Los actos terroristas, que determinan ansiedades, temores e inquietudes de millones de personas en el mundo, no serían posibles en su actual magnitud sin el lavado de dinero con la inevitable complicidad de grandes entidades financieras. En ese marco de sospecha han caído bancos portugueses.
La preocupante conclusión corresponde a una investigación divulgada este jueves en Lisboa por el analista Rui Costa Pinto, invocando un alerta del servicio secreto británico MI5 sobre la posibilidad de que instituciones bancarias de Portugal estén realizando cuantiosas transacciones internacionales con eventuales lazos con organizaciones terroristas.
La advertencia del MI5, según Costa Pinto, fue determinante para avanzar con la "Operación Huracán", una vasta acción de la Fiscalía General de la República y de la Policía Judicial que entre el 17 y el 24 de octubre irrumpieron en cuatro instituciones privadas, incautando numerosos documentos.
Los allanamientos, que incluyeron al Banco Comercial Portugués, el Banco do Espíritu Santo, el Banco Portugués de Negocios y el Finibanco, también fueron impulsados por avisos emitidos por el británico National Criminal Intelligence Service (NCSI), que se dedica al tratamiento y análisis de flujos financieros internacionales, sostiene el análisis.
"La sospecha de que se estaban registrando abultadas transacciones internacionales, con posible ramificaciones a organizaciones terroristas y al crimen organizado, hizo cundir la convicción de los investigadores de que existía el riesgo de perder el rastro de algunos servidores de bases de datos con información de los circuitos probablemente usados por esos grupos", sostiene Costa Pinto en un pasaje del estudio.
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Ante la desconfianza de un inminente traslado de esos servidores informáticos al extranjero, que podría comprometer definitivamente las pistas proporcionadas por el MI5, "los magistrados del Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), encabezado por la fiscal adjunta, Cândida de Almeida, decidieron avanzar", reveló el analista.
Las acciones de la Policía Judicial acompañada por magistrados de la Fiscalía General de la República, además de los cuatro bancos mencionados, incluyeron oficinas de abogados y empresas de asesoría fiscal del territorio continental portugués y de su archipiélago atlántico de Madeira, ubicado geográficamente en África y que goza de un estatuto especial de zona de libre de impuestos por transacciones financieras.
El blanqueo de capitales y la fuga y fraudes fiscales ya estaban siendo investigados por el Departamento Central de Investigación y Acción Penal, la Policía Judicial y los departamentos competentes de la administración fiscal del Ministerio de Finanzas, "pero el alerta lanzada por el MI5 invistió con otra dimensión a la operación en curso, ampliando su ámbito", dijo Costa Pinto.
A renglón seguido, explica que la acción inédita de allanar entidades presuntamente libre de sospecha se habría asentado en "el riesgo de que Portugal pudiese ser víctima de un atentado terrorista".
"Esa ha sido la tónica dominante del discurso de los gobernantes y de los principales jefes policiales, que nunca desvalorizaron el grado de amenaza de (la red) Al Qaeda y de otros grupos terroristas", apuntó.
En efecto, sólo algo de extrema gravedad podría haber justificado la entrada de la policía en los bancos con un mandato judicial tan amplio, que les permitió aprehender una voluminosa documentación conteniendo datos sobre transferencias, las que en principio estarían protegidas por la ley en vigor de secreto bancario.
El temor de que por Portugal estuviese transitando dinero sucio de las redes internacionales terroristas asumió tal magnitud, que las operaciones policiales dejaron de ser de competencia exclusiva del Poder Judicial, convirtiéndose en asunto de seguridad nacional del Estado, lo que obligó a los investigadores a informar al primer ministro José Sócrates.
Tras los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, de Madrid el 11 de marzo de 2004 y de Londres el 7 de julio de este año, creció notoriamente la atención sobre las transacciones poco cristalinas, pues sin este financiamiento muchos de los ataques "no podrían haberse realizado", apunta Costa Pinto.
Además del empeño del MI5 y del NCSI británicos, a nivel internacional tiene un papel protagonistas en este tipo de combate contra el terrorismo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en una acción conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), la Policía Internacional (Interpol) y la Eurojust, una organización formada por jueces europeos.
Los principales problemas que han encontrado estas instituciones, han sido los obstáculos colocados por los llamados "paraísos bancarios", lista de territorios y países compuesta por Egipto, Dominica, Granada, Guatemala, Líbano, Islas Cook, Islas Marshall, Indonesia, Israel, Birmania, Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, San Cristóbal-Nevis, San Vicente y las Granadinas.
De ese elenco forman parte también los europeos Rusia, Ucrania y Hungría, este último país el único miembro de la Unión Europea con este estatuto, que dificulta la investigación internacional de lavado de dinero, como sostiene la portuguesa María José Morgado, fiscal general adjunta para el distrito de Lisboa.
En su libro "Enemigo sin rostro: Fraude y Corrupción en Portugal", Morgado sostiene que, "a pesar de la evolución registrada, aun hay mucho que hacer en cuanto a seguir la huella del dinero sucio, porque los procedimientos en vigor continúan revelando un alto grado de impotencia ante los rastros invisibles".
La mayor dificultad está en los paraísos fiscales con una legislación "que permite a sus bancos e instituciones financieras la recepción, conservación y aplicación del dinero según los más radicales principios del secreto bancario absoluto, la confidencialidad, el anonimato y la no cooperación con las autoridades judiciales y policiales", añade.
Las cifras que se mueven en el opaco mundo de las transacciones financieras, son astronómicas.
Según las informaciones divulgadas en 2001 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dinero lavado en los circuitos económicos legales podría alcanzar a entre dos y cuatro por ciento del producto interno bruto mundial.
En números, se trata de una cantidad gigantesca, que oscila entre los 840.000 millones y 1,7 billones de dólares, cifras tradicionalmente asociadas al crimen organizado, pero que en la actualidad están cada vez más relacionadas con la fuga al fisco y el terrorismo.
Un investigador explicó a IPS bajo condición de anonimato, que "el ultraliberalismo económico imperante en el mundo de la globalización ha llegado a tal nivel, que hoy es relativamente fácil realizar todo tipo de operaciones financieras ilegales".
"Nadie tiene conciencia de las dificultades que encontramos los investigadores en todo el mundo, cuando seguimos una pista que nos lleva a una institución financiera teóricamente intachable, cuyos dirigentes se defienden hasta acusándonos de ir contra las leyes del libre mercado", se lamentó.
Arrestar y procesar a un alto exponente de las cúpulas financieras, pese a pruebas contundentes, es prácticamente "una misión imposible", concluyó.
