Para la mayoría de los keniatas es cada vez ms claro que el gobierno del presidente Mwai Kibaki no hace ms que dar largas a la formulación de una ansiada nueva constitución para este país de África oriental.
Lo más cercano fue el referéndum convocado el 21 de noviembre para decidir sobre un proyecto constitucional que dividió al gobierno de Kibaki por la mitad.
Cincuenta y siete por ciento de los sufragantes rechazaron el proyecto, mientras que 43 por ciento votó a favor. Por lo tanto, Kenia seguirá regida por la Constitución vigente desde la independencia de Gran Bretaña, en 1963.
Kibaki, junto con sus aliados del Partido Alianza Nacional de Kenia, respaldó el documento sometido a consulta popular.
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El Partido Democrático Liberal (el segundo grupo político de la gobernante Coalición del Arcoiris Nacional), se unió a la principal fuerza de oposición, la Unión Nacional Africana de Kenia, para conducir la campaña contra el texto.
Kibaki y sus partidarios promovieron un Poder Ejecutivo y una Presidencia más poderosos. Sus oponentes, en tanto, querían reducir los poderes del presidente y que los compartiera con un primer ministro.
Los críticos de Kibaki hicieron campaña sobre la base del "proyecto de Bomas" surgido de la Conferencia Constitucional Nacional, que propuso una reducción de los poderes presidenciales.
Según la Comisión de Evaluación de la Constitución de Kenia, la mayoría de los keniatas prefieren que los poderes del presidente sean recortados y compartidos con un primer ministro, para protegerse contra el abuso de poder bajo el que han vivido muchos años.
En 2002, la Comisión reunió los puntos de vista de los keniatas sobre los aspectos que querían incluir en el texto constitucional.
El camino hacia una nueva carta magna ha sido largo y sinuoso, caracterizado por la rivalidad política entre las dos facciones del gobierno, que se intensificó luego que los parlamentarios fieles a Kibaki alteraron los contenidos del proyecto de Bomas. El nombre de este texto se refiere al lugar donde fue redactado, el centro cultural Bomas de Kenia, en los suburbios de Nairobi.
El parlamento modificó el anteproyecto aunque no tena facultades para hacerlo, sólo podía aprobarlo o rechazarlo en su conjunto. Pero la iniciativa fue reemplazada por otra, el proyecto de Kilifi, que se inclinó por una figura presidencial poderosa y un primer ministro nominal, a ser designado por el mandatario.
El proyecto de Kilifi recibió el nombre del poblado costero donde un sector de los parlamentarios, principalmente del Partido Alianza Nacional de Kenia, redactaron las enmiendas al texto de Bomas.
Basándose en el anteproyecto de Kilifi, el fiscal general Amos Wako elaboró un proyecto constitucional final, que fue rechazado en el referéndum de noviembre. Este rechazo, según los analistas, demostró la falta de confianza popular en el gobierno de Kibaki.
La derrota llevó a Kibaki despedir a todo su equipo ministerial. Fue la primera vez en 42 años de independencia que un gabinete entero es destituido. Aunque volvió a restituirlo la semana pasada, siete ministros que pertenecían al Partido Democrático Liberal no volvieron a sus cargos.
El clamor por una nueva constitución continúa a cargo del Partido Democrático Liberal y de la Unión Nacional Africana de Kenia, que han conformado el Movimiento Democrático Naranja.
Organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Nairobi el 8 de diciembre, bajo los auspicios de Human Rights Network (Red de Derechos Humanos) de Kenia, para recomenzar el proceso constitucional que costó a los contribuyentes alrededor de 135 millones de dólares, según dijeron los activistas. La mayor parte del dinero fue gastada en salarios y pensiones de los 17 miembros de la Comisin, lo que ha dado pie a la pública indignación.
"Queremos nuestro legítimo lugar en la elaboración de la constitución. Les dejamos el proceso a los políticos y ellos lo estropearon. Ahora queremos tener los ojos abiertos para asegurarnos de que los keniatas obtengan la constitución que quieren, no la que fue creada por la política del día", dijo a IPS Cyprian Nyamwamu, integrante de la Human Rights Network.
Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el proceso que encabezan finalizar áen junio de 2007, tras minuciosas consultas con el sector privado, los partidos políticos y las organizaciones religiosas.
Pero quienes hacen campaña advierten que, para impedir que los políticos tomen las riendas del proceso nuevamente, se necesitan garantías. "Se necesita una ley para proteger el proceso de desafíos legales y políticos", dijo Ng'ang'a Thiong'o, abogado constitucionalista de Nairobi.
Thiong'o se refería al proceso anterior, que acabó en un rechazo popular, tras ser secuestrado por políticos que lo usaron como "un foro para defender sus propios intereses".
No obstante, Kibaki afirma que an está comprometido con una nueva carta magna para el país. "Mi gobierno facilitará las consultas para abrir el camino a un marco legal que guíe a la nación hacia el logro de una nueva constitución", señaló durante las celebraciones de la independencia, el 12 de este mes.
