Cuando faltan sólo 11 días para las elecciones de Bolivia, los dos candidatos a la presidencia que encabezan las encuestas de intención de voto, Evo Morales y Jorge Quiroga, apelan a todos los recursos a su alcance para atraer al casi 13 por ciento de indecisos.
La recta final está marcada por estrategias orientadas a disminuir la credibilidad del contendor y así lo ha demostrado el último episodio en que el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales, desacreditó un aviso de televisión de su oponente, el frente derechista Poder Democrático y Social (Podemos), al revelar los datos incorrectos que allí se presentaban.
El polémico spot publicitario de Podemos presentaba a un supuestamente verdadero obrero textil que expresaba su temor de perder el empleo en un eventual gobierno izquierdista de Morales. Pero el MAS descubrió la falsa identidad del personaje quien, además, trabaja en realidad en la casa de campaña de Quiroga.
Inmediatamente después de esta escaramuza, una encuesta de la empresa Ipsos-Captura para el grupo de periódicos Líder otorgó el primer lugar al líder indígenas Morales, con 32,8 por ciento de preferencias entre los consultados, relegando al segundo puesto al ex presidente Quiroga (2000-2001), con 27,7 por ciento, seguido de los indecisos que llegan a 12,8 por ciento.
Muy por debajo, con sólo 9,4 por ciento de las adhesiones, quedó el centroizquierdista Samuel Doria, quien había iniciado la campaña en segundo lugar en las encuestas, detrás de Quiroga, tras construir con su partido Unidad Nacional un esquema electoral sustentado en la unidad de un empobrecido occidente con el más pujante oriente del país.
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Sin embargo, en opinión de la analista política María Teresa Zegada, los indicadores de las encuestas son relativos en medio de una guerra sin cuartel entre los partidos interesados en ganar el apoyo de los indecisos, según explicó a IPS.
Los portavoces de Podemos no respondieron a la consulta de IPS sobre el impacto del mensaje impugnado por los seguidores de Morales.
Por su parte, en filas del MAS se mantiene un discreto silencio, aunque uno de sus portavoces de campaña explicó a IPS, a condición de mantener el anonimato, que los sucesivos ataques a Morales están generando una adhesión solidaria de un segmento del electorado.
Pero una declaración encendida del senador izquierdista y dirigente campesino Román Loayza, amenazando con un golpe de Estado en caso de que se desconociera una posible victoria de Morales en las urnas, dio lugar a un contraataque del partido de Quiroga, que denunció el tema al presidente interino de Bolivia, Eduardo Rodríguez.
Loayza había firmado que el MAS ya había "conversado con algunos militares y con algunos (efectivos) de la Policía, (y que) posiblemente sin echar sangre, vamos a entrar al Palacio".
Desde la sede presidencial la orden impartida a la fiscalía fue concreta y clara: Morales, su candidato a vicepresidente, Álvaro García Linera y el mismo senador Loayza deben ser investigados para determinar si existe una conspiración para la toma del poder por medios violentos.
En respuesta, Morales señaló que su partido colaborará para esclarecer el tema y, al ratificar su espíritu democrático, restó crédito a Loayza, un senador indígena caracterizado por realizar anuncios agresivos y altisonantes.
Mientras, el portavoz de Podemos, Hernán Terrazas, calificó de oportuna la intervención del gobierno y atribuyó a Morales un llamado a la insurrección armada. Recordó que el candidato vicepresidencial del MAS, García Linera, advirtió de la existencia de cuatro sectores dispuestos a generar caos en caso de que el partido de izquierda no alcance el primer lugar en la votación.
"Son amenazas autoritarias y sediciosas. Se debe caer el disfraz democrático del MAS", dijo Terrazas, echando más leña al fuego.
El uso de los medios de comunicación como campo de guerra política no es nuevo en este país. En la pasada campaña electoral de 2002, el capitán de ejército Manfred Reyes era el favorito en las encuestas, pero unos días antes del fin de la campaña una desacertada actuación en televisión frente a un parcializado panel de periodistas debilitó su imagen.
Tras quedar en tercer lugar detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada y el propio Morales en las elecciones presidenciales de entonces, Reyes denunció un fraude electoral, aunque meses después firmó una alianza de gobierno con el ganador.
Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la denominada "guerra del gas" que terminó con el saldo de más de 60 muertos a manos de la represión y su entonces vicepresidente, Carlos Mesa, asumió el gobierno por mandato del Congreso legislativo hasta junio pasado, cuando el descontento popular y una oposición política férrea también lo obligó a renunciar.
Para cubrir el cargo dejado por Mesa fue nombrado por el Congreso, como lo establece la Constitución, el hasta ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez, con el compromiso de convocar a elecciones generales este año, que finalmente se concretarán el 18 de este mes.
En esta fecha están convocados a las urnas unos cuatro millones de ciudadanos para elegir, además del presidente y vicepresidente de Bolivia, a los nuevos integrantes de las dos cámaras parlamentarias y, por primera vez, se designará por voto directo a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos en que se divide el país.
En caso de que el candidato presidencial ganador no reúna al menos un voto más del 50 por ciento de los emitidos para asumir el gobierno de modo directo, será el Congreso el encargado de elegir entre los dos que logren más sufragios. Quien de ellos sume el respaldo de dos tercios de los parlamentarios se constituirá en el presidente de Bolivia a partir de enero.
La analista Zegada entiende que, tras la votación del domingo 18, no habrá un ganador absoluto y prevé un escenario de difícil gobernabilidad parlamentaria y conflictiva relación del Poder Ejecutivo con la sociedad civil dividida entre las regiones del oriente y del occidente del país.
En este escenario preocupante, los ganadores deberán buscar acuerdos mínimos para garantizar una administración estatal gobernable, puntualizó.
