Mientras España conmemoraba el Día de la Constitución, estallaron en su capital cinco pequeños artefactos explosivos colocados por el grupo terrorista ETA y en medios políticos avanzó el convencimiento de que a corto plazo se iniciarán negociaciones para poner fin a la violencia.
Los cinco artefactos, distribuidos en las carreteras que circundan Madrid, provocaron pequeños daños materiales y en especial colapsaron el tráfico y lograron que ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) ocupara la primera plana de los servicios informativos este martes, cuando se celebra la aprobación hace 27 años de la vigente Constitución.
Horas antes, ETA hizo estallar otros dos artefactos explosivos en sendas oficinas de Correos, una en Guipúzcoa, una de las tres provincias que integran el País Vasco y otra en Navarra, la comunidad autónoma que rechazó en referéndum integrarse a su vecina, pero que los nacionalistas de todos los matices la siguen considerando parte del mismo territorio.
ETA surgió en los últimos años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y al iniciarse el proceso de democratización (1976-1977) todos los presos de esta organización armada fueron amnistiados, algunos se integraron a la vida política y otros volvieron a las acciones de violencia.
Desde entonces se instalaron dos procesos de negociaciones entre ETA y el gobierno de España, con el objetivo declarado de buscar un acuerdo que pusiera fin al uso de las armas.
La primera mesa de diálogo se montó en Argel durante la administración del socialista Felipe González (1982-1996), y la segunda en Suiza cuando ya gobernaba el centroderechista José María Aznar. Ambas instancias fracasaron.
Los atentados de este martes se producen en momentos en que tanto fuentes gubernamentales como del brazo político de ETA dejan trascender —pidiendo que no se citen sus nombres— que de un momento a otro se anunciará el fin de la violencia y el comienzo de las negociaciones.
Para el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ese fin debería ser total, un verdadero "abandono de las armas", mientras que los etarras lo plantean como una tregua, condicionada a que las negociaciones avancen positivamente.
En un aparte con un grupo de periodistas en el acto de celebración del aniversario de la Constitución, realizado este martes en el Congreso de los Diputados, se le preguntó a Zapatero si el gobierno negociará con ETA. "Si se abre la puerta, expresaremos cuál es el camino, pero al día de hoy no es responsable hacerlo", respondió.
Además, recordó que España sufre el terrorismo desde hace 30 años y que "recuperar ese tiempo también va a llevar tiempo", pues no cree que la solución sea fácil sino que se transitará por un camino "largo, duro y difícil".
Pero no sólo "hablaron" las pequeñas bombas sino que ETA distribuyó un día antes su boletín informativo, Zutabe, en el que sus dirigentes manifiestan estar aburridos de recibir peticiones de tregua y sugieren a quienes se las hacen llegar que se las envíen a los gobiernos de España y de Francia.
Según los etarras, son esos gobiernos los que deben dar los pasos previos reconociendo el derecho a la autodeterminación y "la desactivación" de las fuerzas de seguridad del Estado en las tres provincias que integran el País Vasco, en Navarra y en los tres departamentos franceses que los nacionalistas consideran vascos.
El grupo terrorista es terminante al puntualizar que "que la solución al conflicto debe llegar a través del diálogo y de un acuerdo entre todos lo agentes". Y que "los pasos de una sola parte o una tregua no traen la solución".
Para esas demandas hay respuestas claras. Ni el gobierno francés ni el español aceptarán reconocer el derecho de autodeterminación en sus territorios ni desactivarán sus fuerzas de seguridad en los mismos.
Por el contrario, fuentes gubernamentales españolas señalaron a IPS que las fuerzas de seguridad seguirán actuando como hasta ahora, coordinando toda la información que puedan con las francesas y reprimiendo a ETA, "que nunca ha estado tan golpeada y débil como ahora".
De hecho, ETA no ha cometido ningún atentado mortal desde mayo de 2003, en ese lapso han sido detenidos decenas de sus miembros, incluyendo su dirección, la que fue reemplazada.
Además, como señala el ministro del Interior del País Vasco, el nacionalista moderado Javier Balza, ETA sabe que su tiempo ha pasado, que "la forma de vida, de pensar, de trabajar, de vivir en familia (de la sociedad vasca) ha superado hace ya bastante tiempo cualquier comprensión (de la violencia), incluso respecto de quien utiliza la violencia para defender parámetros políticos".
En la citada edición de Zutabe, el grupo armado informa de la expulsión de sus filas de seis ex dirigentes suyos de alto nivel, actualmente presos y quienes firmaron una carta planteando el fin de la violencia. En la misiva, enviada en agosto de 2004, señalaron que "esta lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve". "Esto es morir a fuego lento", dijeron.
Es sugestivo que su expulsión se produzca cuando en medios políticos se espera que al menos el grupo declare una tregua y se recuerda que en 1998 ocurrió algo similar, 13 días antes de declarar la tregua por tiempo indefinido que llevaría a las negociaciones que se realizaron en Suiza.
La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el lunes que las autoridades esperan "de la banda terrorista ETA el fin de la violencia". "Esperamos que cese la violencia definitivamente y albergamos razonables esperanzas de que eso ocurra", destacó.
Si ocurriera, el Gobierno pondría en marcha el proceso autorizado por el Parlamento el 16 de mayo, con la sola oposición del centroderechista Partido Popular, por el cual se pondría en marcha una negociación con ETA, cuyos puntos principales serían la suerte de los militantes de esa organización presos y de los fugados al exterior.
Fuentes oficiales admitieron que hay disposición, tanto del gobernante Partido Socialista Obrero Español, como de los nacionalistas moderados y de Izquierda Unida, para aprobar un plan de integración que se aplicaría de manera paulatina y que a medio plazo implicaría la liberación de los presos y el retorno de los huidos. No sería de un día para otro, aclararon.
Lo que está fuera de duda para el gobierno y las fuerzas políticas mayoritarias es que no se aceptará el derecho a la autodeterminación, aunque los partidos políticos que lo deseen podrán seguir planteando ese u otros objetivos, "mientras lo hagan respetando las reglas democráticas".
