España finaliza el año con incertidumbres sobre su futuro como nación, que se visualizaron en el último mensaje del rey Juan Carlos en la fuerza con que defendió la Constitución vigente y al atribuir al nacimiento de su nieta Leonor la garantía de continuidad de la Corona.
La fortalecida reivindicación nacionalista de Cataluña, una de las 17 Comunidades Autónomas que integran España, puede dar un paso adelante antes de concluir el año, pero su enfrentamiento con el poder central pasará a 2006, con pronósticos que hablan de un pacto moderado y otros que vaticinan la convocatoria de elecciones anticipadas.
El proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado por el parlamento de Cataluña, que se debatirá en el de España a principios del año que entra, sigue sin lograr consenso a pesar de que catalanistas y españolistas cedieron en algunos puntos.
Esa negociación en marcha debería finalizar su primera etapa entre este martes y el viernes, para entrar después en la fase de definición, en la que dos puntos serán vitales: la denominación de Cataluña como nación y su grado de participación en los presupuestos generales del Estado.
También en 2006 continuará siendo un punto de fricción el País Vasco, donde el gobierno español presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero aspira a lograr que el grupo terrorista ETA admita su derrota, renuncie formalmente al uso de la violencia y con ello facilite que fuerzas políticas afines puedan dialogar sobre el futuro de esa Comunidad Autónoma.
Las dos fuerzas políticas mayoritarias en España, el gobernante Partido Socialista Obrero Español y el opositor y centroderechista Partido Popular (PP) se oponen a que Cataluña, el País Vasco o cualquier otra comunidad sea definida como nación, algo que reivindican los nacionalistas de las mismas.
El rey Juan Carlos comenzó su mensaje navideño por afirmar que "España es una gran nación", omitiendo cualquier referencia a Cataluña, al País Vasco u a otra comunidad, para asegurar después que las últimas décadas vividas en este país "no tienen precedentes en términos de paz, progreso y libertad".
Agregó que todo ello se debe "a la reconciliación, a la concordia y al amplio consenso que permitieron alumbrar nuestra Constitución", aprobada en 1978 y cuyo texto fue elaborado de modo consensual por un grupo parlamentario en el que estuvieron representados todos los partidos.
Además, el monarca puntualizó que este país "es hoy una realidad de libertad y progreso, organizado territorialmente en el respeto a su rica pluralidad y diversidad" y que "frente a las tensiones y las divisiones debe prevalecer (à) la búsqueda del más amplio consenso en el marco de las reglas, principios y valores de nuestra Constitución".
Tras emitirse el mensaje, el PSOE reaccionó valorando positivamente que el Rey apostase por el diálogo y el consenso, en tanto que el PP, que considera que las negociaciones del gobierno con los catalanes pone en peligro la Constitución, destacó el llamado real a defenderla entre todos.
Una clave de la posición de todos los nacionalismos la dio el portavoz del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) que gobierna en esa región, Josu Erkoreka, quien dijo que comparte los valores universales realzados por el monarca y en ese sentido manifestó su deseo de que "estos valores también se hagan efectivos en mi patria, en mi nación, es decir en Euskadi (País Vasco).
En la misma línea, pero con más dureza, se pronunció Mikel Arana, portavoz de Ezker Batua (Izquierda Unida), que integra la coalición gobernante en el País Vasco encabezada por el PNV.
Arana sostuvo que las palabras del Rey referidas a la Constitución, a la convivencia y a la unidad de España constituyen "una incursión inaceptable" en política, porque, añadió, "corresponde a los partidos políticos y a la ciudadanía decidir y pactar sobre estas cuestiones y no a la Corona".
Como un anticipo de la falta de acuerdo en torno al Estatuto de Cataluña, el presidente del parlamento de esa Comunidad, Ernest Benach, también después de escuchar a Juan Carlos I, expresó que "a final de año se verán síntomas claros de que será posible alcanzar un preacuerdo, pero no creo que haya tiempo para un acuerdo completo", previendo que la negociación se hará en febrero.
No obstante, condicionó el éxito del preacuerdo a que lo sea especialmente sobre el modelo de financiación.
Desde que rige la actual Constitución, las comunidades con menor desarrollo y menor porcentaje del producto interno bruto (PIB) reciben los mismos fondos del Estado central que las más desarrolladas. Ese sistema fue concebido para lograr un avance equilibrado y se ha traducido en un fuerte despegue de regiones como Extremadura, Galicia y Andalucía.
Pero Josep Antoni Durán, dirigente del nacionalismo moderado de Cataluña, planteó que en el nuevo Estatuto eso debe cambiar, porque, "si una región aporta 130 al Estado y otra sólo 70, lo lógico es que la que más aporta reciba fondos por 110 y la que menos por 90, pero no que se iguale a 100". Este punto y la denominación de Cataluña como Nación y de sus competencias como tal serán los más conflictivos de la negociación.
En medio de esta polémica toma particular relevancia la frase del Rey incluida en su mensaje en la que dice que "para la Corona, el año concluye con el muy feliz nacimiento de la infanta Leonor, que amplía y garantiza la continuidad en la sucesión".
De ese modo, Juan Carlos I se refirió a que él será sucedido por su hijo, el príncipe Felipe, y éste por su recién nacida hija, Leonor.
Sin embargo, el cuestionamiento de la monarquía es cada vez más fuerte. Uno ejemplo de ello es la encuesta realizada el 22 de noviembre por el diario digital El Confidencial en la que, si bien 54 por ciento de las 7.033 personas consultadas respondieron que sí "creen que la monarquía en España es todavía un sistema válido", el 46 por ciento restante respondió que no.
Los pronósticos para 2006 los anticipó este lunes en rueda de prensa el número dos del PP, Ángel Acebes, quien sostuvo que, con la tramitación del Estatuto catalán, Zapatero "se ha metido en un callejón sin salida".
En las primeras semanas de 2006 estará la respuesta, porque si Zapatero mantiene su posición de negarle el carácter de nación a Cataluña, el nacionalismo catalán no lo aceptará. Y ello llevaría a que los diputados de parte de la coalición gobernante en Cataluña, que dieron sus votos en el Parlamento de Madrid para nombrar jefe del Gobierno a Zapatero, le retiren su apoyo.
Con ello, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas sería un hecho.