El acuerdo para establecer un Estatuto del Cooperante, que regulará y amparará las acciones de asistencia al Sur, es «un paso histórico», dijo a IPS David Rivas, presidente de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, de España (Congde).
Ese reglamento de la Ley de Cooperación, aprobada ocho años atrás, reconocerá derechos laborales, fiscales y un seguro social a los cooperantes que desempeñen su tarea en el extranjero, equiparándolos con los de otros trabajadores que lo hacen para empresas españolas fuera de este país.
Tras haber sido negociado por la Congde con varios ministerios, el borrador fue aprobado este martes por el Consejo de Cooperación y pasará después al Parlamento para su aprobación definitiva. Rivas, en base a lo ya negociado y a los acuerdos logrados, prevé que no habrá cambios sustantivos y que podrá entrar en vigor en un plazo máximo de dos meses.
El atraso registrado desde la aprobación de la ley se debió a la falta de voluntad política del gobierno de entonces, presidido por el centroderechista José María Aznar, y su reactivación obedece al cumplimiento por parte de su sucesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de su compromiso electoral, concluyó Rivas.
Médicos sin Fronteras (MSF), una de las 10 organizaciones no gubernamentales (ONG) que integran el grupo de trabajo que negoció con la cancillería el borrador del reglamento, también considera que el mismo es "globalmente positivo" y "un gran paso adelante", pero al mismo tiempo mantiene algunas observaciones.
Su directora de Relaciones Externas, Consuelo López Zurriaga, explicó a IPS que no les parece oportuno que los cooperantes que vayan al extranjero deban contar con un documento adicional especificando sus obligaciones y deberes, ya que para eso firman un contrato con la ONG respectiva. A ese grupo le corresponde certificarlo ante quien sea necesario, adicionó.
"Más papeles es una mayor carga burocrática, sobre todo para MSF, que envía 600 de las 1.500 personas contratadas que en conjunto conforman las ONG españolas de cooperación fuera de nuestro país", aclaró.
Además, todos esos "expatriados" no permanecen largo tiempo en un mismo país, sino que suelen rotar de uno a otro cumpliendo con sus tareas de cooperación y en especial los de MSF, por las características de su profesión que en muchos casos los requieren para atender situaciones de emergencia.
Por eso mismo MSF, cuya base está en París, no piensa acoplarse al seguro del que podrán disponer los cooperantes españoles en el exterior, que en su mayor parte será financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y en cambio renovará uno colectivo global que ya tiene suscripto y que cubre a todos sus cooperantes sea cual sea su nacionalidad, su país de residencia o el de su labor cooperativa.
El Reglamento incluye una definición de los cooperantes, considerando que lo son las personas físicas que participan en la ejecución sobre el terreno de un determinado instrumento o proyecto de asistencia internacional para el desarrollo o de carácter humanitaria.
Esa actividad será considerada como parte de la acción exterior de España y quien la realice deberá tener una relación de servicio con una entidad española, pública o privada.
Según la vigente Ley de Cooperación, de 1998, se consideran ONG de desarrollo "aquellas entidades de derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo".
Esas organizaciones, precisa la ley, "habrán de gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, y deberán disponer de una estructura susceptible de garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos".
Otra de las más grandes organizaciones, la Cruz Roja, propuso que al reglamento se incorpore el compromiso del Estado de ayudar en la educación de los hijos de los cooperantes en el extranjero.
La cooperación oficial al desarrollo está en aumento desde que asumió el gobierno Zapatero, quien ratificó su compromiso de elevar los fondos para ello del 0,25 del producto interno bruto (PIB) que se dedicaba en 2004 al 0,27 en 2006 y al 0,5 en 2007.
Si como indican las encuestas, Zapatero puede volver a ganar las elecciones en 2008 al término de la actual legislatura, durante ese eventual segundo gobierno aumentaría la ayuda al 0,7 por ciento del PIB en 2012.
En caso de cumplirse esa promesa, España habrá cumplido así con el compromiso asumido en 1970 en la Organización de las Naciones Unidas por las naciones industrializadas y que al día de hoy solamente fue alcanzado por Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suecia.
El grupo de trabajo de la Congde que representa a las ONG en la negociación del Reglamento está presidido por Rivas.
Además lo integran directivos de Intermón Oxfam, Medicus Mundi, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Española, Intered, Cáritas Española, Fundación Paz y Solidaridad (vinculada a la central sindical de Comisiones Obreras), Solidaridad Internacional e ISCOD-Trabajo Solidario (vinculada a la otra central sindical mayoritaria del país, la Unión General de Trabajadores).
El Consejo de Cooperación es un órgano consultivo de la Administración del Estado, cuyas resoluciones no son de cumplimiento obligatorio, pero que sientan las bases para leyes y reglamentos elaborados por consenso de las fuerzas sociales y políticas.
