El gobierno de Estados Unidos falló en su carrera desesperada por hacer entrar en vigor este domingo el tratado de libre comercio firmado con cinco países de América Central y República Dominicana, a la par de que endurece su política migratoria.
La cautela de los centroamericanos a la hora de la ratificación parlamentaria del acuerdo, más conocido como DR-Cafta por sus siglas en inglés, y del cumplimiento de varias de las condiciones requeridas obligaron a diferir su puesta en marcha, mientras crece la incertidumbre sobre sus beneficios para los países más pobres.
Por otro lado, la administración estadounidense de George W. Bush comenzó a dar señales fuertes sobre su intención de relacionarse con los vecinos latinoamericanos apelando otra vez a la política del garrote y la zanahoria, al aprobar la ampliación del muro en la frontera de sus cuatro estados con México para aumentar el control del ingreso de inmigrantes.
Los países que hasta ahora reúnen mejores condiciones para poner en vigencia el DR-Cafta son Honduras y El Salvador, que a su vez están entre los que más dependen del ingreso por concepto de remesas de emigrantes radicados en Estados Unidos.
Empero, ni esos países ni el resto de los firmantes del acuerdo el 24 de mayo de 2004 en Washington, que son Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Republica Dominicana podrán hacerlo, pese a las presiones del gobierno de Bush y de congresistas.
La ansiedad de Washington había quedado marcada a mediados de mes con las declaraciones de Christian Baker, portavoz de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, quien dijo que su país estaba preparado para que el tratado entrara en vigencia el 1 de enero, como se había previsto, pero con los países que hubiesen implementado las condiciones necesarias.
A esto siguió una particular sucesión de visitas de diplomáticos y congresistas estadounidenses a la región para intentar evitar otro traspié en la política externa de ese país, en razón de que este tratado de libre comercio había sido calificado por Bush en julio, cuando solicitó la ratificación al Congreso, como un tema de seguridad nacional.
Así, una delegación de siete congresistas de Estados Unidos viajó para reunirse con la Comisión de Asuntos Internacionales de Costa Rica, con el fin de acelerar la ratificación del tratado, ya que este país es el único que aún no lo ha hecho y lo tratará sólo luego de que se levante el actual receso impuesto hasta las elecciones del 5 de febrero.
El legislador demócrata Gregory Meeks comentó que Costa Rica no puede depender de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que permite el ingreso de la mayoría de productos de la región libre de aranceles y la cual es unilateral por parte de Estados Unidos y tiene vigencia indefinida.
La velada amenaza de que pueda cerrarse por parte de Washington fue denunciada como una presión indebida por el diputado costarricense José Miguel Corrales, de Unión Patriótica.
Similar fue la reacción de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Costa Rica, Mark Langdale, al señalar al diario local La Nación que este país centroamericano podía perder su reputación internacional si no aceleraba la aprobación del acuerdo.
El sindicato de los funcionarios estatales protestó por las declaraciones del diplomático y denunció la amenaza de finalización de la ICC como una intromisión en los asuntos internos del país.
Ante la evidente reticencia de los costarricenses, los representantes estadounidenses fueron enfáticos en que el tratado era imposible de renegociar.
En el caso de Nicaragua, se prevé que recién podrá estar listo el funcionamiento del acuerdo en febrero, pues aún se requiere aprobar leyes respecto de la propiedad intelectual y derechos de autor para tipificar mejor los delitos relacionados con la piratería, licencias y uso de marcas, explicó su viceministro de Fomento, Industria y Comercio, Julio Terán.
Los expertos atribuyen la demora de la puesta en marcha del DR-Carta al hecho de que es complejo, porque participan varias naciones aunque sus características son de bilateralidad, es decir de cada uno de los países con Estados Unidos.
Pero sólo el jueves el ministro de Industria y Comercio de Honduras, Irving Guerrero, admitió que su país tampoco estaba preparado para hacer andar el acuerdo este domingo, pese a que el Congreso legislativo aprobó ya las normas requeridas respecto de la propiedad intelectual, de orden fitosanitario y de servicios públicos, entre otras.
Las adecuaciones legales en cada país son distintas, pero el escollo general ha sido con los temas de propiedad intelectual, derecho ambiental y legislación laboral.
Expertos advierten que los requerimientos en cuanto al empleo que el acuerdo exige deja a un lado los logros alcanzados por los trabajadores en las legislaciones de cada país, por ejemplo respecto de derechos de pensión, indemnización por despido, seguridad social, libre sindicalización, contrato de trabajo.
Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), explicó a IPS que las reformas impulsadas por el gobierno este mes para cumplir con las exigencias de Estados Unidos serán particularmente duras para los trabajadores y favorecerán solamente a las grandes empresas transnacionales.
El activista sostuvo que, en el afán de preparar las condiciones para la llegada de inversionistas, se ha dado el desplazamiento de comunidades enteras para establecer ahí bodegas y fábricas de las grandes empresas, como es el caso del puerto de Cutuco.
Es que en el caso de las maquilas (zonas francas industriales), el régimen que se verá más fortalecidos con el tratado, enfrente graves acusaciones de violación de los derechos de los trabajadores, indicó.
Para Montenegro, el reto para la sociedad civil será de profundizar la organización para poder hacer frente a los efectos del tratado y exigir el cumplimiento de Constitución y la Convención de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, conocida como Protocolo de San Salvador.
La concreción del DR-Cafta implicará que 80 por ciento de las exportaciones estadounidenses ingresarán a la región libre de aranceles. Además, en 15 años el intercambio de productos agrícolas favorecerá más a los extranjeros que a los campesinos centroamericanos, debido a las dificultades para acceder a créditos y a emplear tecnología de punta.
También Guatemala confirmó que no podrá estar al día con las exigencias del tratado antes del 1 de febrero pues tendrá que implementar actualizaciones a las leyes de propiedad intelectual, normativa ambiental y regularizaciones en el tema laboral.
Mientras, República Dominicana reconoció que aplicará el tratado sólo luego del 1 de julio, pues aún debe implementarse una reforma arancelaria y fiscal.
Por otra parte, la reunión del VI Foro Mesoamericano de este mes en San José ratificó el estado de movilización contra el tratado de libre comercio.
Las más de 600 organizaciones sociales del sur de México y de los siete países centroamericanos aseguran que el acuerdo eliminará los aranceles de más de la mitad de las actuales ventas agrícolas de Estados Unidos a la región, incluidos cortes de carne de alta calidad, algodón, trigo, frutas y vegetales y alimentos procesados.
A ello se agrega que las empresas estadounidenses tendrán libre inversión en sectores como las telecomunicaciones, mensajería informática, turismo, energía, transporte, construcción, servicios financieros y seguros.
