El primer ministro de Camboya, Hun Sen, hace todo lo posible en dar razón a quienes lo consideran un «matón de la política», dicen sus críticos.
Los últimos arrestos de activistas de derechos humanos en Camboya parecen ser parte de una moda renovada en este país del sudeste asiático: el gobierno de Hun Sen sistemáticamente se quita de encima a quienes se atreven a "difamarlo".
En los dos últimos dos días de 2005 y primeros tres de este año, tres críticos del gobierno fueron arrestados por el delito de difamación pues habían colgado una pancarta en Phnom Penh para celebrar, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos.
La pancarta de marras contenía comentarios escritos a mano presuntamente acusatorios a Hun Sen de ser un comunista cuyos cuestionables acuerdos con Vietnam habían resultado en una pérdida de territorio para Camboya a favor de su poderoso vecino del este. La difamación es un delito penal en ese país.
Entre las personas arrestadas se hallan Kem Sokha, presidente del Centro para los Derechos Humanos de Camboya, y Pa Nguon, su director en ejercicio. Otro de los detenidos es Yeng Virak, director de Centro para la Educación Legal de la Comunidad.
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Este es otro indicio de que "el gobierno de Camboya usa las acusaciones de difamación para intimidar y silenciar a la oposición y a sus críticos" dijo la Comisión Asiática de Derechos Humanos con sede en Hong Kong.
Otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) también condenaron las acciones de Phnom Penh.
"Los arrestos ya han tenido un efecto nocivo en la comunidad de activistas de los derechos humanos de Camboya, que ahora opera en un clima de miedo e incertidumbre, insegura de qué está permitido y qué prohibido", declaró HRW, con sede en Nueva York.
"Esta inquietante tendencia amenaza con echar por tierra los avances de la última década, obtenidos con mucho esfuerzo, para construir una sociedad abierta y justa basada en el derecho", dijo el miércoles Louise Arbour, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Camboya firmó todos los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos aquellos que garantizan la libertad de reunión, de asociación y de expresión", añadió.
Los esfuerzos de Phnom Penh por desestimar a sus críticos alegando que los arrestos no fueron una persecución del gobierno y que la policía simplemente estaba cumpliendo con su deber, convencieron a pocos.
El gobernante Partido Popular de Camboya de Hun Sen, que domina por completo la escena política, y el gobierno no dudan en usar mano dura y otras medidas coercitivas para influir sobre el sistema judicial.
Estos arrestos llevaron a 10 la cantidad de camboyanos detenidos por difamación en los últimos tres meses por haber ventilado sus críticas a los acuerdos de límites con Vietnam.
Otros acusados y detenidos fueron Mam Sonando, periodista y propietario de la estación de radio FM 105, Rong Chhun, presidente de la Asociación Independiente de Maestros, Chean Mony, presidente del Sindicato de Trabajadores del Libre Comercio, Ea Channa, uno de los líderes del Movimiento de Estudiantes por la Democracia, y Men Nath, presidente de la Asociación de Funcionarios Estatales.
"Luego del arresto de Sonando (en octubre), muchos de los principales activistas de derechos humanos de Camboya, líderes sindicales y miembros de los partidos políticos de la oposición dejaron el país o pasaron a la clandestinidad", dijo la semana pasada la Alianza de Prensa del Sudeste Asiático (Seapa en inglés), un observatorio de la prensa regional, la semana pasada.
Otros observadores afirman que los miembros de unas 60 asociaciones del naciente movimiento de la sociedad civil del país podrían sentir sobre sí el fantasma de la represión gubernamental, pues todas participaron de las celebraciones del Día de los Derechos Humanos que motivaron los arrestos.
Las acciones de Hun Sen parecen cimentar la creencia cada vez más extendida de que el primer mandatario está más interesado en perpetuarse en el poder que en conducir a su golpeado país hacia la democracia.
Además, esta reputación del primer ministro puede dañar la imagen de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean por sus siglas en inglés), a la que pertenece Camboya y otros 9 países de la región: Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia, Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia y Filipinas.
La Asean intenta con desesperación dejar atrás su mala fama de nido de dictadores y autócratas, y proyectarse en cambio como un cuerpo regional comprometido con el estado de derecho, el buen gobierno y el respeto a los derechos humanos.
Hun Sen es el gobernante de mayor antigüedad en la región, ya que se mantiene en el poder desde hace 20 años, cuando Camboya se encontraba bajo ocupación vietnamita. Pero la Asean siempre se caracterizó por albergar este tipo de líderes, como Mohamed Suharto de Indonesia (1967-1998), Ferdinand Marcos de Filipinas (1965-1986), Lee Kwan Yew de Singapur (1959-1990) o Mahathir Mohamed de Malasia (1981-2003).
Algunos observadores incluso ya han comenzado a trazar un paralelismo entre Hun Sen y la brutal dictadura militar que rige desde 1962 Birmania, otro de los miembros de la Asean.
Otros dicen que sus métodos se parecen más a los de los mellizos comunistas de la Asean, Laos y Vietnam.
En todo caso, la situación debería preocupar a la Organización de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, ya que ambas invirtieron mucho en este país luego del acuerdo de paz de 1991 que puso fin a décadas de guerra.
Camboya vivió el reinado del terror impuesto por el maoísta Jemer Rojo (1975-1979), liderado por Pol Pot, durante el cual cerca de 1,7 millones de personas fueron ejecutadas o murieron por trabajos forzados o hambrunas. Le siguieron una guerra civil y una prolongada ocupación vietnamita.
Las primeras elecciones parlamentarias en la Camboya posterior a la guerra, en 1993, fueron retratadas como un hito fundamental en el proceso de apertura democrática.
Sin embargo, tanto en aquellos comicios como en los posteriores, Hun Sen se las ingenió para imponer su fuerza y asegurar el poder para su persona y su partido.
Desde entonces, su determinación de permanecer en el poder a expensas de sus oponentes políticos no se ha debilitado en lo más mínimo. En efecto, otro de los arrestados por difamación fue Sam Rainsy, el líder de la oposición parlamentaria, que debió dejar Camboya en febrero de 2005.
"Este es el peor momento para la democracia en Camboya, especialmente en lo que tiene que ver con la libertad de expresión", dijo a IPS uno de los miembros del Seapa, Kulachada Chaipipat.
"La esperanza de una nueva cultura política se ve amenazada, y el país bien puede volver a ser, como en el pasado, gobernado por el miedo", aseveró.
