La venalidad en Brasil es una «vieja práctica» que se alimenta hoy de las mismas fuentes del pasado. El gran escándalo de 2005 tuvo como única novedad al Partido de los Trabajadores (PT).
El izquierdista PT, nacido en 1980, construyó su imagen con la ética como bandera, pero "no hay diferencia cualitativa" con relación a otros casos, dijo a IPS Claudio Weber Abramo, secretario ejecutivo de Transparencia Brasil, organización no gubernamental especializada en corrupción y asociada a la homónima internacional.
Las "raíces institucionales" de recursos ilegales usados con fines políticos permanecen intactas en el país después de numerosos escándalos, y no hay propuestas concretas para eliminarlas, lo que hace prever que el problema continuará, diagnosticó.
Son dos las fuentes principales de los delitos de venalidad.
El Poder Ejecutivo brasileño dispone de la facultad de nombrar a "por lo menos 22.000 funcionarios" en cargos de confianza, es decir sin concurso ni mecanismo alguno de selección, por simple voluntad de la jefatura.
Esa "facilidad" constituye un arma en las negociaciones con el Poder Legislativo. El gobierno ofrece cargos a los partidos o a los legisladores a cambio de apoyo en el Congreso, ejemplificó Abramo.
Por ese mecanismo, todos los gobiernos, no solo el actual del PT, ampliaron sus bases parlamentarias conquistadas en las elecciones. Es una distorsión cuya erradicación no se discute, quizás porque no interesa a ningún partido, ya que los opositores también explotan esa debilidad "donde tienen poder", explicó el experto.
Una "segunda raíz" de la corrupción, el "presupuesto no obligatorio" que tiene vigencia en Brasil, permite al Poder Ejecutivo manipular los recursos públicos según sus intereses del momento, "usándolos para corromper", acotó.
Las licitaciones "desviadas" sirven a canjes de favores entre gobernantes y empresas proveedoras, violando las normas. El problema en Brasil "no son las leyes, sino su aplicación", según Abramo. La situación se agrava por la mengua de recursos en los órganos estatales de control.
Una visión distinta tiene Joao Sampaio Filho, productor de caucho natural del interior del estado de Sao Paulo, en el sur, y presidente de la Sociedad Rural Brasileña, una entidad del agronegocio. En su opinión, "el PT creó un nuevo modelo de corrupción"..
"Siempre hubo corrupción en Brasil, pero antes era practicada por personas, individualmente, y ahora involucra instituciones", como partidos enteros y el Congreso, y "dinero público" desviado de empresas estatales, arguyó.
"Antes, una empresa constructora sobrefacturaba sus costos y sobornaba a un funcionario público, ahora es el mismo gobierno el que corrompe parlamentarios", acotó.
Sampaio se refería a las denuncias bajo investigación parlamentaria desde junio, según las cuales dirigentes del PT y ex ministros desviaron recursos de entidades estatales como el Banco de Brasil, para sobornar a partidos y diputados con el fin de asegurar su apoyo a iniciativas del gobierno.
El "pillaje general" perjudica al agronegocio, porque "se paralizan proyectos importantes, y el Estado deja de cumplir funciones indispensables", como la vigilancia sanitaria que falló este año y permitió un rebrote de la fiebre aftosa en el oeste de Brasil en octubre, afectando las exportaciones de carne.
La corrupción "repercute más ahora porque involucra a la izquierda, pero no es distinta de la anterior", dijo a IPS Clovis Melo, vendedor de diarios en un kiosco de la meridional Río de Janeiro y militante decepcionado del mismo PT.
"El pueblo brasileño tiene hábitos que estimulan la corrupción y olvida rápidamente" los escándalos anteriores, por eso tiene la impresión de que el último es el más grave, sentenció.
En septiembre de este año fue detenido el ex alcalde de Sao Paulo, Paulo Maluf, al aparecer pruebas concretas de que desvió centenares de millones de dólares a "paraísos fiscales" como Suiza y la Isla de Jersey, probablemente de obras sobrefacturadas durante sus administraciones de la ciudad y del estado de Sao Paulo.
Maluf fue varias veces candidato a la Presidencia de Brasil por el derechista Partido Progresista, que agrupa a fuerzas remanentes que respaldaron a la dictadura militar (1964-1985). Sinónimo de corrupción, había logrado escapar a la justicia por la dificultad de obtener pruebas.
Bajo el régimen militar, Maluf fue alcalde entre 1969 y 1972 y gobernador del estado entre 1978 y 1982. Elegido por voto popular, regresó a la alcaldía entre 1993 y 1996.
Uno de sus antecesores en Sao Paulo, el fallecido Adhemar de Barros, era conocido en las décadas de 1950 y 1960 como el gobernador que "roba, pero hace", y no rechazaba el epíteto.
En 1969, guerrilleros urbanos que se oponían a la dictadura incautaron en una casa en Río de Janeiro un cofre con 2,4 millones de dólares que formaban parte del dinero ilegal obtenido por Barros. Se suponía que había ocho cofres similares, según la información del grupo armado.
El escándalo más recordado en la historia reciente de Brasil condujo a la renuncia del ex presidente Fernando Collor de Mello en 1992, tras un proceso de investigación y juicio político que le impidió presentarse a cargos electivos por ocho años.
Su brazo derecho financiero, Paulo Cesar Farias, acusado de desviar millones de dólares, fue asesinado en 1996.
En 1993, la corrupción podía ser definida como "institucional", ya que 11 diputados de varios partidos fueron inhabilitados y otros renunciaron después de comprobarse que desviaban recursos del presupuesto. Por eso fueron apodados "enanos del presupuesto".
Como se mantienen las "condiciones objetivas" que favorecen la corrupción, no tendría ningún efecto positivo la aprobación del financiamiento público de las campañas electorales, afirmó Abramo, discrepando con muchos que consideran esa medida capaz de reducir de forma marcada la venalidad política.
Además del exceso de nombramientos políticos de funcionarios y del presupuesto laxo, existen otras fallas estructurales que favorecen la desviación de recursos públicos, como la excesiva autonomía de los gobiernos estaduales y municipales, la multiplicación de municipios de escasa población y la "ineficiencia general del Estado brasileño", concluyó el dirigente de Transparencia.
