El estigma de la sequía se cierne sobre Portugal por segundo año consecutivo. En caso de mantenerse los modestos niveles de precipitaciones actuales, podría repetirse la tragedia que asoló al país en 2005.
Al cerrar el año hidrológico 2004-2005 en septiembre pasado, 97 por ciento del territorio luso registraba una sequía severa y extrema, la más grave de las últimas seis décadas y que costó al erario público 343 millones de dólares, según las cuentas presentadas por los ministros Francisco da Graça Nunes Correia, de Ambiente, y Jaime Lopes Silva, de Agricultura.
El grueso de la factura estatal se destinó a pagar la importación de hidrocarburos por un total de 220 millones de dólares, para abastecer las centrales térmicas, única alternativa posible ante la caída de 70 por ciento de la producción hidroeléctrica debido a la falta de agua en las represas, apunta un informe divulgada por el gobierno.
Sin embargo, las cuentas para el país, al contemplarse el sector privado y facturas de empresas estatales que faltan por pagar, son mucho más abultadas.
La Confederación de Agricultores de Portugal (CAP), estima en alrededor de 2.000 millones de dólares los perjuicios derivados de costos directos de la sequía, tales como la importación de heno de Hungría para alimentar el ganado, quiebras de producción y daños esperados para 2006.
[related_articles]
Asimismo, los consecuentes graves incendios forestales, que consumieron 330.000 hectáreas de áreas verdes el año pasado, según datos oficiales, tampoco forman parte de este cálculo de pérdidas y que estimaciones anteriores lo sitúan en unos 1.200 millones de euros (1.452 millones de dólares) para los proveedores de la industria maderera, los que se suman a la irreparable pérdida ambiental.
Otras cuentas que serán presentadas posteriormente, son las notificaciones de multas a las empresas del sector eléctrico, que se estima superan las cuotas de polución que pueden lanzar al ambiente, de acuerdo al Plan Nacional de Concesión de Licencias de Emisiones.
Este acuerdo se refiere a los gases que provocan alteraciones climáticas, según una directiva de 2002 de la Unión Europea (UE), que Portugal como miembro del bloque ratificó en 2004 y que será evaluado a fines de 2007, al concluir el primer período de dos años iniciado en 2005. Para la compra de licencias, se estima que Lisboa deberá desprenderse de unos 50 millones de dólares.
En cuanto a la agricultura, el ministro Lopes Silva admitió que 2005 "fue un año difícil", el que según el Instituto Nacional de Estadísticas se cerró con 11 por ciento de caída de la producción.
El sector más afectado fue el de cereales, cuya producción bajó 40 por ciento y que obligó al gobierno a dar una ayuda de emergencia de 47 millones de dólares a los agricultores más afectados.
El ministro reconoció que este valor global de 343 millones de dólares de pérdida informado el miércoles 18 se refiere sólo a los costos directos del Estado y "no está incluido el esfuerzo adicional de los agricultores", el que, como se encarga de reiterar Luís Mira, secretario general de la CAP, es casi cinco veces mayor.
A pesar de que ambos ministros se mostraron cautelosos y declinaron lanzar pronósticos para 2006, porque según uno de ellos, Nunes Correia, todavía no hay elementos suficientes "ni para el optimismo ni para el pesimismo", ya se anuncian algunas medidas preventivas ante un año que comienza a presentarse seco.
En efecto, el Instituto del Agua informó que entre el 1 de octubre y el 14 de este mes las precipitaciones acumuladas en todo el país representan 72 por ciento del promedio de las últimas seis décadas, corroborando una tendencia similar a la que se registró en el mismo período del pasado año hidrológico.
En prevención a una situación que podría prolongarse y asumir dimensiones graves, Nunes Correia reveló que para el año el gobierno desea apostar al Programa Nacional para el Uso Eficiente del Agua, elaborado hace cinco años, pero que hasta hoy nunca salió del papel.
En este sentido, el titular de Ambiente dijo a los periodistas fue nombrada una comisión interministerial encargada de elaborar en el plazo de tres meses un "informe metodológico" para la aplicación del programa. Es decir, deberá divulgar sus conclusiones después de febrero y marzo, "dos meses esenciales para la reposición de los niveles de almacenamiento" de agua.
"Portugal necesita reforzar su capacidad para almacenamiento", apuntó el ministro al anunciar que será retomado el proyecto de la construcción de la represa de Odelouca, en la región meridional de Algarbe, pese a que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, suspendió el financiamiento comunitario debido a su impacto ambiental.
Una opinión diametralmente opuesta a la de Eugenio Sequeiro, presidente de la Liga para la Protección de la Naturaleza, que propone medidas tan simples y eficaces como almacenar agua de lluvia en estanques cisternas "en lugar de hacer una obra estúpida como Odelouca".
