La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE) ha iniciado contactos con los partidos políticos con el fin de elaborar y aprobar un pacto con organismos estatales para potenciar la asistencia a los países pobres.
El objetivo del llamado Pacto de Estado para la Cooperación Internacional es que España pueda cumplir efectivamente la parte que le corresponde para luchar contra la pobreza en el mundo, explicó a IPS el presidente de CONGDE, David Álvarez Rivas.
La CONGDE agrupa a medio millar de grupos de la sociedad civil dedicados a la cooperación para el desarrollo, los que suman unas 1,5 millones de personas asociadas y mueven un presupuesto anual de 525 millones de euros (631 millones de dólares), según la última cifra de que dispone, correspondiente a 2003.
De ese total, 47 por ciento proviene de aportes de los socios y de donaciones particulares, 31 por ciento de comunidades y municipios, 13 por ciento del gobierno español y nueve por ciento de la Unión Europea.
Álvarez Rivas, ex presidente de la organización no gubernamental Comercio Justo, está convencido de que la CONGDE debe "presionar al mundo político para cambiar la agenda política" y que ésta incorpore seriamente los medios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.
Las también llamadas metas del milenio fueron resueltas en la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de 2000 como un programa para abatir a la mitad en 2015 la pobreza extrema y el hambre en el mundo, reducir la desigualdad, mejorar la salud y la educación, según los indicadores de 1990, y adoptar un modelo de desarrollo respetuoso del ambiente.
Todos los partidos políticos, sin excepción, contestaron a la invitación de la CONGDE informándole que la aceptan y que participarán en las tratativas, que se iniciarán a mediados de enero con la esperanza de concluirlas a mitad de 2006.
Lo fundamental del Pacto será establecer las normas para que España pueda cumplir con el compromiso declarado por el jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al asumir el cargo en mayo de 2004, de que antes de finalizar esta legislatura, en 2008, la ayuda al desarrollo sea de 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que en la siguiente se llegue a 0,7 por ciento.
España se cuenta entre los países industrializados que se comprometieron a alcanzar y en lo posible pasar esa línea de 0,7 de sus PIB de cooperación al mundo en desarrollo, dispuesto en la ONU en 1970. Hasta ahora los únicos países europeos que lo lograron son Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo.
El compromiso expreso de Zapatero fue recordado en conversación con IPS por Juana Bengoa, directiva de Solidaridad Internacional (SI), una de las organizaciones más fuertes y que fue presidida por Leire Pajín hasta mayo de 2004, cuando fue designada Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, cargo que ejerce en la actualidad.
Bengoa considera que la vigente Ley de Cooperación Internacional, aprobada en 1998 con el apoyo de todas las fuerzas políticas, es un marco normativo suficiente y que no debe ser cambiada.
Pero, añadió, el Pacto que se negociará con los partidos políticos, además de asegurar medidas para que se cumpla el compromiso del 0,7 por ciento del PIB de ayuda, debe mejorar la calidad de la cooperación, para que se invierta en servicios sociales básicos y en proyectos orientados a erradicar la pobreza.
Para que eso sea posible, concluyó, debe existir una concertación entre los actores sociales que permita pactar con los grupos políticos.
Un tema que será discutido es el de la aplicación de los fondos. En los dos últimos años de los que se dispone información (2003 y 2004), casi la mitad del dinero destinado por España a ayuda humanitaria fue gestionada por el Ministerio de Defensa.
Al mismo tiempo, el peso de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) vio caer su participación en la gestión de esa ayuda de 25 a 15 por ciento, según un estudio del no gubernamental Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Además, parte de los fondos que fueron contabilizados como ayuda humanitaria en realidad fueron créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), del Ministerio de Economía, según Rafael Vila-Sanjuán, director general de la no gubernamental Médicos sin Fronteras.
Los Fondos se otorgan a determinados países, con el compromiso de que sean utilizados para comprar bienes o contratar servicios de empresas españolas, tienen intereses bajos, un plazo de hasta 20 años para ser pagados y un período de gracia de dos a tres años.
Ante catástrofes naturales o derivadas de conflictos bélicos, la reacción de la sociedad española es positiva y en especial despierta el interés de cooperación de los gobiernos locales y de los municipios, que destinan fondos de sus propios presupuestos.
Francisco Rico, del IECAH, señaló que eso es positivo, pero que tiene como lado negativo "el riesgo de dispersión" y la falta de compromisos en crisis crónicas, como él considera que es la que afecta a Sudán.
Por ello, Vila-Sanjuán cree que España debe establecer zonas prioritarias a las que dirigir su cooperación y mantener fondos estructurales que puedan ser activados con rapidez cuando surja una emergencia.
Vila-Sanjuán también critica que se considera ayuda humanitaria toda la actividad que realizan las fuerzas militares, sin desglosar claramente los sectores en los que se gasta o invierte el dinero. Así, recuerda que "el alineamiento (con Estados Unidos) a favor de la guerra de Iraq se disfrazó de acción humanitaria".
Eso no le parece correcto pues, precisó en declaraciones al diario madrileño El Mundo, "a las ONG (organizaciones no gubernamentales) de los países que envían ejércitos humanitarios nos convierten en parte del conflicto, porque los militares nunca son neutrales aunque estén en misión de paz. Y la independencia es uno de los principios básicos del derecho humanitario internacional".
