Un manto de corrupción e impunidad comienza a cubrir la campaña para las elecciones presidenciales de abril de Perú, pese a que aún ni siquiera se han inscripto los candidatos partidarios.
La aspirante a la presidencia por la alianza derechista Unidad Nacional, Lourdes Flores, quien encabeza las encuestas de intención de voto, presentó al empresario Arturo Woodman como su acompañante para ocupar la primera vicepresidencia del país.
Woodman no sólo fue un notorio colaborador del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sino que también es un hombre de extrema confianza del banquero Dionisio Romero, a quien condujo hasta las oficinas del entonces jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos, con quien sostuvo comprometedoras conversaciones según fuera luego revelado.
Dos comisiones del Congreso legislativo que investigaron los delitos económicos y financieros perpetrados durante el régimen autoritario de Fujimori le atribuyeron responsabilidad a Woodman en cuatro casos de corrupción. Sin embargo, Flores se jugó por la honestidad de su compañero de fórmula, vinculado con el poderoso grupo empresarial Romero.
El precandidato derechista a la vicepresidencia admitió que llevó al empresario ante Montesinos, pero dijo que "nunca se habló de negocios ni de política". Sin embargo, esa no es la versión que el propio Romero expuso ante la comisión parlamentaria, frente a la cual aseguró que la conversación transcurrió por esos senderos.
Incluso existe un video que registra una de las reuniones entre Montesinos, hoy encarcelado y enjuiciado por crímenes y delitos de corrupción, y Romero, donde se le escucha al segundo pedir la intervención del priemero en un asunto judicial en el que está implicado un cliente de su banco.
También se escucha comentar la necesidad de rebajar los impuestos a la importación de trigo, otro de los negocios de Romero.
"Una persona que ha tenido una vinculación tan cercana con Montesinos debería abstenerse de participar en la vida política, y mucho menos postularse como vicepresidente, cualquiera sea el partido al que pertenezca", comentó a IPS el ex procurador anticorrupción e investigador del Instituto de Defensa Legal, Ronald Gamarra.
Pero las denuncias sobre Woodman no son las únicas que empañan la transparencia de las elecciones de las cuales saldrá el reemplazante de Alejandro Toledo.
También aparece cuestionado el compañero de fórmula presidencial de Alan García, quien gobernó Perú entre 1985 y 1990 y que una vez más intentará llegar al gobierno en representación del socialdemócrata Partido Aprista Peruano.
García anunció que el almirante retirado Luis Giampietri Rojas, un veterano militar especializado en acciones de comando y de inteligencia, es su candidato a la primera vicepresidencia.
Giampetri es un declarado enemigo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y un crítico acérrimo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó los crímenes en el marco de la represión de las fuerzas de seguridad a los grupos insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre 1980 y 2000.
El líder socialdemócrata presentó a Giampietri como un experto en seguridad, fogueado en acciones de combate, y resaltó sus credenciales democráticas y personales. Pero obvió que el ex marino fue uno de los dos jefes operativos de la cruenta represión del motín de presos por terrorismo de la isla El Frontón, en junio de 1986, justamente durante el gobierno de García.
La Comisión de la Verdad determinó que los marinos fusilaron a numerosos reclusos que se rindieron en esa oportunidad y que luego fueron reportados como fallecidos en el intercambio de disparos. Por este caso, García afronta un juicio penal, en el que Giampietri es testigo.
Pero Giampietri, a pesar de las evidencias y los testimonios, niega las ejecuciones extrajudiciales y afirma que "lo del Frontón no fue una matanza, (sino que) fue un combate".
"Lo que pasó fue que a mí me mataron gente. Enfrentamos un proceso penal injusto, pero saldremos muy bien librados", apuntó.
El ex marino tampoco estuvo al margen del régimen de Fujimori. Formó parte de la lista del candidato a la alcaldía de Lima, Juan Carlos Hurtado, por el movimiento Vamos Vecino, una de las organizaciones de fachada del fujimorismo.
Hurtado, cuya campaña fue financiada por Montesinos, es hoy un prófugo de la justicia desde que se difundió un vídeo donde se observa que el entonces asesor de Fujimori le entrega una maleta con fajos de billetes de dólares.
El problema no es sólo que Woodman y Giampetri tienen antecedentes que ponen en cuestión su transparencia. El problema es que no se arrepienten y justifican sus actos.
Woodman, por ejemplo, no obstante sus públicas relaciones con Fujimori, Montesinos y Romero, quien por cierto afrontó un juicio por tráfico de influencias, es un crítico permanente y enemigo declarado del sistema legal anticorrupción.
"La ciudadanía no quiere ver a personajes vinculados a la corrupción y a la mafia fujimontesinista en la arena política, tampoco ocupando cargos públicos", sostuvo el ex procurador anticorrupción Gamarra.
Y en el caso de Giampetri, los analistas precisan que es un encarnizado opositor de la desaparición de los tribunales militares, que durante el mandato de Fujimori vulneraron los más elementales derechos de los civiles acusados de pertenecer a las organizaciones insurgentes.
Fujimori y Montesinos se denuncia que usaron a los jueces militares para perseguir y castigar a sus enemigos, y para exceptuar de la justicia ordinaria a sus colaboradores. Numerosos militares acusados de violar los derechos humanos y de pertenecer a organizaciones de narcotraficantes, fueron protegidos por los tribunales castrenses.
Si llegara al gobierno, se teme que Giampietri trate de desactivar los juicios que enfrentan los militares acusados de cometer crímenes contra la humanidad en el marco de la llamada "guerra sucia" contra la guerrilla, pues el precandidato de García considera que se trata de una "venganza contra quienes arriesgaron la vida para alcanzar la pacificación del país".
"La postulación de Luis Giampietri como candidato a la primera vicepresidencia en la plancha de Alan García es coherente con la posición del Partido Aprista Peruano a favor de la impunidad y contra las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos", indicó a IPS Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
"Giampietri no sólo ha sido investigado por la matanza de El Frontón, sino que siempre ha sido un abierto defensor de todos los militares procesados o investigados por delitos de lesa humanidad", apuntó Cano.
"Con su candidatura, se compromete la posición de testigo que Giampetri tiene en el juicio seguido contra García, quien es la cabeza de la plancha presidencial a la que pertenece el ex marino", apuntó.
"Es un hecho que García y Giampietri se han puesto de acuerdo para que todo quede en nada, en la impunidad", expresó Cano.
Las encuestas ubican a Flores a la cabeza de las preferencias para suceder a Toledo, seguida del dirigente indígena Ollanta Humala, con una pequeña ventaja sobre García. (
