El líder de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, fue condenado este martes a 15 años y 11 meses de prisión por los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir y porte de documento falso.
Ortega presidió la CTV cuando esa central de tendencia socialdemócrata dirigió, junto a la organización patronal Fedecámaras y una asociación de gerentes, la huelga de diciembre de 2002 y enero de 2003 que paralizó la estatal industria petrolera y parte del sector privado, con pérdidas estimadas en 10.000 millones de dólares.
La huelga se tradujo en penurias sobre todo para los sectores humildes que con dificultad encontraban transporte —algunos pacientes perecieron por no poder ir a un hospital—, gas para cocinar e incluso algunos alimentos esenciales.
"No soy delincuente, conspirador, golpista ni terrorista. No he traicionado los intereses de mi clase y estoy tranquilo. Este es un juicio político para un problema político, y continuaré trabajando por la democracia y para salir de este régimen", dijo Ortega tras conocer la sentencia al consultarle por teléfono la televisora Globovisión.
Su abogado Carlos Roa anunció que apelaría el fallo de la jueza Milagros Morales porque, según su opinión, contravino la legislación vigente al constituir un tribunal unipersonal, sin escabinos (jurados). La apelación se presentaría el año próximo.
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"Es una sentencia miserable, lamentable, un día triste para Venezuela. El régimen cobra venganza por la actitud de Carlos, pero no van a poder callar a la CTV, los trabajadores o el pueblo", declaró el número dos de la central sindical, Manuel Cova.
La CTV, creada en 1936, fue hasta finales del siglo XX la central obrera hegemónica de Venezuela, y en ocasiones operó como el brazo sindical del partido socialdemócrata Acción Democrática. Es parte de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL, y de la Organización Interamericana de Trabajadores, ORIT.
Su fuerza decayó desde que Hugo Chávez llegó a la Presidencia en 1999, aunque un intento de los seguidores del mandatario para copar su directiva con una elección desde la base fracasó en 2001 ante la lista de Ortega, por lo que el oficialismo animó una nueva central, la Unión de Trabajadores.
Ortega impulsó en los primeros meses de 2002 una alianza con la patronal Fedecámaras, gerentes petroleros y sectores de la Iglesia Católica para desatar manifestaciones callejeras contra Chávez.
Una gran marcha, el 11 de abril de 2002, se disolvió en un confuso tiroteo que cobró 19 vidas, y entonces mandos militares depusieron al presidente y entregaron esa magistratura al jefe patronal Pedro Carmona, con quien tuvo diferencias Ortega.
A fines de 2002 Ortega, el nuevo presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, y dirigentes de la industria petrolera y la oposición política exigieron un referendo consultivo sobre el mandato de Chávez, y al rechazarlo el gobernante desataron una huelga general que paralizó gran parte del país.
La huelga languideció al cabo de dos meses, Chávez retomó de modo férreo el control sobre la industria petrolera, y en marzo de 2003 se abrió un juicio a Ortega por instigar a la rebelión civil, entre otros delitos.
Ortega se refugió en Costa Rica, que le concedió asilo, mientras el movimiento opositor en Venezuela se encaminaba, bajo la observación de la Organización de los Estados Americanos, a un referendo revocatorio sobre el mandato de Chávez, que se produjo en agosto de 2004 y resultó favorable al presidente.
El dirigente sindical renunció al asilo costarricense y fue visto en una de las manifestaciones contra Chávez en ese entonces. Permaneció clandestino hasta que en febrero de 2005 fue capturado en un casino de Caracas.
Se lo acusó inicialmente de devastación, traición a la patria y agavillamiento (asociación para delinquir), pero esos cargos fueron desechados y la acusación se redujo a rebelión civil, instigación a delinquir y uso de documento falso, el que portaba cuando fue detenido.
El proceso en su contra comenzó en abril, entró en su recta final el 17 de noviembre y culminó este martes con la sentencia a casi 16 años de reclusión.
"No fue ninguna sorpresa", dijo Ortega. "Estaba mentalmente preparado y mantengo mi confianza en el pueblo que aspira salir de este régimen. El pueblo dio una lección el 4 de diciembre", agregó.
Ese día se eligió el nuevo parlamento, y el oficialismo ganó los 167 escaños de la Asamblea Nacional unicameral, después de que se retiraron los principales partidos opositores. Sin embargo, 75 por ciento del electorado se abstuvo, un porcentaje superior al que vaticinaban las encuestas antes del boicot opositor.
Quienes dirigieron con Ortega la huelga de 2002 y 2003, el empresario Carlos Fernández y el tecnócrata petrolero Juan Fernández, están prófugos en el exterior.
Según la oposición, en Venezuela hay varios presos políticos, en particular algunos militares opuestos a Chávez que fueron juzgados por ofensas a la Fuerza Armada o por imbricarse en conspiraciones. También un empresario, Nelson Mezerhane, uno de los dueños de la televisora Globovisión, es acusado de participar en el asesinato de un fiscal del Ministerio Público.
"No es así. Hay una diferencia entre presos políticos y políticos presos por haber cometido delitos comunes", sostuvieron el ministro del Interior, Jesse Chacón, y el defensor del Pueblo (ombudsman), Germán Mundaraín.
