La credibilidad del Poder Judicial de Camboya quedará bajo el escrutinio internacional en 2006, a medida que se aceleren los planes de establecer un tribunal especial para llevar a juicio a los miembros sobrevivientes del genocida Jemer Rojo.
Durante el reinado del terror impuesto por el maoísta Jemer Rojo (1975-1979) en Camboya, liderado por Pol Pot, cerca de 1,7 millones de personas fueron ejecutadas o murieron por trabajos forzados o hambrunas.
Que el juicio largamente esperado haya pasado de 10 años de debate a una acción concreta se hizo evidente en diciembre, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a entrevistar a 21 juristas internacionales que se postularon para desempeñarse como jueces y fiscales extranjeros en el tribunal.
Se prevé que, a comienzos de febrero, Michelle Lee, vice-coordinadora de la ONU para el juicio, abra una oficina para el tribunal del Jemer Rojo en Phnom Penh. Y para mediados de 2006 se espera completar la fase preparatoria para que los fiscales comiencen a investigar los crímenes cometidos por los líderes de la organización camboyana.
Pero ésta es sólo la mitad de la ecuación del singular proceso judicial que tendrá lugar en Camboya. La otra mitad tiene que ver con los jueces camboyanos que serán seleccionados para trabajar en el juicio, procedimiento que todavía tiene que comenzar.
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Es un proceso que será acosado por preguntas sobre la independencia y la capacidad de los jueces camboyanos para sentarse en tan augusto tribunal.
Y un severo fallo emitido este mes contra Sam Rainsy, líder del partido opositor de Camboya, inspira poca confianza en los magistrados de este país de Asia sudoriental, que son acusados de sucumbir ante presiones políticas y de otras clases.
El gobierno de Estados Unidos, el enviado de derechos humanos de la ONU para Camboya y organizaciones internacionales de derechos humanos estuvieron entre quienes emitieron fuertes declaraciones.
Las críticas se centraron en la decisión de un tribunal de Phnom Penh de sentenciar a Rainsy a 18 meses de prisión y a pagar una multa de 14.000 dólares por cargos de difamación contra el primer ministro camboyano, Samdech Hun Sen, y contra el líder de un partido monárquico, el príncipe Norodom Ranariddh.
Yash Ghai, enviado de la ONU para los derechos humanos en Camboya, declaró que había oído muchas quejas sobre el arresto y detención de respetadas figuras políticas, periodistas y sindicalistas. "(También hay preocupación) sobre las muchas irregularidades que fueron reportadas en conexión con estos casos", dijo el martes. "El veredicto contra Sam Rainsy necesita ser visto bajo esta luz", agregó.
Las preguntas sobre la capacidad de los magistrados camboyanos de manejar casos en un tribunal sobre crímenes de guerra salieron a la superficie poco después de que la ONU y Phnom Penh firmaran un acuerdo en 2003, dado que cada uno de los tribunales especiales donde se realizarán las audiencias de estos casos estarán integrados por una mayoría de jueces camboyanos.
Este nuevo mecanismo judicial de tener una mezcla de jueces internacionales y locales, donde los últimos tienen una presencia mayor, para un tribunal por crímenes de guerra, contrasta fuertemente con los tribunales especiales establecidos para los crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia.
Tanto el tribunal de Ruanda como el de la ex Yugoslavia tuvieron sólo juristas internacionales para asegurar altos estándares de justicia.
Las organizaciones Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, con sede en Nueva York, estuvieron entre las principales voces que se alzaron para criticar la inclusión de jueces camboyanos, diciendo que su falta de experiencia debilitaría los elevados estándares de justicia internacional requeridos para los tribunales para crímenes de guerra.
Pero los argumentos sobre quién está apto para desempeñarse en este tribunal especial parecen ser de poca importancia para el público camboyano, aliviado de que tras casi 25 años de espera la promesa de justicia se haga palpable.
"Entre las personas de aquí, el sentimiento es que el juicio ya ha comenzado", dijo Michael Hayes, editor en jefe del periódico Phnom Penh Post, durante una entrevista telefónica desde Camboya. "Hay una sensación de que la espera finalmente terminó".
Activistas por los derechos humanos de Camboya también adhieren a ese sentimiento. "Muchos camboyanos están hablando sobre el juicio ahora que la ONU está aquí", dijo a IPS Ny Chakrya, de la Asociación Camboyana para los Derechos Humanos y el Desarrollo.
"Soy optimista en cuanto a que el trabajo sobre el tribunal se moverá rápidamente en el nuevo año. El gobierno también tendrá que mostrar su apoyo y su voluntad política", agregó.
Pero funcionarios de la ONU y observadores de Camboya, siguiendo los planes para el juicio, no arriesgarán suposiciones sobre cuándo estará en el banquillo el primer sobreviviente del Jemer Rojo, dado que los fiscales tienen que elaborar un fuerte alegato. Algunos dicen que el primer juicio podría iniciarse en 2007.
Pol Pot, el líder del Jemer Rojo, falleció en 1998, pero otros dirigentes involucrados en actos de genocidio sobrevivieron. Ellos incluyen a Ta Mok, el jefe militar, y a Kaing Khek Lev, o Duch, quien dirigió el macabro centro de interrogatorios de Toul Sleng, en Phnom Penh, donde fallecieron 14.000 "enemigos del estado", dejando sólo 12 reclusos sobrevivientes.
El propio primer ministro Hun Sen fue miembro del Jemer Rojo hasta que desertó para unirse a las tropas vietnamitas que en 1979 sacaron a Pol Pot del poder.
