Una ironía de la historia hace que Lucía Pinochet, hija del dictador que envió a más de un millón de chilenos al exilio, haya pedido asilo político en Estados Unidos, aunque su vida no corre riesgo alguno y más bien busca eludir la justicia y ocultar al parecer nuevas pruebas de enriquecimiento ilícito de su familia.
Hertz y el otro abogado querellante, Alfonso Insunza, dijeron también este jueves que pedirán al juez especial Carlos Cerda que emita una orden internacional de captura contra Lucía Pinochet Hiriart, quien está desde el miércoles retenida en Estados Unidos, a la espera de que las autoridades de ese país resuelvan sobre su pedido de asilo.
Cerda dispuso el martes el procesamiento de la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, y de los cinco hijos de la pareja, como autores de delitos de fraude al fisco, evasión tributaria y uso de pasaportes falsos, en operaciones vinculadas a la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias secretas en Estados Unidos y otros países desde los años 70.
El magistrado ordenó que los hijos de Pinochet debían presentarse el miércoles en la Escuela de Gendarmería de Santiago para hacer efectivas las altas fianzas que les fijó para lograr su libertad condicional o, de lo contrario, quedar bajo arresto.
Lucía Pinochet no concurrió a la citación y horas más tarde trascendió que el día anterior había salido de Chile en automóvil hacia la occidental ciudad argentina de Mendoza, para continuar desde allí viaje por vía aérea a Buenos Aires, desde donde se embarcó en otro vuelo hacia Washington, donde fue retenida por las autoridades de Aduana.
La virtual fuga de la hija mayor de Pinochet sorprendió a la policía y al gobierno de Ricardo Lagos, pero la sorpresa entre los altos funcionarios oficiales cobró mayor volumen cuando se anunció que ella había hecho una solicitud de asilo a Washington.
El argumento esgrimido por Lucía Pinochet fue que en Chile existe una persecución sistemática contra su familia, graficada tanto por el procesamiento de sus padres y hermanos por el "caso Riggs", como por los tres desafueros de que ha sido objeto últimamente el ex dictador en causas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
"Aquí las persecuciones se terminaron en 1990", dijo con indignación el ministro del Interior, Francisco Vidal, aludiendo precisamente al fin de la dictadura de Pinochet, bajo cuyo régimen se registraron unas 3.000 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas con motivación política.
En los casi 17 años de dictadura hubo más de 30.000 casos certificados de detenciones irregulares con torturas, mientras las estadísticas indican que alrededor de un millón de chilenos salieron al exilio en los primeros meses y años posteriores al golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno de Salvador Allende.
"Nosotros salimos al exilio forzados por amenazas a nuestra vida y por necesidad económica. Es una frescura (falta de vergüenza) que ahora Lucía Pinochet pretenda ser objeto de las mismas persecuciones que sufrimos nosotros, cuando su padre gozó de impunidad y tiene un estatus especial ante la justicia", dijo a IPS Luis Rojas, un economista que vivió varios años en el exilio.
Para el senador electo José Antonio Gómez, líder del Partido Radical Socialdemócrata y ex ministro de Justicia, el asilo pedido por la hija del ex dictador es "insólito y absurdo". "Es increíble que una persona se considere perseguida política en un país que tiene todas las garantías de defensa que corresponden a este tipo de procesos", dijo.
Ricardo Núñez, senador y presidente del Partido Socialista, al cual pertenece la presidenta electa Michelle Bachelet, afirmó este jueves que la salida del país de Lucía Pinochet es parte de una conspiración, planificada por toda la familia, que busca dar cariz político a un proceso por corrupción y enriquecimiento ilícito.
El ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, se mostró confiado en que el pedido de asilo será rechazado por las autoridades estadounidenses, que podrían disponer la expulsión de Lucía Pinochet hacia su lugar de embarque, es decir, Buenos Aires, donde las autoridades argentinas podrían a su vez expulsarla de vuelta a Chile.
Existe un plazo de 72 horas para que un oficial de Aduanas del gobierno estadounidense resuelva si procede dar curso a la solicitud de la hija de Pinochet. Si la respuesta fuera favorable se abriría un juicio que podría durar un año o más, advirtió el canciller chileno.
Si bien no descarta el móvil político en la acción de Lucía Pinochet, la abogada Hertz planteó que el objetivo fundamental de su virtual fuga hacia Estados Unidos es ocultar evidencias de otras cuentas y depósitos bancarios donde hay dineros conseguidos maliciosamente por Pinochet, que aún no han sido detectados.
La abogada, viuda del periodista Carlos Berger, asesinado por la dictadura en octubre de 1973, afirmó que los 28 millones de dólares en que se calcula el patrimonio acumulado irregularmente por Pinochet y sus familiares, son una parte mínima de una fortuna bastante mayor.
"Solamente estamos en los inicios del proceso", afirmó Hertz. "Sabemos que Augusto Pinochet y su entorno han mentido permanentemente y constantemente acerca de cuál es el patrimonio real que tienen, dónde lo tienen y cómo lo obtuvieron", recalcó la jurista.
Entre las pistas que todavía falta investigar en mayor profundidad están los ingresos que Pinochet habría obtenido cobrando a título personal comisiones por compras y ventas de armas que se realizaron en nombre de las Fuerzas Armadas, entre las cuales hay también indicios de operaciones de contrabando de pertrechos bélicos.
