Estados Unidos recibió este año nuevos y sonoros abucheos por el progresivo endurecimiento de su política migratoria, que provoca la muerte de unos 300 inmigrantes cada año. Pero las críticas no le hicieron mella, y algunos vaticinan mayores dificultades en 2006.
Gobiernos, organizaciones civiles y expertos de América Latina reclaman a Washington la adopción de una política migratoria ordenada y respetuosa de los derechos humanos. De esta región proceden, por nacimiento y ascendencia, unos 40 millones de habitantes de Estados Unidos, ocho millones sin documentos en regla.
Pero, como en años precedentes, el pedido no parece caer en terreno fértil, y el flujo migratorio continúa.
Más de 400.000 inmigrantes habrían ingresado este año sin permiso a Estados Unidos, y se calcula que un millón de personas fueron detenidas y deportadas al fracasar en su intento, dijeron a IPS fuentes del gobierno de México, basándose en reportes preliminares.
La mayoría de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos proceden de México, que es además territorio de tránsito de emigrantes de todas las nacionalidades hacia el país vecino.
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En su intento por burlar los controles fronterizos —que incluyen cientos de policías armados, visores nocturnos, perros amaestrados y aeronaves no tripuladas—, murieron en la zona de frontera 324 mexicanos hasta el 15 de diciembre.
Muchos intentaban cruzar ríos a nado, atravesar desiertos con temperaturas extremas o viajar escondidos en compartimientos sellados de camiones y trenes.
Suman ya cerca de 3.800 los muertos en estas circunstancias desde 1993, cuando se volvieron más rigurosos los controles estadounidenses.
El año cierra con la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que contempla la construcción de 1.100 kilómetros de nuevos muros en la frontera de 3.200 kilómetros con México, y la criminalización de la inmigración indocumentada, que pasaría a ser un delito.
La iniciativa aún debe ser votada por el Senado y sancionada por el Poder Ejecutivo, un proceso que culminaría en la primera mitad de 2006. "No sorprendería que la nueva ley tropiece, pero eso sólo será un escollo en la ruta de endurecimiento que viene desde inicios de los años 90", dijo a IPS el académico Tomás Vergara.
El gobierno mexicano de Vicente Fox calificó el proyecto de "tontería" y pidió a Washington que le pusiera un alto, reclamo al que se sumaron las administraciones de Guatemala y Venezuela, numerosas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y parlamentarios de varios países.
Además, México anunció la preparación, junto con los gobiernos de América Central, de una ofensiva negociadora para impulsar ante Washington la adopción de políticas migratorias que reconozcan el aporte de los inmigrantes a la economía de ese país, den racionalidad a los flujos migratorios y respeten los derechos humanos.
Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos, paradójicamente construido con la participación de inmigrantes de muchas naciones, se muestra sordo y ciego a toda demanda externa sobre su política de contención de ingresos, señaló la organización no gubernamental mexicana Sin Fronteras.
Según Jorge Chabat, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, Washington profundizará en 2006 los rigores migratorios. "Es una realidad que lleva ya muchos años y que no tiene por ahora perspectiva de quiebre", dijo a IPS.
En mayo, se aprobó en Estados Unidos la ley Real ID Act (Ley de Identidad Real, en inglés), que impide la expedición de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, y dispone extender en 112 kilómetros los muros de seguridad de metal y concreto, erigidos en la larga frontera meridional.
Un mes antes de la aprobación de esa norma, a la que podría sumarse el proyecto que obtuvo en diciembre media sanción en la cámara baja, un grupo de "caza inmigrantes" irregulares conocido como Minuteman Project se desplegó en una parte de la frontera con México.
Además, surgieron varias iniciativas similares a la "Propuesta 200", una enmienda aprobada en noviembre de 2004 en el sudoccidental estado estadounidense de Arizona en el marco de las elecciones presidenciales, para restringir el acceso a servicios de salud y educación a inmigrantes sin residencia legal en ese distrito.
Otras iniciativas contra los inmigrantes, de momento sin fecha de aprobación, aparecen en Arkansas, Colorado y California, sudeste, centro y occidente de Estados Unidos, respectivamente.
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró su apoyo a Minuteman.
Desde inicios de la década de 1990, México y Estados Unidos dialogan periódicamente sobre las migraciones, pero sin muchos resultados.
En febrero de 2001, cuando los presidentes Fox y George W. Bush habían iniciado sus respectivos mandatos, se reunieron con el fin de discutir un acuerdo migratorio.
Entonces Fox afirmó que se habían "acabado las promesas" y se conseguirían "hechos". El 9 de septiembre del mismo año, aseguró que el acuerdo sobre inmigración se lograría antes del fin de 2001.
Pero, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año contra Nueva York y Washington, Estados Unidos dio prioridad a su seguridad fronteriza, empantanando la negociación. Más tarde, la invasión estadounidense a Iraq a espaldas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2003, determinó un fuerte distanciamiento de los dos gobiernos.
Ahora, la posibilidad de un acuerdo es remota, mientras nada cierra la llave del torrente migratorio.
Esa corriente insufla grandes bocanadas de aire a la economía de América Latina y el Caribe por la vía de las remesas familiares, pero también satisface una voraz demanda de mano de obra barata en Estados Unidos, en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
En 2004, los latinoamericanos y caribeños residentes en Estados Unidos enviaron a sus familiares 45.000 millones de dólares en remesas, el doble del monto registrado una década atrás, según el informe Panorama Social 2005 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Esos recursos rescatan de la pobreza a más de 2,5 millones de personas, sostiene la agencia de la ONU.
Poco más de la mitad del total de las remesas se dirigen a México y a América Central, 31 por ciento a América del Sur, y 14 por ciento al Caribe.
