Luego de manifestar alborozo por el acuerdo de cooperación nuclear firmado con Estados Unidos en julio, el gobierno de India se enfrenta con nuevas condiciones, mucho más severas de las originalmente pactadas.
Washington advirtió, cuatro meses después de suscribir el acuerdo, que Nueva Delhi debe tomar una serie de medidas adicionales y que, en caso de obviarlas, la ratificación del acuerdo tropezaría aun antes de ser elevada al Congreso legislativo estadounidense.
Estados Unidos prometió, según el tratado firmado por el presidente George W. Bush y el primer ministro Manmohan Singh, exceptuar a India del régimen internacional de control nuclear.
De acuerdo con el convenio, Estados Unidos reconoce a India como estado "responsable" para la posesión de armas nucleares, lo cual le permitirá venderle material radiactivo con destino civil.
El acuerdo implica un giro al internacional Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el cual estableció en 1970 que las cinco potencias reconocidas como poseedoras de armas atómicas no debían transferirlas a otros países, ni alentar o inducir a ninguno a fabricarlas o adquirirlas.
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En ese entonces, los países con arsenal nuclear eran Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. En 1998, se incorporaron a la lista India y Pakistán, vecinos y rivales de Asia meridional que se enfrentaron en tres guerras desde su independencia en 1947.
El tratado firmado en julio por Bush y Singh también demandará la enmienda de la estadounidense Ley de No Proliferación, que prohíbe desde 1978 las transacciones de material nuclear civil a países embarcados en el desarrollo de armas atómicas.
Esa ley también establece que esos países deberán ser sometidos por Washington a un régimen de sanciones.
La contrapartida india del acuerdo de julio incluye la separación de las instalaciones nucleares militares de las civiles, a las cuales Nueva Delhi incluiría "voluntariamente" en el régimen de garantías de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Este organismo del sistema de Naciones Unidas está a cargo de vigilar el cumplimiento del TNP.
Nueva Delhi también debería firmar, según el acuerdo con Estados Unidos, un Protocolo Adicional con la AIEA, según el cual aceptaría inspecciones más rigurosas de las habituales en sus instalaciones civiles.
El lunes, el embajador estadounidense en India, David Mulford, indicó una exigencia que no figuraba en el acuerdo: el país asiático deberá presentar antes de su ratificación un plan de separación entre instalaciones civiles y militares para que Washington juzgue si es "creíble".
Sólo en ese caso, el gobierno elevaría el tratado al Congreso.
El país asiático tiene ambiciosos programas nucleares, tanto de energía como para la fabricación de armas, para los cuales procura desesperadamente reconocimiento internacional, en especial de Estados Unidos.
India detonó cinco bombas atómicas en mayo de 1998 luego de décadas de abogar por el desarme nuclear. Washington condenó entonces esas pruebas, pero luego pasó a reconocer a India como "estado poseedor de armas nucleares".
Esto siguió a rondas de conversaciones de alto nivel en las cuales India y Estados Unidos forjaron una "sociedad estratégica".
De todos modos, hasta que no se ratifique e implemente el acuerdo de julio, India carecerá de estatus de potencia nuclear, según los términos del TNP.
Hace cuatro meses, el gobierno indio había asegurado que la implementación del acuerdo sería estrictamente "recíproca", lo cual se contradice con las nuevas exigencias de Washington.
"Las acciones indias serán contingentes de las acciones tomadas por la contraparte en cada etapa", dijo Manmohan Singh al parlamento indio poco después de firmar el tratado.
De las declaraciones de Singh se infiere que la implementación de los compromisos de India estaría condicionada a que Estados Unidos cumpliera con su parte del tratado. Además, dijo, Singh, la separación de las instalaciones civiles y militares sería paulatina.
La decisión de inscribir las instalaciones nucleares civiles en el régimen de la AIEA sería estrictamente voluntaria y "basada únicamente en nuestras propias decisiones nacionales, debidamente calibradas", reiteró el primer ministro indio.
Washington y Nueva Delhi acordaron, en ese sentido, que el país asiático "debería tener los mismos beneficios y ventajas" que los cinco países reconocidos por el TNP como poseedores de armas nucleares.
Pero las declaraciones del embajador Mulford y otras coincidentes realizadas por funcionarios del gobierno de Bush ante el Congreso legislativo estadounidense suponen una interpretación del tratado que contradice la posición india.
Según el gobierno estadounidense, India no necesita completar la separación de sus instalaciones civiles y militares antes que el Congreso en Washington apruebe el acuerdo, pero sí debe preparar anticipadamente un "plan de juego" al respecto.
"No sería sabio o justo pedirle al Congreso que tome una decisión sin evidencias de que el gobierno indio toma acciones en el más importante de sus compromisos: la separación de sus instalaciones nucleares civiles y militares", dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Nicholas Burns, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 2 de este mes.
Para hacer esto, India "debe orquestar un plan creíble y transparente y haber comenzado a implementarlo antes que el gobierno" de Bush solicite la ratificación del tratado al Congreso, afirmó.
Esta secuencia de pasos implica "reciprocidad" y "acciones indias" que sean "contingentes en todas y cada una de las etapas de las acciones tomadas por el otro lado". Es decir que, según Burns, India debe dar el primer paso.
"Es poco probable que esto sea bien recibido por la clase política india", dijo Kamal Mitra Chenoy, profesor de política internacional en la Universidad Jawaharlal Nehru, de Nueva Delhi.
El conservador partido hinduista Bharatiya Janata, que encabezaba el gobierno cuando se detonaron en 1998 las bombas nucleares indias, cuestionó con dureza el acuerdo de julio. Para firmarlo, advirtió, hubiera sido necesario un consenso nacional más amplio.
Por otra parte, el gobierno de Singh tiene minoría en el parlamento y depende del apoyo crítico de los legisladores comunistas, de otros partidos de izquierda, del centrista Samajwadi y del secular Janata Dal para mantenerse en el poder.
Todos esos partidos participaron en actos masivos en Nueva Delhi y Lucknow para cuestionar el voto de India en la AIEA en favor de elevar el programa de desarrollo nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU, a iniciativa de Estados Unidos.
En esos actos, se acusó al gobierno de Singh de debilitar la tradicional independencia de la política exterior india, así como los planes de construir un gasoducto que le facilitaría al país el acceso a fluido iraní a través de Pakistán, un proyecto clave para la cooperación asiática en materia de energía.
Aun más controvertida fue la demanda del subsecretario de Estado para el Control de las Armas y la Seguridad Internacional, Robert G. Joseph, para quien el sometimiento de las instalaciones nucleares civiles de India al régimen de inspecciones de la AIEA no debía ser "voluntario", como es el caso de las cinco potencias poseedoras de armas nucleares reconocidas, sino obligatorio.
"No veremos el acuerdo de un ofrecimiento voluntario como defendible desde un punto de vista de la no proliferación o consistente con la declaración conjunta" del 18 de julio, dijo Joseph ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Según M.R. Srinivasan, ex presidente de la Comisión de Energía Atómica de India, las cinco potencias nucleares apenas sometieron 17 de los centenares de instalaciones civiles que poseen al régimen de garantías de la AIEA.
A estos países se les permite retirar materiales nucleares de esas instalaciones y cambiar el estatus de una instalación de civil a militar, recordó Srinivasan.
Pero Joseph fue categórico al asegurar que el régimen de garantías de la AIEA "debe ser aplicado a perpetuidad" en el caso de India, y que "los materiales nucleares del sector civil no deberían ser transferidos fuera de él".
El gobierno de India, que defendió el acuerdo con el argumento de que corregía desequilibrios, se enfrenta ahora con un caso claro de lo que históricamente ha condenado como doble discurso por parte de las potencias nucleares.
"Los estados poseedores de armas nucleares, incluido Estados Unidos, tienen derecho a pasar las instalaciones de una categoría civil a una militar, y no hay razón por la que esto no debería aplicarse a India", sostuvo por escrito, 11 días después de firmar el acuerdo, la oficina del primer ministro Singh.
Las preocupaciones de India se centran en su prototipo de reactor reproductor rápido, de 500 megawatts, hoy en construcción, y en sus plantas de extracción de plutonio a partir del residuo de combustible nuclear de las centrales civiles. Este plutonio podría ser utilizado en la fabricación de bombas.
India se resiste a ubicar el reactor reproductor rápido en el régimen de garantías de la AIEA porque, según sus autoridades, se trata de un proyecto de investigación de naturaleza pacífica. Y tampoco quiere perder una fuente barata de plutonio como las plantas reprocesadoras.
Mientras Nueva Delhi procesa esos dilemas, expertos y legisladores estadounidenses aseguran que el tratado bilateral debilitará el régimen de no proliferación nuclear.
También es probable que el acuerdo choque con la oposición de parte de los 55 países miembros del Grupo de Proveedores Nucleares, cuyo apoyo gestiona Bush.
El Grupo está dividido. Rusia, Francia y Gran Bretaña apoyan el tratado, porque aspiran a vender tecnología y material nuclear a India. Pero Suecia, Japón y Nueva Zelanda manifestaron su desaprobación.
La política interna de India complica aun más las cosas. En ese contexto, las interpretaciones divergentes de Nueva Delhi y Washington limitan las opciones del gobierno de Singh.
