Días antes de morir, golpeado y a balazos, Juancho confió a IPS su decisión de no vivir más de 25 años si era el precio a pagar por estar entre su gente de Cartanal, un suburbio pobre de la capital venezolana que debe su nombre a las casuchas de cartón levantadas por sus primeros pobladores.
"La muerte es un suspiro", solía decir, y la suya llegó a los 24 años, la mitad de los cuales estuvo alejado del estudio y del trabajo. Pero casi siempre tuvo a mano un arma: se dedicaba a "buscar real", a los pequeños hurtos y robos, cuando no a la distribución de alguna droga u otros ilícitos, de los que no hablaba.
Para evadir a grupos rivales, que se repartían el control del barrio, Juancho (nombre supuesto) pasaba temporadas en otra región del país, pero decidió no seguir huyendo y entonces uno de los "señores de la guerra" o jefe contrario le puso precio a su cabeza: 2.500 dólares.
La orden se cumplió y no hubo culpables llevados ante la justicia, dijeron sus familiares.
En Venezuela, con 26 millones de habitantes, se producen 10.000 homicidios al año "y el segmento de población que sufre más muertos es el de hombres entre 15 y 24 años y de los sectores populares urbanos", comentó a IPS Vicmar Morillo, de la organización de derechos humanos Provea.
Los partes policiales que dan cuenta de esa carnicería —46 abatidos sólo el fin de semana del 19 y 20 de este mes— registran muchas de esas muertes como "ajuste de cuentas" entre pandilleros. Nueve de cada 10 caen heridos por armas de fuego.
"Un estudio del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela mostró que 83 por ciento de los caídos resultaron muertos cerca de sus casas, en los mismos barrios donde viven", dijo a IPS la socióloga Verónica Zubillaga.
Si durante las ultimas décadas del siglo XX, las organizaciones no gubernamentales trataron con insistencia la violencia contra la mujer y lograron importantes avances legales y sociales al respecto, "ahora en Venezuela nos encontramos con un grave problema de violencia intra-género, ejercida por los varones con más poder sobre aquellos con mayor vulnerabilidad", sostuvo Zubillaga.
Un caso severo es el de los adolescentes: en 9.800 homicidios que la policía contabilizó en 2004 en Venezuela, 1.110 víctimas tenían menos de 18 años, indicó a IPS la socióloga Josbelk González, del Centro para la Paz de la Universidad Central.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) reunió junto a la no gubernamental Voces Nuevas a medio centenar de jóvenes de Caracas para obtener sus comentarios sobre los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio en áreas como salud sexual y reproductiva, violencia y participación juvenil.
"En el examen que hicimos encontramos muchas formas de violencia y que sobre ella inciden muchos factores, por lo que se debe atacar de manera integral. Organizaciones civiles y el movimiento juvenil y estudiantil puede incidir de manera positiva sobre todo en lo que se refiere a educación", señaló a IPS Oscar Fuentes, uno de los participantes.
Para Zubillaga, "un primer paso es ventilar el tema, debatirlo. No hay una violencia, sino muchas, y los jóvenes envueltos en esa vorágine muy seguramente fueron niños acosados por adolescentes, jóvenes o por adultos, vecinos suyos y armados, en medio de unas relaciones asimétricas de poder".
"Por eso es por lo que, cuando el nivel de humillación se les hace insostenible, esos niños-jóvenes buscan también un arma y asociarse en una nueva banda para el ejercicio de una violencia que hace mucho dejó de ser monopolio del Estado", añadió la experta.
Las ejecuciones extrajudiciales que han proliferado en varias regiones de Venezuela, de la mano de los "grupos de exterminio" o escuadrones de la muerte parapoliciales no son "un desestímulo. La policía que puede hacer retroceder la violencia es la de proximidad, vecinal, diestra en el arte de la negociación", estimó.
Fuentes sostuvo que "en las mesas escuchamos opiniones de compañeros convencidos de que con más policías cabalgando más motocicletas no se arregla el problema".
A su vez, Zubillaga apuntó que "en el clima de polarización política que ha vivido Venezuela, los niveles de intolerancia y el discurso de los actores suma otros elementos a una configuración ya muy cargada".
Yolimar Hernández, una estudiante de secundaria partícipe del coloquio, planteó que entidades como las escuelas y el UNFPA "presten ayuda en la elaboración de materiales que puedan ser usados por los grupos juveniles para promover la familia y la paz".
Mariana Bigio, estudiante de Leyes que integra Voces Nuevas, comentó a IPS que "en las mesas discutimos que en un país como éste se aprueban 'miles' de leyes y reglamentos, pero los jóvenes desconocen sus derechos, vulnerados cuando enfrente del Estado son víctimas de la violencia".
Una alternativa, según Bigio, "puede ser que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y entidades como el UNFPA lancen más y mejores campañas educativas, porque siempre tendremos más posibilidades de superar la violencia mientras tengamos más educación, y, a su vez, si vivo en un medio muy violento mi posibilidad de educarme se reduce".
Jesús Robles, del UNFPA en Venezuela, puntualizó que esa entidad quiere desarrollar en 2006 programas que promuevan los derechos humanos en el grupo poblacional joven. "Es una política global", comentó, "porque prácticamente la mitad de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, son menores de 25 años".
