostró la "enorme incompetencia" de las autoridades ambientales que "actuaron tarde, y cuando lo hicieron, pensaban más en la empresa que en los intereses de la comunidad".
Sepúlveda acusó al gobierno de Lagos de "blindar" a Celco en acuerdo con el grupo Angelini, pese a que "en privado, (las autoridades) están de acuerdo con los ciudadanos".
"La ciudadanía activa de Valdivia fue un actor relevante para detonar un debate que modificará la actual institucionalidad ambiental, inspirando, de paso, la consolidación de otros grupos con conciencia ciudadana", apuntó Araya.
"Para la comunidad valdiviana aún queda el desafío de exigir y apoyar las condiciones de restauración del santuario de la naturaleza con la seguridad de que no existirán efectos negativos para la salud humana", concluyó el dirigente, tras reiterar la exigencia de un cierre de la planta y rechazar la fórmula del ducto al mar como posible solución.
