El gigante minero canadiense Placer Dome admitió que ocho personas fueron muertos desde 1996 por sus guardias privados o policías de Papúa-Nueva Guinea en instalaciones de la mina de oro de Porgera, en las montañas de ese país de Oceanía.
Siete de estos crímenes se cometieron desde febrero de 2000. Entrevistado por correo electrónico, Patrick Bindon, gerente y portavoz de Placer Dome, aseguró a IPS desde Port Moresby que los guardias actuaron en defensa propia ante amenazas de pobladores locales armados.
Pero la policía de Papúa-Nueva Guinea acusó judicialmente de asesinato a un guardia de seguridad de la empresa Porgera Joint Venture (PJV), subsidiaria de Placer Dome, envuelto en un episodio de febrero de 2002 en que resultaron muertas dos personas.
Setenta y cinco por ciento de PJV es propiedad de Placer Dome, y 20 por ciento de la sudafricana DRD Gold, que se apresta a vender su parte a la australiana Emperor Mines.
Una de las acusaciones de asesinato fue archivada, pero el otro sigue su curso en los tribunales.
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A pesar del creciente clamor que estas muertes desataron en la comunidad local, PJV abrió, a su vez, una demanda judicial contra el Departmento de Minería de Papúa-Nueva Guinea para exigir que la policía actúe contra los buscadores de oro "ilegales".
Como consecuencia de la demanda, un escuadrón de 50 agentes de la Policía Móvil de Papúa-Nueva Guinea se apostará en Porgera para evitar que los buscadores de oro informales ingresen en el área cedida por las autoridades nacionales a PJV para la explotación minera.
Una investigadora de la organización de derechos humanos con sede en Nueva York Human Rights Watch, Zama Coursen-Neff, teme que la intervención de la policía termine por exacerbar el conflicto en vez de solucionarlo.
"Según una encuesta, la población está más asustada de la policía que de los criminales comunes y corrientes", dijo Coursen-Neff, que ha investigado casos de violación de derechos humanos contra las fuerzas de seguridad.
"En los escuadrones de la Policía Móvil se hallan los peores violadores de los derechos humanos de Papúa-Nueva Guinea", advirtió la investigadora. Pero Placer Dome asegura haber tomado medidas contra los abusos.
"Todas las actividades policiales se ajustarán a los principios de derechos humanos y estarán bajo la observación de una tercera parte", sostuvo la compañía en octubre, en su último informe trimestral a la bolsa de valores de Vancouver.
La declaración no tranquilizó a Coursen-Neff.
"No tenemos ninguna razón para pensar que habrá un cambio radical en la conducta de la policía a la hora de proveer seguridad en la mina", advirtió Coursen-Neff.
Para Placer Dome es esencial que las operaciones de la mina continúen sin interrupciones. En 2004, la explotación de Porgera aportó a la firma 307 millones de dólares estadounidenses, más de la sexta parte de las ganancias totales de la compañía, que ascienden a 1.800 millones.
PJV se esforzó el año pasado por evitar que cientos de personas ingresaran a la mina y excavaran por cuenta propia las vetas de oro de su cantera.
Algunos de estos mineros ocasionales son hacendados locales. Otros proceden de las áreas pobres aledañas al valle de Porgera.
PJV informó en abril a DRD Gold que la cantidad de ingresos informales a la mina disminuyó drásticamente, como consecuencia, según la minera canadiense, del "aumento de personal de seguridad".
Pero los registros reflejan datos muy distintos. Los ingresos en la cantera aumentaron de 100 por semana en diciembre de 2004 a más de 400 en abril de este año.
En julio, PJV se mostraba optimista por las estrategias que había desarrollado para "limitar" la entrada de mineros ocasionales. En octubre, el humor de los gerentes era sombrío.
"La empresa implementó una serie de medidas para reducir las incursiones, pero su éxito fue limitado", informó.
Nada de esto parece haber impresionado demasiado a DRD Gold, como lo refleja el anuncio a mediados de este mes del acuerdo, sujeto a aprobación de los accionistas, de venta de su parte a Emperor Mines.
Los crímenes en la mina salieron a la superficie a mediados de marzo, cuando el director de la Asociación de Hacendados de Porgera, Mark Ekapa, urgió en una carta al primer ministro de Papúa-Nueva Guinea, Michael Somara, a formar una comisión investigadora sobre la muerte, según él, de una veintena de personas.
La preocupación de los hacendados encontró eco en el legislador Sam Abal, y luego PJV respaldó públicamente el inicio de la investigación.
Somare manifestó su intención de crear una comisión, con participación de la propia PJV, para examinar las muertes y los problemas de seguridad en la mina. Meses después del anuncio, la comisión aún no se constituyó..
En septiembre, la Asociación Akali Tange, otra organización de hacendados locales, aseguró que los asesinados habían sido 22, que otras 100 personas sufrieron heridas y que "más de 2.000 personas fueron arbitrariamente detenidas".
La asociación reclama a PJV 340 millones de dólares en compensaciones.
Stanley Kaka, ex presidente del Sindicato de Trabajadores de Porgera y actual miembro de la Asociación Akali Tange, dijo a IPS que tanto la compañía como el gobierno "están jugando a dilatar las cosas en el tiempo y esto es lo que realmente nos molesta".
Por su parte, Bidon admitió que sus fuerzas de seguridad y la policía son responsables de algunas muertes. Pero el portavoz de PNV atribuyó el resto a la caída de los mineros ocasionales por las empinadas paredes de la cantera o al desprendimiento de rocas.
Course-Neff apoya el reclamo de los hacendados.
"Por cierto, las empresas y las personas pueden exigir que se mantenga el orden y que se haga cumplir la ley, pero esto no justifica de ninguna manera las ejecuciones sumarias ni las violaciones de derechos humanos", dijo.
"Si la policía y los guardias privados le disparan a la gente, debe realizarse una investigación confiable. Si se constata que los oficiales se excedieron en el uso de la fuerza, tendrán que asumir su responsabilidad y quedar sujetos a los procedimientos disciplinarios internos y a lo que pueda decidir el juez", agregó Course-Neff.
Además de presionar al tribunal para que obligue a la policía de Papúa-Nueva Guinea a enviar un escuadrón, PJV construirá una cerca de alta seguridad de 10 kilómetros de longitud alrededor de las áreas más delicadas de la concesión minera.
Otro elemento de fricción entre PJV y la población local es el programa de reasentamiento de cientos de familias de la zona.
"El desalojo de estos residentes está causando mucha tensión", dijo un residente de la zona muy respetado por sus vecinos y que prefirió mantener el anonimato.
