Con el estreno de una reforma electoral que puede significar un retroceso democrático por restarle posibilidades a los partidos menores, los hondureños se preparan para concurrir a las urnas el día 27 en medio de una campaña con la inseguridad ciudadana en el centro de la escena.
Casi cuatro millones de ciudadanos de Honduras están habilitados para elegir presidente, vicepresidente, 128 diputados y 289 alcaldes en los séptimos comicios generales desde 1982, tras dos décadas de dictaduras militares.
Encuestas de la empresa CID-Gallup señalan que el actual titular del Congreso legislativo, Porfirio Lobo, candidato a la presidencia por el gobernante Partido Nacional, encabeza la intención de votos con 39 por ciento de adhesiones, seguido de Manuel Zelaya, del opositor Partido Liberal, con 31 por ciento.
También compiten en esta oportunidad, aunque con casi nulas posibilidades según las consultas, Carlos Sosa, por el socialdemócrata Partido Innovación y Unidad, Juan Almendares, por la izquierdista Unificación Democrática, y Juan Ramón Martínez, por la centroizquierdista Democracia Cristiana.
Los postulantes de los tradicionales partidos Liberal y Nacional, que se han intercalado en el gobierno desde el retorno de la democracia, basan sus respectivas campañas en acusaciones mutuas de incapacidad para preservar la seguridad ciudadana, que tiene en las pandillas juveniles o "maras" como centro de la violencia urbana.
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El hecho de que Lobo centrara su discurso en la inseguridad y el accionar de las temibles pandillas, que es de gran preocupación popular, arrastró a los demás partidos en el mismo rumbo dejando de lado otros temas clave, como la lucha contra la pobreza, el hambre, el desempleo, dijo al respecto a IPS Reina Rivera, del hondureño Centro de Investigación y Promoción de los Derechos.
Honduras, El Salvador y Guatemala afrontan en las maras el mayor problema de seguridad, al punto de que, en el marco de la XXVI Reunión Ordinaria del Sistema de Integración Centroamericano celebrada el 30 de junio en Tegucigalpa, firmaron con México y Estados Unidos el compromiso de poner en marcha la llamada "Fuerza de Respuesta Rápida" contra este flagelo.
El origen de estas pandillas, dedicadas al robo con extrema violencia, violaciones y tráfico de drogas y armas a pequeña escala, se remonta a los años 80 en la comunidad de inmigrantes salvadoreños de la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Ángeles.
Las leyes de inmigración de Estados Unidos provocaron a partir de 2000 la deportación a sus países de origen de todas las personas con una condena penal superior a un año.
Pero muchos de estos jóvenes simplemente fueron expulsados sin especificar sus condiciones judiciales y quedaron libres muy pronto, generando un fenómeno que se extendió por varios países de América Central y México, donde se presume que hoy las maras conforman una fuerza de entre 150.000 y 300.000 miembros activos.
Las condiciones económicas de extrema precariedad que afronta la región sirve de caldo de cultivo para que las maras se fortalezcan hasta convertirse en un problema que prácticamente ha desbordado la seguridad del Estado.
En particular, 64 por ciento de los 6,5 millones de hondureños viven hoy en la pobreza, 45 por ciento en la indigencia, mientras que la desocupación alcanza a 35 por ciento de la población económicamente activa.
Diariamente ingresan a este país entre 20 y 30 menores de 18 años deportados de Estados Unidos, México o Guatemala, aseguró a IPS la abogada Marta Savillón, directora de programas de la organización no gubernamental Casa Alianza.
Lobo, quien sufrió el secuestro de familiares suyos a manos de una pandilla juvenil, propone endurecer aún más la legislación y hasta restituir la pena de muerte. En su gestión parlamentaria ya logró hacer aprobar la llamada ley antimaras, que impuso hasta 20 años de prisión y multas de 50.000 dólares para quienes integren una pandilla, lo cual ha llevado a 2.500 personas a la cárcel.
Pero esta prédica en favor de la mano dura ha llevado a organizaciones no gubernamentales a alertar sobre el riesgo de que el endurecimiento de la lucha contra las maras redunde en un incremento en las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.
Para el politólogo Ernesto Paz Aguilar, ninguno de los dos partidos mayoritarios tienen una propuesta de estrategia pública de seguridad, sino que presentan sólo un conjunto de ideas sobre cuestiones puntuales. "En el ámbito de la seguridad y los derechos hay evidentemente un retroceso, una involución autoritaria al menos en el discurso", apuntó.
Para la analista Rivera, es claro el oportunismo en este discurso político electoral, mientras que los temas fundamentales que agobian a la sociedad hondureña y que son causa de estos males, brillan por su ausencia.
También, según dijo, se ha tolerado una campaña sucia y los grandes partidos no han rendido cuentas claras sobre el financiamiento de sus millonarias campañas.
Mientras se debate el foco de la campaña política, organizaciones no gubernamentales ponen el alerta sobre las consecuencias para la institucionalidad de la reforma electoral aprobada este año,
Esos grupos civiles temen que, como resultado de la reforma, se dé un retroceso en el desarrollo democrático y representativo, pues los partidos pequeños tienen ahora menos posibilidades de atraer votantes frente a las grandes maquinarias propagandísticas y electorales de los dos partidos tradicionales.
A pesar de que la nueva ley electoral impulsó un voto razonado, al exigir la foto de los candidatos a diputados en las papeletas, los partidos han llamado a la votación "en plancha", es decir por el conjunto de los candidatos del sector en las tres papeletas.
Además, el número de electores departamentales se divide entre el número de diputados elegibles de ese distrito y el cociente es la cifra que debe alcanzar el candidato para alcanzar un escaño. Los sufragios restantes se suman a los postulantes más votados.
Ernesto Paz explicó que la reforma no fue hasta el fondo, pues no se crearon los distritos electorales, por lo cual se puede dar la paradoja de que algunos partidos pequeños obtengan más votos que en las elecciones pasada, pero ahora logren menos escaños.
Los partidos de izquierda habían obtenido cinco diputados en las elecciones anteriores. En la disputa presidencial, los pequeños partidos Innovación y Unidad, Demócrata Cristiano y Unificación Democrática obtuvieron en los anteriores comicios apenas uno por ciento de los votos, equivalentes a unos 150.000.
De esta manera, el balance legislativo que se esperaba con la nueva ley podría resultar en lo contrario. Reina Rivera agregó que, al no alcanzar siquiera un escaño, algunos partidos pequeños pierdan incluso su personería jurídica.
El analista Víctor Mesa manifestó a IPS que ha sido la campaña electoral más "primaria y primitiva" que ha habido en los últimos años en Honduras, cargada de insultos.
"Es una campaña vacía de propuestas, ofertas coherentes y políticas nuevas. Se perdió la oportunidad de convertir un proceso electoral en un proceso que sirva para generar valores de cultura política y democrática", agregó.
La presentación de listas o planchas "mantiene y consolida lo que la nueva ley electoral trató de combatir y es que la gente vota, pero no elige. Hemos perdido una oportunidad importante de fortalecimiento de la democracia", puntualizó Mesa, con evidente escepticismo.
