El compromiso del presidente de México, Vicente Fox, de enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de la represión, torturas y asesinatos de opositores políticos en los años 60, 70 y 80 quedó en el papel, y parece haber poco interés en sus posibles sucesores para retomar el tema.
"La promesa de Fox ha sido una farsa, jamás se cumplió nada ni se cumplirá ya", dijo a IPS Alicia Camacho, un de las víctimas de la represión en los años 70 y portavoz de la Unión de Madres de Hijos Desaparecidos de Culiacán.
"Lo que pasa que muchos de los culpables aún tienen cargos políticos y poder y no se les quiere tocar", señaló la también historiadora, quien estuvo detenida en una cárcel clandestina en 1977, donde fue golpeada y vejada por agentes de seguridad del Estado a pesar de estar embarazada.
Sólo 11 meses antes de que Fox termine su mandato, analistas y activistas se muestran desencantados en lo que se refiere al esclarecimiento de llamada guerra sucia, que incluyó la desaparición forzada y posterior asesinato de unas 532 personas.
Según Carlos Gómez, director de Amnistía Internacional en México, "el compromiso del presidente no fue saldado y entre los aspirantes a la presidencia y sus partidos políticos parece haber poco interés en el tema".
En sus cuatro años de trabajo, las detenciones ordenadas por la llamada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fueron apenas tres, mientras que los pedidos para procesar a señalados como culpables, que aún viven, se enfrentan con problemas legales y con astutos abogados, quienes auguran que ese cuerpo acusador naufragará..
A diferencia de otros países, donde los gobiernos democráticos promovieron la creación de Comisiones de la Verdad para esclarecer los períodos de represión ejercidos desde el Estado, en México se optó por una fiscalía (creada en 2001 y adscrita la Procuraduría General) con capacidad para presentar querellas judiciales.
"Pero los resultados indican que no hubo voluntad política real", sentenció ante IPS el portavoz local de Amnistía Internacional, la organización humanitaria con sede en Londres.
Para el profesor Sergio Aguayo, "se acaba el sexenio (de gestión de Fox) sin que el gobierno cumpla con su promesa de entregar justicia, verdad y reparaciones a las víctimas de la guerra sucia. En su lugar, concedió una amnistía de facto a quienes violaron los derechos humanos en el pasado".
Fox llegó a la presidencia del país prometiendo investigar la guerra sucia, sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas. Su oferta generó esperanzas, pues las hizo como el primer mandatario ajeno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las últimas siete décadas.
Según diversos estudios, la ola represiva emprendida por los gobiernos del PRI tocó a miles de personas y dejó 532 desapariciones forzadas de personas.
Además se registraron masacres como las cometidas por fuerzas policiales y del ejército en 1968, cuando cientos de estudiantes murieron en la plaza capitalina de Tlatelolco, y otra en junio de 1971 también registrada en la misma ciudad.
Camacho fue una de las víctimas de la etapa de represión. A sus 50 años dice recordar con claridad su detención el 19 de agosto de 1977 en su natal Sinaloa, estado ubicado al noroccidente de México y cuya capital es Culiacán.
Relató que fue llevada por agentes policiales a una cárcel clandestina, improvisada en una casa particular, donde estuvo dos meses encerrada, con los ojos vendados y soportando diversos maltratos. Estaba embarazada de ocho meses cuando fue detenida y posteriormente dio a luz a su hijo en ese mismo lugar.
Además, cuando estuvo en cautiverio, su esposo, un militante de una organización clandestina de izquierda, fue llevado ante ella herido de bala y allí recibió golpes y torturas hasta morir.
"Toda la información de mi caso, con nombres, lugares y fechas fue entregada a la fiscalía (Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado), pero nada se ha hecho al respecto", denunció Camacho.
La represión fue la otra cara de los gobiernos del PRI, que se reivindicaban como revolucionarios, apoyaban a Cuba socialista, abogaban por un nuevo orden económico internacional y acogían a cientos de perseguidos por las dictaduras militares de la época en América del Sur.
La fiscalía para delitos del pasado logró hasta ahora mandar a prisión a Miguel Nazar, quien fuera director de la extinta Dirección Federal de Seguridad en los años 70 a 80, acusado del secuestro de una persona en 1975 y cuyo paradero aún se desconoce. Además, hay otro policía de menor rango procesado en detención y uno más prófugo.
Pero para otros sobre quienes también pesa el pedido de cárcel, como el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), se han librado hasta ahora de las acusaciones ante los jueves con argucias legales.
Entre los candidatos presidenciales con mayores posibilidades de suceder a Fox en las elecciones de julio, el tema de la guerra sucia ha brillado hasta ahora por su ausencia.
En declaraciones hechas el año pasado, el izquierdista Andrés López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, el candidato con mayor apoyo según indican las encuestas, señaló que favorecería el esclarecimiento de los crímenes del pasado, pero no ha dicho cómo.
El segundo en las consultas, el oficialista Felipe Calderón, apoyó en el pasado la política de Fox en la materia, mientras que el candidato del PRI, Roberto Madrazo, llegó a decir que hablar de la guerra sucia es una "cortina de humo" que puede poner "en riesgo la existencia de las instituciones y, por tanto, la del Estado mismo".
Desde enero, cuando comenzaron oficialmente las campañas electorales de estos candidatos, no se ha vuelto a mencionar el tema.
