Cuatro ex detenidos en Estados Unidos en el marco de la «guerra contra el terror» y deportados a Egipto aun después de demostrar su inocencia regresaron para presentar una demanda civil colectiva contra el gobierno de George W. Bush.
Los demandantes, que actúan en nombre de más de 1.200 musulmanes y personas originarias del sudeste de Asia injustamente detenidas tras los atentados en Nueva York y Washington de 2001, acusan al gobierno de arrestos ilegales, abusos y violaciones de derechos humanos.
Yasser Ebrahim, el primero de los que obtuvo permiso para viajar de Egipto a Estados Unidos, brindó el lunes su declaración ante la justicia en Nueva York.
Los querellantes aseguran haber sido detenidos sin razón y mantenidos entre rejas durante meses sin que se les acusara formalmente, así como haber sufrido tratos degradantes e inhumanos en una prisión en Brooklyn.
El permiso de ingreso de los acusadores a Estados Unidos incluyó estrictos condicionamientos, incluida la restricción de movimientos: los acusadores deben permanecer confinados en hoteles y no hablar con nadie ajeno al proceso mientras dure su estancia en Nueva York.
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Los restantes tres representantes de los demandantes llegarán en las próximas dos semanas. Otros cuatro deportados también son parte de la querella, pero no se prevé que presten declaración en suelo estadounidense.
Los denunciantes denunciaron haber sido sometidos a un encierro solitario, brutalmente golpeados, incesantemente insultados e incomunicados, sin contacto con familiares ni abogados defensores.
Un portavoz del no gubernamental Centro de Derechos Constitucionales (CCR), que patrocina la demanda, dijo que las condiciones impuestas para el reingreso de los denunciantes son inusuales para un juicio civil, y que son representativas de "la paranoia del gobierno hacia los musulmanes y personas de Medio Oriente".
Entre los acusados mencionados en el expediente figuran el ex fiscal general John Ashcroft, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) Robert Mueller, así como funcionarios de inmigración y de centros de detención.
El juicio, iniciado en 2002, tiene como fin obtener una compensación para los demandantes y sanciones a los responsables.
El jefe del equipo de abogados del CCR, Bill Goodman dijo a IPS: "Poco después de los atentados de septiembre de 2001, el Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía general) detuvo a alrededor de 2.000 musulmanes, la mayoría de Medio Oriente y el sur de Asia. Ninguna de estas personas fue encontrada culpable de estar vinculada a ninguna forma de terrorismo."
"Estas personas fueron detenidas muchos meses más de lo necesario, encerradas en solitario, física y verbalmente abusadas en las condiciones más degradantes. El gobierno peleó con uñas y dientes para evitar que la justicia controlara su accionar", explicó Goodman.
"Este fue el principio de lo que luego se demostró que era la nueva política estadounidense de detenciones indefinidas sin garantías del debido proceso y que incluyó con frecuencia el uso de la tortura", dijo. "Este juicio tiene como objeto desafiar y rectificar las actividades ilegales del gobierno".
La demanda se verá reforzada y respaldada por un informe elaborado en 2003 por la Oficina del Inspector General (IG) del Departamento de Justicia.
El estudio comprueba que algunos funcionarios de la prisión golpeaban violentamente a detenidos contra la pared, torcían sus brazos y manos para causarles profundo dolor, pisoteaban sus piernas mientras estaban encadenadas y los castigaban manteniéndolos sujetados por largos períodos de tiempo.
El informe del IG también se refiere a la existencia de grabaciones de vídeo que muestran cómo algunos miembros del personal de estos centros de detención "utilizaron indebidamente el registro y la sujeción de las personas para castigarlas y atormentarlas, y cómo los funcionarios grababan las reuniones y las conversaciones entre los detenidos y sus abogados, lo cual es inapropiado e ilegal".
El Buró Federal de Cárceles dijo que despidió a dos personas, degradó a otra dos y suspendió a seis por períodos que van de dos a 30 días.
"Para nuestros clientes significa mucho que alguien sea responsabilizado de las brutalidades a que fueron sometidos" dijo Matthew Strugar, abogado del CCR.
"Pero creemos que la responsabilidad por estos abusos y tormentos llegan hasta los escalafones más altos de la cadena de mando del Buró Federal de Cárceles y nos sentimos muy defraudados de que más personas no hayan sido responsabilizadas" de tales atrocidades, acotó Strugar.
Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre este caso.
El diario estadounidense The New York Times, que entrevistó a Yasser Ebrahim y a su hermano Hany en Egipto la semana pasada, informó que los dos habían vivido en Nueva York por muchos años antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Yasser tenía una compañía de diseño de sitios web y Hany trabajaba en una rotisería.
Ambos fueron arrestados el 30 de setiembre de 2001 y estuvieron detenidos alrededor de ocho meses a pesar de que —según el expediente del caso— un memorándum del FBI fechado el 7 de diciembre aseguraba que no tenían ningún vínculo con grupos terroristas.
"Yo quiero que se haga justicia", dijo Yasser Ebrahim a The New York Times. "Es el mismo sistema que antes nos dañó injustamente. Pero igual yo tengo fe en este sistema. Sé que lo que pasó fue una equivocación."
Seguramente este caso atraerá más atención de la prensa que otras demandas civiles, pues en estos momentos el gobierno de Bush es acusado de ignorar los derechos constitucionales y las leyes por admitir intervenciones secretas de llamadas telefónicas internacionales y correspondencia electrónica por parte de la Agencia de Seguridad Nacional del Departamento (ministerio) de Defensa.
La CCR y la Unión para las Libertades Civiles (ACLU) presentaron una denuncia judicial la semana pasada para cuestionar la legalidad de la autorización del presidente Bush a la intervención de comunicaciones de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial.
Ambas organizaciones dicen que estas acciones violan las disposiciones de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) aprobada en 1978.
Dicha ley estableció un tribunal permanente que tiene la función exclusiva de ordenar la vigilancia de personas en Estados Unidos, sean o no ciudadanos.
La administración de Bush, por su lado, sostiene que tiene una autoridad constitucional "inherente" para poder proteger a la gente en tiempo de guerra, así como una autoridad implícita que le otorgó la resolución aprobada por el Congreso y que autorizó al presidente de Estados Unidos a llevar adelante una acción militar para ganar la llamada "guerra global contra el terrorismo".
Se prevé que la Comisión de Justicia del Senado convoque a una reunión para escuchar declaraciones acerca de las intervenciones de llamadas internacionales y de la correspondencia electrónica cuando testifique el Fiscal General Alberto Gonzales a principios de febrero.
Mientras, el periódico londinense The Times informó que pese a que personal del ejército de Estados Unidos intentó alimentar por la fuerza a varias detenidos en huelga de hambre en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, algunas están al borde de la muerte, según los abogados que los representan.
El periódico dijo que el estado de dos demacrados prisoneros de Yemen que se han rehusado a ingerir alimentos sólidos desde agosto es causa de particular preocupación.
También se teme por la vida de un prisionero de Arabia Saudita que fue hospitalizado.
Según The Times, el portavoz del Grupo de Tareas Conjuntas de Guantánamo, creado en 2002 por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para operar este centro de detención e interrogación, no quiso dar el número de prisioneros hospitalizados.
El funcionario se refirió a los que están en huelga de hambre como "desnutridos pero clínicamente estables". Negó que la vida de nadie corriera inminente peligro.
Cuando la huelga de hambre alcanzó su apogeo, se supo que participaron entre 150 y 200 personas.
El estudio de abogados Paul Weiss de Estados Unidos, que representa a tres prisioneros sauditas, dijo que recibía informes médicos semanales alarmantes respecto al estado de salud de uno de sus clientes, quien ahora está en el hospital de la base.
En un viaje a la prisión de Guantánamo el mes pasado, a los abogados de Paul Weiss no se les permitió que visitaran el hospital y se les dijo que sus clientes no deseaban verlos.
"Tememos que estemos ante una situación de vida o muerte", dijo Jana Ramsay, una de las abogadas. "Normalmente se alegran de vernos."
A los prisioneros alimentados a la fuerza se les introdujo un tubo por la nariz de manera permanente que desciende hasta el estómago y se conecta a otro tubo con alimentos.
Aunque los tubos son colocados por la fuerza, si no los rompen, dice el ejército de Estados Unidos, es porque los prisioneros consienten ser alimentados.
