Un millar de indigentes que habían quedado sin techo tras un temporal en la nororiental provincia argentina de Chaco fueron violentamente desalojados este jueves de viviendas construidas por el gobierno nacional y que aún no habían sido adjudicadas.
"Fue una represión brutal", dijo a IPS Nilda López, del Centro de Estudios e Investigación Nelson Mandela que trabaja en temas de derechos humanos en Chaco. El desalojo fue en la localidad de Puerto Vilelas, a siete kilómetros de Resistencia, la capital provincial, y unos 900 kilómetros al norte de Buenos Aires.
"La policía irrumpió en las casas sin aviso previo y disparaba contra la gente que se resistía a abandonar el lugar", relató López por teléfono desde el sitio de los hechos en Chaco. Hubo al menos 50 heridos, algunos de gravedad, según testimonios de vecinos, porque no se prestó información oficial sobre la cantidad de víctimas.
Unas 300 familias habían ocupado las unidades habitacionales a mediados de diciembre, luego de una intensa tormenta de lluvia y vientos de 130 kilómetros por hora, que arrasó con sus precarios refugios de chapa, madera, cartones y bolsas de plástico. Al reclamar ayuda, los damnificados fueron desoídos por la comuna.
"La gente pidió soluciones, no tenían intención de hacer nada fuera de la ley, pero de pronto se produjo este violento desalojo, sin notificar a los afectados de la orden judicial, y sin presencia de ningún funcionario judicial o político de la comuna o la provincia", criticó el diputado provincial Daniel San Cristóbal.
Chaco es una de las provincias más pobres de Argentina. Las estadísticas oficiales indican que la proporción de personas en la pobreza es de 38 por ciento en todo el país, y de 60 por ciento en ese distrito, con índices de miseria aún más pronunciados en algunos poblados. En 2001 vivían 952.000 personas en la provincia, según datos del gobierno chaqueño.
A los problemas sociales se suman los desastres climáticos. Las intensas lluvias, que devienen en inundaciones de zonas bajas, se alternan con prolongadas sequías en esa provincia, parte de la extensa región del Chaco sudamericano. La mayoría de la población no tiene acceso a saneamiento ni agua potable.
En diciembre, tras meses de sequía, hubo un pequeño tornado. Los precarios refugios de centenares de familias de Puerto Vilelas volaron. Sin ayuda oficial, un grupo de damnificados optó por ocupar 218 casas del Instituto de la Vivienda en esa localidad, que estaban finalizadas y aún no habían sido adjudicadas.
"Este es un problema que aparece sistemáticamente. La gente no puede acceder a la vivienda, pero hay planes de construcción de unidades que luego se adjudican por cuestiones políticas a amigos, parientes y votantes", dijo a IPS Rolando Núñez, director del Centro Mandela en Chaco.
El instituto encargado de la construcción de viviendas presentó una denuncia ante la justicia, y la fiscalía pidió la desocupación. El juez de garantías, Héctor Geijo, ordenó el desalojo compulsivo y desoyó los pedidos de organizaciones de derechos humanos para que el operativo se hiciera sin armas.
Unos 400 uniformados del comando de operaciones especiales, preparados para intervenir en motines y grandes movilizaciones, irrumpieron en el barrio pertrechados con escudos, granadas de gases lacrimógenos, perros y armas que dispararon contra decenas de vecinos.
López dijo a IPS que las autoridades se resistían a informar la cantidad de heridos, estimados en unos 50, entre ellos ancianos, niños y discapacitados. Además, un fotógrafo del diario Norte de Chaco sufrió 17 impactos de balas de goma, y un niño de tres años fue pisado por un caballo.
Luego del operativo, las autoridades dispusieron de camiones para trasladar a los vecinos desalojados hacia la sede de una escuela, en la que permanecerán hasta que se les conceda una solución definitiva. López advirtió que preveían ocupar algún predio donde levantar viviendas, si no obtenían respuestas del gobierno.
En diálogo con IPS, Héctor Gómez, del Movimiento de Desocupados sin Tierra Tupac Amaru, de Chaco, explicó que en esa provincia la organización llevó adelante ya 18 ocupaciones de terrenos fiscales en los que se construyeron caseríos precarios con madera, chapas y bolsas de plástico.
"Repudiamos la acción policial, la falta de mediación y de tolerancia", dijo Gómez. "Vivimos en una provincia que es de las más pobres del país, y hay aquí una enorme mayoría de gente que necesita un techo donde vivir", añadió.
