Cada vez más acorralado por la justicia y abandonado por sus antiguos apologistas, el ex dictador Augusto Pinochet volvió a ser noticia en Chile este año y mantendrá protagonismo en el que entra, pese a que el presidente Ricardo Lagos y otros políticos dicen que es «un personaje del pasado».
La derecha se empeña ahora en distanciarse de Pinochet "por razones de imagen pública", ya que la figura del ex dictador le resta posibilidades en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 15 de enero, comentó a IPS, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).
Ese día se enfrentarán en las urnas la socialista Michelle Bachelet, la candidata de la gobernante coalición de centroizquierda que obtuvo 46 por ciento de los votos en la primera vuelta del 11 de este mes, y el empresario Sebastián Piñera, un político neoliberal apoyado por los sectores civiles que gobernaron con Pinochet entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
Piñera, del Partido Renovación Nacional, alcanzó 25,4 por ciento de los sufragios y recibió el respaldo de Joaquín Lavín, quien registró 23,2 por ciento como candidato de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más "pinochetista" de la política chilena.
El ex dictador tuvo su peor año en 2005, no sólo por la acumulación de procesos en su contra por crímenes represivos y corrupción, sino también porque la campaña para los comicios presidenciales y parlamentarios estimuló a la derecha, y en particular a Lavín y a la UDI, a dejarlo definitivamente de lado.
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A sus 90 años, el hombre que en 1983 aseguró que en Chile "no se mueve una hoja sin que yo lo ordene", recibirá el 2006 bajo arresto domiciliario, acompañado sólo por su familia y los generales Guillermo Garín y Luis Cortés, quienes lo secundaron durante su larga gestión de comandante del Ejército (1973-1998) y le guardan una compasiva lealtad.
Como un broche de oro para un año pleno de resoluciones judiciales sobre Pinochet, el lunes 26 la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo de la defensa del ex dictador y ratificó su procesamiento por cuatro delitos respecto de la Operación Colombo, la maniobra con que en 1975 se ocultaron los asesinatos y desapariciones de 119 izquierdistas.
"Recibimos con bastante satisfacción el fallo. Nuestra presencia en los alegatos y los antecedentes aportados por nuestros abogados, que han demostrado conocimiento y responsabilidad en este juicio por la Operación Colombo, han permitido el rechazo de este recurso", señaló Pizarro.
La defensa del ex dictador pretendía que la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia acogiera el argumento de la demencia senil de su defendido, que lo favoreció en otros juicios, y lo declarara mentalmente incapacitado para responder a las acusaciones, lo cual implica el sobreseimiento o cierre del proceso.
"Esperamos que este sea el camino para continuar adelante y que la Corte retome los procesos que cerró por esa supuesta demencia senil (de Pinochet) que ahora se ha comprobado que no existe", subrayó la presidenta de la AFDD.
En julio de 2002, la Corte Suprema absolvió por primera vez a Pinochet con el argumento de su incapacidad mental en el juicio que le seguía el juez Juan Guzmán por 57 homicidios y 18 secuestros en la llamada "caravana de la muerte", una misión militar especial que operó en octubre de 1973, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año.
Guzmán comenzó a procesar al ex dictador en abril de 2000, poco tiempo después de que regresara de Londres, donde estuvo bajo arresto desde octubre de 1998 a solicitud del juez español Baltasar Garzón, quien demandaba su extradición a Madrid para procesarlo por crímenes de lesa humanidad.
En aquella ocasión, el entonces ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, interrumpió el juicio de extradición y dispuso la libertad del ex gobernante de facto chileno por "razones humanitarias", invocando también los controvertidos diagnósticos de demencia senil.
Pinochet había entregado el 10 de marzo de 1998 la jefatura del Ejército al general Ricardo Izurieta para jurar al día siguiente como senador vitalicio.
A su regreso a Chile tras su arresto en Londres, renunció al Senado pero quedó bajo la protección de un estatuto especial para ex gobernantes que le otorgó inmunidad penal.
En ese escenario, los jueces encargados de investigar las acusaciones por crímenes represivos contra el ex dictador tienen que solicitar su desafuero a los tribunales cada vez que pretenden abrirle proceso.
Pinochet fue enjuiciado así por el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974, pero en marzo de este año la Corte Suprema lo absolvió con el argumento de la demencia senil.
Un segundo juicio por nueve homicidios y un secuestro en el marco del Plan Cóndor fue también cerrado el 15 de septiembre por el máximo tribunal, que esgrimió nuevamente razones de incapacidad mental del ex dictador.
El Plan Cóndor fue el sistema de coordinación que desde 1975 establecieron los aparatos represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a opositores a las dictaduras de esos países.
El blindaje de que gozaba Pinochet en la justicia chilena por su supuesta demencia comenzó a resquebrajarse tenuemente desde agosto de 2004, cuando una comisión investigadora del Senado de Estados Unidos hizo las primeras revelaciones sobre las cuentas secretas que el ex dictador chileno abrió en el exterior desde fines de los años 90.
El escándalo, que involucraba sobre todo al Banco Riggs, una casa financiera estadounidense, dio lugar a una investigación en Chile, primero a cargo del juez Sergio Muñoz y luego del magistrado Carlos Cerda, en la cual se ha establecido que Pinochet y sus familiares acumularon ilícitamente una fortuna del orden de los 27 millones de dólares.
El 10 de agosto, el juez Muñoz ordenó el procesamiento y arresto de la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, de 81 años, y del menor de los hijos del matrimonio, Marco Antonio, como copartícipes de delitos de evasión tributaria y de ocultamiento en cuentas en el exterior de dineros de supuesto origen ilegal.
El 23 de noviembre, cuando le faltaban dos días para su cumpleaños número 90, la justicia dispuso el arresto domiciliario del propio Pinochet, encausado luego por el juez Víctor Montiglio, quien investiga la demanda judicial por los crímenes de la Operación Colombo.
Durante este año, a medida de que aumentaban las evidencias sobre los actos de corrupción de Pinochet en el llamado "caso Riggs", la derecha fue acentuando su distanciamiento del ex dictador.
En mayo, Lavín dijo que, de haber conocido los antecedentes de corrupción de Pinochet, no habría apoyado al entonces dictador en el plebiscito presidencial de 1988, en el cual el entonces dictador fue derrotado por la oposición democrática.
Lavín señaló también en esa ocasión que compartía la opinión del presidente Lagos en cuanto a que "el general Pinochet es una persona políticamente del pasado, que está viejo y enfermo y que la justicia tiene que hacer su trabajo (en los procesos a que está sometido)".
"Es terrible lo que ha ocurrido. Para la derecha, el enriquecimiento ilícito es más grave que los miles de asesinados y desaparecidos que dejó la dictadura. Planteamos que Pinochet debe ser juzgado por todos sus delitos, incluyendo la corrupción, pero el valor de la vida parece que no le interesa a la derecha", dijo Lorena Pizarro a IPS.
Pero "la derecha siempre supo de los crímenes y de la corrupción", enfatizó la dirigente, recordando que en los años 80 se persiguió a periodistas que denunciaron la compra de una mansión para Pinochet con recursos públicos y que en 1994 se cerró la investigación de la irregular transferencia de tres millones de dólares a su hijo mayor, Augusto, invocando "razones de Estado".
