Los problemas de corrupción gubernamental en Brasil amenazan degenerar en un conflicto de poderes, ante el rechazo manifestado este jueves por muchos parlamentarios a una supuesta «injerencia» del Supremo Tribunal Federal en procedimientos de la Cámara de Diputados.
Un movimiento de legisladores opositores defiende que la cámara baja ignore los fallos del Poder Judicial que están trabando procesos parlamentarios de inhabilitación a por lo menos 14 diputados acusados de recibir sobornos o dinero ilegal para campañas electorales.
La tensión se agravó ante la posibilidad de que el Supremo Tribunal acogiera un requerimiento del diputado José Dirceu de Oliveira, ex ministro de la Casa Civil de la Presidencia, que obligaría el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados a oír nuevamente a testigos de la defensa en el proceso para inhabilitarlo como legislador.
Un empate en cinco votos impidió una decisión final del Tribunal sobre la materia el miércoles. El undécimo magistrado, Sepúlveda Pertence, está enfermo, por eso no pudo emitir su voto decisivo, y no se sabe cuándo podrá hacerlo.
El presidente de la Cámara, Aldo Rebelo, del oficialista Partido Comunista de Brasil, anunció que mantendría el miércoles 30 como fecha de la votación plenaria que decidirá sobre la inhabilitación de Dirceu. No hubo ningún hecho para alterar la programación establecida, arguyó.
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Esa posición no aclara si desobedecería el fallo judicial como quieren algunos líderes y parlamentarios opositores.
"La situación se hizo insostenible, la Cámara tiene asumir su poder y desconocer la injerencia del Supremo", para "cortar el mal de raíz" y dejar claro que no acepta interferencias de otros poderes, opinó a IPS la senadora Maria do Carmo Alves, del opositor y conservador Partido del Frente Liberal (PFL).
Dirceu, acusado de coordinar un supuesto sistema ilegal de captación de recursos y sobornos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ya había logrado retardar su inhabilitación mediante otros recursos ante la justicia.
Su actitud fue imitada por otros involucrados en la red de corrupción, convirtiendo el proceso de juicio parlamentario, que debía ser netamente político, en una batalla también judicial.
Los fallos que obligaron a la repetición de varios procedimientos en la Comisión Parlamentaria de Investigación y en el Consejo de Ética, acumularon resentimientos entre parlamentarios, especialmente los de oposición.
La sesión del miércoles del Supremo Tribunal Federal puede ser la última gota, inclusive porque muchos parlamentarios rechazan su resultado parcial divulgado por el presidente del cuerpo, Nelson Jobim.
"No hubo empate, sino un triunfo nuestro por seis votos a cuatro", afirmó el presidente del Consejo de Ética, diputado Ricardo Izar, del Partido Laborista Brasileño que dejó el oficialismo en medio de la crisis actual.
El diputado y otros líderes parlamentarios acusaron a Jobim de haber invertido el voto del juez Cezar Peluso, que aprobó la continuación del proceso parlamentario contra Dirceu, pero condicionándolo al retiro de testimonios acusatorios cuestionados.
Dirceu requirió al Supremo Tribunal que anulara el informe del Consejo de Ética, que recomendó la inhabilitación del diputado por 13 votos a uno, porque no se le había asegurado pleno derecho a defenderse, pues los testigos de la acusación fueron interrogados después de los de la defensa.
El Consejo de Ética "no es un tribunal judicial, sino parlamentario", por eso no se puede exigirle, como hicieron cuatro jueces de la Suprema Corte, que cumpla exactamente los procedimientos de la justicia, alegó Izar.
La actitud de Jobim probó su parcialidad, al interpretar a favor de su propia opinión el voto parcial de Peluso, señaló Rodrigo Maia, líder del PFL en la cámara baja.
El presidente del Supremo Tribunal Federal "es político, pretende ser candidato a presidente de la República" en las elecciones de 2006, sentenció la senadora Maria do Carmo Alves, justificando su posición favorable a una rebelión parlamentaria contra las injerencias del Poder Judicial.
"Estas son tensiones naturales en una democracia", dijo a IPS el jurista Marcelo Ribeiro, que preside la Comisión de Estudios Constitucionales del Colegio de Abogados de Brasil.
"El Consejo de Ética (de la Cámara de Diputados) hace lo que entiende correcto, pero todo está sujeto al análisis del Supremo Tribunal Federal", que juzga cuestiones constitucionales, explicó. El sistema democrático "no es de separación completa de poderes, un poder controla al otro", acotó.
Ribeiro calificó de especulación precipitada la posibilidad de una crisis institucional ante la insatisfacción del Poder Legislativo por una decisión del Poder Judicial, que "aún es hipotética" porque falta un voto. "Peor es cuando no hay tensiones entre los poderes", concluyó.
