Perú volvió a ser un atractivo mercado para fabricantes y vendedores de armamento desde que el presidente Alejandro Toledo cambió su política de reducción de gastos militares en diciembre de 2004, con la creación del Fondo de Defensa Nacional para comprar, reparar y modernizar equipos bélicos.
Detrás del protocolo, el funcionario ucraniano traía una propuesta de su gobierno que no se hizo pública: construir en la capital peruana un centro de reparación de aviones de carga Antonov para toda América Latina, y una fábrica de municiones.
Las adquisiciones de armas se enmarcan en la renovada tensión con Chile por los límites marítimos de ambas naciones.
El Fondo de Defensa Nacional peruano arrancó este año con 40 millones de dólares, y se nutrirá de ingresos procedentes de las regalías que cobre el Estado por la explotación del yacimiento amazónico de gas natural de Camisea. Las Fuerzas Armadas recibirán por esa vía 2.550 millones de dólares en 20 años (127,5 millones por año, 354.000 dólares por día), que destinarán a comprar armas.
[related_articles]
Cuando asumió el cargo de presidente en julio de 2001 Toledo informó de su decisión de no comprar más armamento, para destinar recursos a los programas de reducción de la pobreza, que en Perú afecta a 51,4 por ciento de los casi 28 millones de habitantes.
Pero el único programa específico de Toledo contra la pobreza, "Juntos", lanzado este año y consistente en subsidios a las familias más pobres, cuenta con un presupuesto de apenas 38 millones de dólares.
La decisión original de Toledo obedecía a que durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), el Estado había gastado alrededor de 4.000 millones de dólares en armamento, financiados parcialmente con 1.100 millones obtenidos por la privatización de empresas públicas.
Las compras de armamento aumentaron notablemente debido al diferendo fronterizo con Ecuador. Pese a que se firmó un acuerdo definitivo con Quito en 1998, Fujimori (preso en Chile desde el 7 de este mes) siguió gastando en equipamiento bélico, un rubro que se convirtió en el principal mecanismo de corrupción del fujimorismo, según investigaciones judiciales.
El entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, recibía millonarios sobornos de los traficantes de armas favorecidos por las compras de las Fuerzas Armadas. El propio mandatario ordenaba a qué compañías contratar, y éstas sobrevaloraban los precios.
Las autoridades judiciales estiman que los 140 millones de dólares que Montesinos escondía en cuentas de bancos en Suiza, correspondían a los sobornos por las compras de aviones de combate MiG-29 y Sukhoi25, helicópteros Mi-17 y Mi-6T, equipos para espionaje telefónico y sistemas de guerra electrónica, entre otros.
Toledo decidió no comprar más armas, sustentado en la finalización de los problemas históricos de límites con Ecuador. Pero poco después reconoció que quedaba pendiente la resolución de la frontera marítima con Chile, un asunto heredado de la guerra del Pacífico (1879-1883) en que el vecino del Sur había derrotado a Perú y a Bolivia.
El 3 de este mes, el parlamento peruano aprobó de forma unánime una ley que reformuló los límites marítimos con Chile frente a la línea fronteriza de la Concordia, extendiendo la jurisdicción peruana hacia el sur. El gobierno chileno objetó esa norma y reivindicó su soberanía sobre las aguas en disputa.
El cambio de rumbo de Toledo en materia de defensa repercutió en las Fuerzas Armadas, que venían muy golpeadas por la implicación de sus jefes en actos de corrupción durante el régimen fujimorista. Los incidentes con Chile también ayudaron a que los militares recuperaran protagonismo.
Toledo había designado a civiles al frente del Ministerio de Defensa, luego sustituidos por generales retirados. El actual jefe de la cartera, Rengifo, protagonizó un lamentable acto en una presentación en el Congreso legislativo cuando lanzó al piso una bandera chilena. El gobierno peruano tuvo que pedir disculpas.
El Fondo de Defensa supuso una victoria de los sectores militares que reclamaban un presupuesto fijo para la modernización de sus equipos, argumentando que las Fuerzas Armadas de Chile cuentan desde 1958 con una ley que les otorga ingresos de 10 por ciento del total de las ventas de cobre al exterior y ejecutan, desde los años 80, programas de modernización de sus equipos con un calendario exigente.
En cambio, en Perú la norma es la improvisación. Debido al conflicto con Ecuador, Lima se abasteció de armamento de origen ruso de segunda mano por intermedio de traficantes del mercado negro. Los MiG-29 y Sukhoi-25 fueron adquiridos a Belarus, a pesar de las advertencias de fabricantes rusos de que no garantizaban dichas aeronaves.
Las compras de Fujimori en los años 90 estimularon a Chile a imitarlo. Desde hace tiempo la dinámica armamentista entre los dos países ha sido a cada compra una respuesta.
Para contrarrestar los MiG-29, los chilenos adquirieron una decena de los supersónicos F-16 y en la actualidad negocian la compra a Holanda de otros 28 de segunda mano.
Durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), Perú compró a la entonces Unión Soviética 290 tanques T-55 con la presunta meta de recuperar las regiones de Arica y Tarapacá, que había perdido en la guerra con Chile.
Especulando con que Fujimori había comprado una dotación de los modernos T-72, Chile justificó la adquisición de 30 tanques AMX y 290 Leopard.
Luego de que Toledo anunció la incorporación de cuatro fragatas Lupo de segunda mano por 60 millones de dólares, Chile cerró trato para la compra a la marina real de Gran Bretaña de tres fragatas Tipo 23, por unos 250 millones, y otras cuatro holandesas por 350 millones.
Desde que en 2003 Perú sostuvo que estaba pendiente la definición de la frontera marítima común, ambos países han aumentado sus gastos militares.
En 2004, Perú firmó un acuerdo con Rusia para la recuperación, mantenimiento y modernización de sus equipos militares, 60 por ciento de origen ruso. El monto estimado del trato fue de 250 millones.
La entonces ministra chilena de Defensa, Michelle Bachelet, ahora candidata oficialista a la Presidencia, viajó a Moscú y suscribió un acuerdo parecido, en un severo golpe mediático.
Toledo respondió con el Fondo de Defensa Nacional.
El dinero despertó el apetito de los vendedores de armas. Compañías de Israel, China, Ucrania, Belarus y Polonia visitan las oficinas gubernamentales ofreciendo sus productos.
La empresa Yugo Import, de Serbia y Montenegro, invitó a 20 altos oficiales del ejército, la fuerza aérea y la marina peruanas a visitar sus instalaciones en Belgrado.
La Industria Aeronáutica Israelí ofertó la reparación de los helicópteros Mi-25 rusos a un precio menor que el propuesto por Rusia. Polonia está interesada en la reparación y modernización de los MiG-29. Ucrania no sólo quiere reparar, sino vender más aviones Antonov. En julio, China llevó a sus fábricas de armas al entonces ministro de Defensa, Roberto Chiabra.
Mientras continúe la polémica por los límites marítimos con Chile, los gastos en armas escalarán. Y habrá menos dinero para luchar contra la pobreza.
