La compra irregular de armamento fue uno de los negocios más lucrativos en la década de gobierno de Alberto Fujimori en Perú y, según denuncias, al parecer lo ha seguido siendo en los casi cinco años de la actual presidencia de Alejandro Toledo.
Sólo en los dos últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú recibió reportes de la adquisición ilegal de equipos militares por 54,5 millones de dólares, monto que luego fue "lavado" en el sistema financiero y bancario nacional.
La continuidad de los casos de corrupción en la compra de material de guerra se debe, según analistas, en primer lugar a que la justicia no ha sido lo suficientemente vigorosa para reprimir a los empresarios que participaron en operaciones ilegales durante el régimen de Fujimori (1990-2000).
En segundo lugar, porque el corrupto sistema de esas adquisiciones que dejó como herencia ese gobierno no ha sido completamente destruido.
Un ejemplo que grafica la situación es la actividad del hombre de negocios de nacionalidad israelí Moshe Rothschild.
Buscado por la justicia peruana que lo acusa de ventas ilícitas por hasta 700 millones de dólares, desde equipos de espionaje telefónico hasta aviones de combate MiG-29, Rothschild goza empero de una vida apacible en Tel Aviv sin mostrar preocupación alguna por su situación procesal en América del Sur.
Por el contrario, reclama un reconocimiento de parte del gobierno de Perú por haber modernizado su fuerza aérea, según indicó.
El empresario israelí, lejos de espantarse por los cinco juicios abiertos en su contra en Lima, no se ha retirado del negocio.
En noviembre de 2004, dos aviones de guerra Sukhoi-25 de la Fuerza Aérea Nacional de Costa de Marfil bombardearon una base militar de una misión de paz de Francia, donde murieron nueve soldados de ese país europeo.
Poco después, en febrero del siguiente año, el gobierno francés reclamó a Israel porque compañías y empresarios de ese país violaron el embargo de la Organización de las Naciones Unidas y vendieron armas a ese país africano sumergido en una guerra civil.
Precisamente, entre los traficantes de armas que París identificó se encontraba Rothschild, el prófugo de la justicia peruana.
La inteligencia francesa detectó que este empresario vendió a Costa de Marfil helicópteros Mi-25 y aviones Sukhoi-25 de Belarús, uno de sus países favoritos para abastecerse de equipos de origen ruso o de la hoy desaparecida Unión Soviética y luego revenderlos con enorme sobreprecio.
Rothschild vendió en 1996 a Perú 18 MiG-29 de Belarús a 14 millones de dólares cada uno, mientras que el año siguiente Estados Unidos compró a Moldavia aeronaves de guerra de idénticas características por sólo 1,9 millones la unidad de dólares..
Pero lo que es más significativo aún es que Moldavia había ofrecido originalmente esos aviones a Perú, pero el gobierno de Fujimori prefirió la oferta de Belarús que presentó Rothschild. La justicia peruana comprobó que el negociador pagó sobornos y por eso pide su captura internacional.
El general del ejército Hugo Gonzáles declaró ante la justicia que Fujimori le ordenaba que le comprara a Rothschild helicópteros Mi-17, camiones de transporte de tropas y aviones Antonov.
Justamente, uno de los cinco juicios que enfrenta Rothschild desde 2001 ante los tribunales peruanos es por la venta de 18 aviones MiG-29 y 18 Sukhoi-25, además de repuestos, motores y radares, por 445 millones de dólares, entre 1996 y 1998, en una causa que se ha dado en llamar "la madre de todas las corrupciones".
Pero Rothschild es más veloz que la justicia peruana.
A fines del año pasado, la jueza Antonia Saquicuray asumió este caso y se dio con la sorpresa de que el poderoso empresario israelí, pese a ser requerido por la justicia peruana desde hace varios años, no aparecía en la lista de "los más buscados" de la Policía Internacional (Interpol).
Es más, la oficina en Lima de Interpol ni siquiera tenía una fotografía de quien es conocido por la prensa de este país como "El señor de los sobornos".
Pero, en caso que se ubique a Rothschild en Israel, el gobierno peruano no podrá pedir su extradición porque existe entre ambos países un tratado para esa finalidad.
Tampoco podría invocar la Convención Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas, porque Israel ha suscrito ese acuerdo sólo el 29 de noviembre de 2005 y aún falta que el Congreso de ese país lo ratifique. El parlamento peruano lo hizo en 2003.
La incapacidad de la justicia peruana de hacer efectiva la búsqueda del notorio traficante de armas le permitió a éste seguir en el negocio sucio en Costa de Marfil y es probable que lo siga haciendo, amparado en la impunidad, en otros países pobres y con conflictos internos.
También, como resultado de la evidente ineficacia del sistema judicial de Perú, el año que pasó no pudo ser extraditado de Alemania el empresario Enrique Benavides, socio de Rothschild.
Benavides, quien vendió armamento en el gobierno de Fujimori por más de 300 millones de dólares, ahora ha girado su negocio hacia Colombia, donde ofrece repuestos y mantenimiento para los helicópteros Mi-17 que vendió Rusia a ese país, a precio muy por debajo de lo que cobra Moscú.
Como su socio israelí, Benavides se abastece en el mercado negro de los países que conformaron la Unión Soviética hasta 1991 o de los que fueron parte del también desaparecido Pacto de Varsovia.
El propio Rothschild ha instalado en mercado peruano de empresas fantasmas para seguir vendiendo helicópteros y aviones de fabricación rusa.
El último año, la policía desactivó la compra de motores y repuestos para helicópteros Mi-17 cuando se descubrió que la empresa abastecedora era manejada por una ciudadana rusa que era empleada de Rothschild.
Lo que ha activado la reaparición de los vendedores de armas es la creación del Fondo de Defensa Nacional para la modernización de los equipos bélicos, con dinero de las regalías obtenidas de la explotación del gas natural de Camisea, los cuantiosos yacimientos ubicados en el paraje selvático en la cuenta amazónica del norte del país.
En los próximos cinco años, ese fondo tendrá 504 millones de dólares disponibles sólo para la compra de armamento. Ya se sabe quiénes serán los primeros en intentar comer un pedazo del suculento pastel. (
