En sentido contrario al tango de que «fumar es un placer, genial, sensualà», a partir del 1 de enero en España será un delito para quienes lo hagan en los centros de trabajo cerrados o en lugares públicos donde esté prohibido, que serán la mayoría.
Una encuesta del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) divulgada el 16 de este mes dio como resultado que 25,8 por ciento de los consultados admitió ser fumadores, en tanto que 26,7 admitió haberlo sido en el pasado. Otros estudios previos elevan a 31 por ciento los adictos al tabaco entre los entrevistados.
No obstante, la ley restrictiva ûconocida coloquialmente como ley antitabaco— aprobada el día 15 por el Congreso de los Diputados fue acogida favorablemente por 77,2 por ciento de las personas consultadas por el CIS, quienes se mostraron conformes con la prohibición de fumar en el lugar de trabajo.
Esa aprobación crece hasta 94,1 por ciento cuando se pregunta por la prohibición de fumar en los hospitales, colegios, organismos del Estado e instalaciones deportivas cerradas, y su rechazo no llega al cinco por ciento.
La más fuerte diferencia a la hora de aprobar la ley antitabaco surgió cuando la principal fuerza de oposición, el centroderechsita Partido Popular, planteó que el Estado debería financiar los tratamientos médicos para ayudar a dejar de fumar, algo que no fue asumido por la mayoría del Parlamento.
El catedrático José Luis Álvarez-Sala, médico, profesor de la materia, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, además de jefe del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, también reivindicó la necesidad de esa financiación, con argumentos sólidos.
El profesional comenzó por señalar que los fumadores son grandes contribuyentes al fisco, ya que aproximadamente 60 por ciento del precio de cada cajetilla (paquete) de cigarrillos corresponde a impuestos.
Además, agregó con sorna, precisamente por fumar quienes lo hacen se mueren antes que los demás ciudadanos, "con lo que cobran menos pensiones (jubilaciones)", que salen de las arcas del Estado.
Asimismo recordó que la Organización Mundial de la Salud califica al tabaquismo como una enfermedad "que debe prevenirse y tratarse porque tiene muchas complicaciones, acorta la vida y tiene un riesgo de mortalidad muy elevado", y que más de 60 por ciento de los fumadores llega a padecer una enfermedad muy grave.
Algunos sectores sociales, como los odontólogos, ya adoptaron medidas en ese sentido. El Consejo General de Dentistas nada más aprobada la ley resolvió financiar a sus 20.000 miembros los tratamientos para dejar de fumar, ya que 25 por ciento de ellos todavía lo hace.
Para quienes violen la prohibición de fumar en los lugares de trabajo, las multas serán de 30 euros (casi 40 dólares) la primera vez y hasta de 600 euros (unos 770 dólares) para los reincidentes. Pero, si se comprueba que la empresa permite el comportamiento ilegal del empleado, la misma podrá ser castigada con hasta 10.000 euros (unos 13.000 dólares).
En los centros de trabajo serán los Comités de Empresa, formados por representantes de los trabajadores y de los empresarios, los que se ocuparán de velar por el cumplimiento de la norma partir de su entrada en vigor el 1 de enero, como ocurre ya con el alcoholismo, y el acoso sexual o laboral.
Todos los lugares públicos y de trabajo con más de 100 metros cuadrados de superficie y cerrados tendrán que habilitar un lugar para los fumadores debidamente aislado del resto y que no ocupe más de 30 por ciento del total, para lo cual tienen un plazo de ocho meses para su instalación a partir de enero.
En los bares y restaurantes con superficie menor de 100 metros, sus propietarios deberán decidir si permiten fumar o no, de manera que habrá unos para consumir tabaco y otros limpios de humo.
Los propietarios de hoteles se manifestaron favorables a la ley, aunque consideran que es "precipitada", pues su rápida puesta en marcha les crea problemas y les ocasiona costos que superarán los 1.600 millones de euros (unos 2.000 millones de dólares) en conjunto al sector.
Las empresas tabacaleras, por su parte, han respondido con una campaña destinada a ganar clientes, rebajando casi a la mitad los precios, con lo que en este año lograron aumentar en más de 30 por ciento el mercado de consumidores de cigarros rubio barato, al haber aumentado las ventas del mismo en aproximadamente 50 por ciento.
Ante ello, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, afirmó que "la poderosa industria", alarmada por la próxima entrada en vigor de la nueva ley, "desea incorporar al hábito de fumar al máximo número de jóvenes" y que a ello obedece tanto la bajada de los precios como el aumento de la publicidad.
Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, presidido por Rodrigo Córdoba, hizo pública su posición, que reclama del gobierno que triplique o cuadruplique los impuestos a pagar por las empresas comercializadoras de tabaco.
Con ello, dijo Córdoba, se lucharía "contra un fuerte factor de transmisión de la epidemia del tabaquismo, que es el bajo precio".
