La estabilidad del actual gobierno español corre riesgo, al aceptarse en el parlamento la discusión sobre un nuevo estatuto de Cataluña, una de las 17 comunidades que integran este país.
Si el texto del nuevo estatuto propuesto por el parlamento de Cataluña fuera rechazado o modificado en cuestiones consideradas vitales por las fuerzas gobernantes de esa comunidad, algunas de ellas podrían retirar su apoyo al gobierno central, obligando a su presidente José Luis Rodríguez Zapatero a renunciar y a convocar elecciones anticipadas.
Cataluña, al igual que el País Vasco, reclama ser considerada una nación y asumir una serie de competencias que corresponden al gobierno central, de acuerdo a la Constitución de 1978, adoptada entonces por consenso de todas las fuerzas políticas.
Zapatero apoyó el miércoles que las Cortes Generales (Cámara de Diputados y Senado) tomaran en consideración el proyecto de estatuto catalán, anticipando que su tratamiento no sería un debate sobre la reforma de la Constitución.
Esa "toma en consideración" se realiza "pensando en España" y con "plena adecuación" a la Constitución, añadió. Los diputados aprobaron el inicio del debate del proyecto remitido por el parlamento catalán, con la excepción de la mayor fuerza de oposición, el derechista Partido Popular (PP).
El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció que su partido consideraba presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de estatuto ante el Tribunal Constitucional.
La carta magna señala que "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles", que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Y reconoce que en España existen "nacionalidades", como las de Cataluña y el País Vasco.
Al conocerse el texto de los catalanes, se originó una discusión sobre el alcance del concepto de Nación (en mayúscula) y de nación (en minúscula) y se polemizó sobre la posibilidad de que España se definiese como "una Nación de naciones".
Pero las diferencias van más allá. El nuevo texto catalán daría "nacionalidad propia a sus habitantes y competencias exclusivas del Estado (español) en relaciones exteriores, en justicia, en economía, en seguridad social, en educación, buscando desmantelar toda la estructura del Estado español", dijo Rajoy.
Esas aspiraciones expuestas en el proyecto de estatuto levantaron protestas al margen del parlamento y de los partidos. Está en marcha una campaña a través de mensajes en los teléfonos móviles pidiendo el boicot de los productos de Cataluña, como el vino espumante cava.
Este sábado, se realizará una concentración contra el nuevo estatuto convocada por una veintena de organizaciones no gubernamentales, en la céntrica plaza de la Puerta del Sol, en Madrid. Una de las organizaciones es el Foro de Ermua, constituido en febrero de 1998 en el País Vasco para defender la paz y combatir el terrorismo, luego del asesinato de un concejal de Ermua, aldea de la provincia vasca de Vizcaya.
Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua, se expresó por contener la ofensiva de los nacionalistas porque "la unidad de España es la garantía de las libertades de los ciudadanos".
Un anticipo de los problemas que soportará Zapatero en el transcurso del debate lo expuso el también socialista y presidente del gobierno catalán Pasqual Maragall, quien sostuvo, en un artículo en el diario El País, que el parlamento español sería el que decida, pero "lógicamente sin alterar la voluntad esencial del parlamento de Cataluña".
"Cualquier frivolidad o extremismo puede conducir a un callejón sin salida, de consecuencias impredecibles", añadió.
Zapatero anunció que todo debería procesarse dentro de la Constitución, lo que permite anticipar que lo que apruebe el parlamento español no dejará conforme a los catalanes.
Esto podría dar lugar a que la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) retire su respaldo a Zapatero en el parlamento nacional, dejando en minoría al gobierno, y también a que se quiebre la administración tripartita de la comunidad catalana, una coalición de socialistas, la ERC e Izquierda Unida.
El jefe de gobierno subrayó que España no se debilitaría por reconocer el autogobierno o identidad de los pueblos que la integran, sino que ganaría en fuerza, en vida y en dinamismo. También reconoció el excesivo centralismo en detrimento de las comunidades autónomas, pero advirtió que el estatuto propuesto por Cataluña "comete excesos en sentido contrario".
La propuesta catalana será debatida en la Comisión Constitucional que preside el socialista y ex vicepresidente (1983-1989) Alfonso Guerra, quien en las últimas semanas se pronunció varias veces contra el texto aprobado por el parlamento catalán.
En esa Comisión participarán legisladores catalanes. Una vez votado el texto, este será remitido al Congreso de los Diputados, que lo analizará y aprobará, pasándolo al Senado. Luego del trámite de este cuerpo, el proyecto retornará a la cámara alta, y tras su aprobación será remitido a Cataluña, para someterlo a referéndum.
Si el referéndum aprobase el estatuto, pasaría al rey Juan Carlos, quien en su carácter de jefe de Estado lo sancionaría. Todo el proceso, según fuentes parlamentarias, llevaría al menos hasta febrero de 2006.
