Es probable que 2005 sea recordado como el año en que las palabras tortura y entrega (de prisioneros) se convirtieron en Estados Unidos en parte del vocabulario cotidiano.
El debate se suscitó a partir de la publicación del periódico The Washington Post de que la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) utiliza su flota de aviones secretos para la entrega ("renditions", en inglés) de sospechosos de terrorismo secuestrados a prisiones clandestinas que, se afirma, están instaladas en Europa oriental.
En ese informe periodístico se aseguró que los prisioneros son torturados, para lo cual se usan técnicas tales como lo que la CIA llama "waterboarding", equivalente al llamado "submarino", aplicado por las dictaduras latinoamericanas de los años 70, consistente en introducir la cabeza del detenido en un tanque de agua mientras se le sujeta por los pies hasta el límite del ahogo.
Otras técnicas de apremios físicos y psíquicos mencionados por el periódico son las falsas ejecuciones, el uso de grilletes, las amenazas con perros y las "celdas frías", en las que los prisioneros son recluidos desnudos a bajas temperaturas y continuamente empapados con agua fría.
La semana pasada, la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, recorrió Europa, respondiendo incisivas preguntas sobre el trato que Washington da a los prisioneros en la "guerra global contra el terror".
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El viaje de Rice tenía por objetivo reconstruir las dañadas relaciones de Estados Unidos con sus aliados europeos. En ese marco, la flamante canciller (jefa de gobierno) de Alemania, Ángela Merkel, se mostró particularmente ansiosa por terminar con las discusiones entre ambos países en torno a la guerra de Iraq.
Así que, antes de abordar su vuelo, Rice se sintió obligada a entregar una declaración en la que dijo que, como "asunto de política", Estados Unidos "no tortura", mientras esquivaba el tema de las cárceles secretas.
Pero en Europa, los temas de las torturas y las "entregas de prisioneros) se negaron a desaparecer del debate y siguieron en el centro de todas las apariciones ante la prensa realizadas por Rice luego de cada reunión con otros líderes de esa región.
Los asuntos fueron particularmente polémicos luego de informarse que el alemán Khaled al-Masri había demandando al ex director de la CIA George Tenet (1997-2004) porque esa agencia lo llevó de modo clandestino de Macedonia a Afganistán, donde fue mantenido incomunicado en una cárcel durante cinco meses.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles se está encargando del caso en representación de este ciudadano alemán..
La práctica de las entregas es conocida por haber sido implementada por la CIA durante algunos años.
Pero su frecuencia aumentó exponencialmente luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001en Nueva York y Washington, con docenas de prisioneros previamente secuestrados en Italia, Suecia y otros países europeos, así como en Estados Unidos, y enviados a países con conocidas historias de torturas a prisioneros.
Actualmente, Italia mantiene una demanda contra Estados Unidos por secuestrar a un ciudadano de ese país europeo.
El Centro para los Derechos Constitucionales presentó el primer desafío judicial este año. El caso está pendiente.
La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Louise Arbour, dijo que la lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos está erosionando la prohibición internacional de la tortura y otras formas de trato cruel o degradante a prisioneros. También sostuvo que mantener incomunicados a sospechosos equivale a torturarlos.
Pero los problemas de Washington con Europa son sólo los últimos en una larga lista de entregas y temas de torturas que comenzaron a salir a la luz al difundirse las fotografías de abusos de prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, bajo dirección de fuerzas estadounidenses de ocupación.
Estas revelaciones crearon una tormenta de protestas y preguntas que implicaron a otras prisiones militares en Iraq, la propia base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, la de la Fuerza Aérea de Bagram, en Afganistán, y otros centros de detenciones desparramados por Washington en el mundo.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo 15 investigaciones separadas de casos de abusos de prisioneros y entregas. Varios soldados alistados pasaron por cortes marciales y fueron enviados a la cárcel, y unos pocos oficiales de alto rango fueron reprendidos o degradados.
Pero no se le exigió ninguna responsabilidad a la CIA ni a los contratistas privados ni al gobierno estadounidense de George W. Bush.
Los críticos señalan que el gobierno de Bush fracasó en el entrenamiento de interrogadores y creó un ambiente de abuso legal utilizando el poder presidencial para designar a las personas como "combatientes enemigos" y, por lo tanto, negarles las protecciones a prisioneros establecidas en las convenciones de Ginebra.
Mientras, Guantánamo se convirtió en una pesadilla legal para Washington. Allí fueron enviados más de 800 presuntos terroristas, mayormente procedentes de Afganistán, con la frustrada intención de dejarlo fuera del alcance de la justicia estadounidense.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y otras organizaciones no gubernamentales presentaron demandas contra el gobierno, bajo la ley de Libertad de Información, por lo cual obtuvieron un tesoro de documentos en los que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) informaban que interrogadores militares abusan de los prisioneros.
Soldados de Estados Unidos también fueron acusados de asesinar a un detenido en Afganistán.
También se reclama ante la justicia que se rechace el sistema del Departamento de Defensa que le niega a los acusados de terrorismo los derechos legales más básicos, incluyendo el acceso a abogados, la oportunidad de ver las evidencias contra ellos —que a menudo son clasificadas— o de llamar a testigos para probar que están detenidos por error.
Varios tribunales civiles de Estados Unidos calificaron a ese sistema de inconstitucional.
A todo esto, una corte federal de apelaciones dictaminó por unanimidad que Bush tiene la autoridad para detener indefinidamente a un ciudadano estadounidense, José Padilla, arrestado en ese país, como combatiente enemigo.
Padilla fue acusado ante un tribunal civil por delitos menores hace dos semanas, para evitar que la Suprema Corte hiciera lugar a su apelación.
"Que un tribunal diga que cualquier persona encarcelada por el gobierno, especialmente un ciudadano del mismo país, puede ser detenido sin acceso a un juez para una audiencia que examine las pruebas y sin derecho al habeas corpus es atemorizante, y contrario a cientos de años de tradición legal", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de derecho de Florida.
Los expertos dicen que la tortura se volvió de modo tardío un tema central en los titulares del Congreso.
La senadora Lindsay Graham, del gobernante Partido Republicana, ex jueza militar, introdujo una medida para convertir en la guía absoluta sobre cómo deberían ser tratados los prisioneros al Código Uniforme de Justicia Militar, que prohíbe el trato cruel, inhumano o degradante de los detenidos. La medida fue aprobada por 91 votos y nueve en contra.
Al mismo tiempo, el Senado aprobó abrumadoramente una medida presentada por el también senador republicano John McCain para prohibir el trato cruel, inhumano o degradante de prisioneros por parte de cualquiera que represente a Estados Unidos, incluyendo la CIA.
Esa moción fue presentada para terminar con las presiones al Congreso de parte del vicepresidente Dick Cheney que tenían como fin exonerar a la CIA de esa prohibición expresa de torturar prisioneros. Las amenazas incluyeron un posible veto presidencial si era aprobada la medida.
Tras el fracaso de los objetivos del gobierno, el propio Cheney busca ahora un lenguaje que proteja los operativos ilegales de la CIA.
El Senado también aprobó una enmienda que indica que el secretario de Defensa debe informar al Congreso sobre los centros de detenciones clandestinos que el país posea en terceros estados.
Pero, al mismo tiempo, ese cuerpo liderado por los republicanos rechazó un esfuerzo de la oposición demócrata por establecer una comisión independiente que investigue las prácticas de interrogación militar de Estados Unidos.
Los legisladores del Partido Demócrata intentaban establecer un panel que siguiera los lineamientos de la llamada Comisión 11/9 (11 de septiembre) para investigar el trato a detenidos estadounidenses en Iraq, Afganistán y en el enclave militar de Guantánamo.
A menos de un año de las próximas elecciones legislativas y con Bush cayendo en las encuestas de popularidad, muchos republicanos y casi todos los demócratas luchan por distanciarse de las posiciones del mandatario.
Es probable que eso asegure que la tortura y las entregas de prisioneros no desaparezcan del diálogo nacional en lo inmediato.
