El ex presidente finlandés Martti Ahtisaari (1994-2000) comenzó esa semana su primera misión en Kosovo para intentar definir el estatuto de esa meridional provincia serbia, que anhela su independencia.
El Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) había aprobado en octubre el inicio de las conversaciones sobre el estatuto del territorio, de población mayoritariamente albanesa y bajo una administración internacional desde el fin de la guerra en 1999.
Ahtisaari, nombrado mediador en el proceso, visitó esta semana Pristina, la capital de Kosovo, y luego Belgrado para preparar las negociaciones directas entre serbios y albano-kosovares, cuyas fechas aún no fueron definidas, pero que deberían comenzar este mes.
"El estatuto de Kosovo es un asunto político muy importante para la región, para la Unión Europea (UE) y para Estados Unidos, que también estuvieron involucrados. Por eso se necesita un tratamiento racional para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes", señaló a IPS el experto en derecho internacional y director del Centro de Belgrado para los Derechos Humanos, Vojin Dimitrijevic.
Mientras, el historiador Slobodan Markovic, del Instituto para Estudios Europeos, sostuvo que Belgrado debía "adoptar un enfoque racional y no emocional".
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"La nación serbia tiene que estar preparada para un resultado que sea diferente al esperado", dijo a IPS.
En 1999, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1244, por la cual permitió el ingreso a Kosovo de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), después de 11 semanas de bombardeos sobre Serbia en respuesta a la represión de kosovares ordenada por el entonces presidente Slobodan Milosevic, ahora enjuiciado por crímenes de guerra por un tribunal internacional.
Las fuerzas de seguridad serbias desplazaron en Kosovo a más de 800.000 personas, y asesinaron a otras 10.000 en operaciones que duraron más de un año antes de los bombardeos de la OTAN. Milosevic estaba decidido a ahogar todo intento independentista de los albano-kosovares, a los que acusó de "terroristas".
A partir de 1999, con la asistencia de la ONU, los kosovares establecieron sus propias instituciones públicas básicas, realizaron elecciones y crearon una policía local.
Luego de la violencia y los bombardeos, unos 100.000 serbios huyeron de Kosovo temiendo represalias de los albano-kosovares, pero otros 100.000 aún viven en el norte de la provincia y otros enclaves.
La resolución 1244 de la ONU considera a Kosovo parte integral de Serbia y Montenegro. Esa referencia se convirtió en la base del reclamo de los líderes serbios que se oponen a la independencia kosovar.
Serbia y Montenegro es una república confederada constituida por dos estados de la antigua Yugoslavia que, en la década de 1990, se desmembró en un cruento proceso de varias guerras de secesión.
Los dos estados tienen previsto decidir mediante referéndum el año próximo si permanecerán unidos como Serbio y Montenegro.
"Ningún político serbio está honestamente dispuesto a admitir que Kosovo está perdida para Serbia, y eso es hipocresía", sostuvo Dimitrijevic.
La influyente Iglesia Ortodoxa serbia insiste en que Kosovo debe ser declarada "territorio ocupado" si se le concede la independencia, mientras que el ultranacionalista Partido Radical amenaza con "llevar el pueblo a las calles" para impedir la separación de la provincia.
Por su parte, el primer ministro serbio Vojislav Kostunica dijo el lunes al parlamento que a Kosovo se le debía otorgar, a lo sumo, "una amplia autonomía dentro de Serbia", y sostuvo que la independencia "socavaría los fundamentos del derecho internacional".
El parlamento serbio adoptó una resolución indicando estar "dispuesto a negociar pero no a permitir un rapto de su territorio".
Mientras, el anhelo de independencia se hace más fuerte entre los albano-kosovares.
La semana pasada, el parlamento de Kosovo adoptó una resolución señalando que "la voluntad del pueblo por la independencia no es negociable" y subrayando su "disposición a la integración a las estructuras de Europa y el Atlántico".
El gobierno serbio tiene que pensar más allá de Kosovo, sostuvo Markovic. "Serbia debe olvidar los 1.000 años de historia y pensar de una forma moderna. Un camino más rápido a la integración europea debe ser la meta", afirmó.
Por su parte, Dimitrijevic sostuvo que la prioridad de Belgrado debe ser defender los derechos humanos de los serbios que aún viven en Kosovo.
Bajo el mandato de Ahtisaari, ninguna de las partes puede abandonar las negociaciones una vez que éstas comiencen, pues eso se entendería como la aceptación tácita de los documentos en discusión.
"La UE está dispuesta a supervisar una independencia condicional a Kosovo con provisiones especiales para los serbios y sus sitios religiosos, así como asegurar el respeto de los derechos de las minorías. Además, podría haber un futuro para Serbia y sus vecinos dentro de la UE y de la OTAN para la próxima década", dijo a IPS un diplomático europeo.
Pero Belgrado hasta ahora ha hecho oídos sordos a estas propuestas, y la retórica patriótica prevalece en los medios y en las declaraciones de los líderes políticos.
Ahtisaari conoce bien el problema de Kosovo. Los medios serbios lo llaman un "duro negociador", no sin razones.
Junto al enviado ruso Viktor Chernomyrdin, propició el acuerdo en junio de 1999 que supuso el repliegue de las fuerzas de Milosevic de Kosovo a cambio del fin del bombardeo de la OTAN.
Según testigos, Milosevic sólo aceptó el acuerdo luego de que Ahtisaari le advirtió que las bombas de la OTAN seguirían cayendo hasta que Serbia quedara tan plana como la mesa en torno a la cual estaban conversando.
