A pesar del férreo rechazo del derechista Partido Popular y de la Iglesia Católica, el proyecto de ley socialista que elimina el examen de religión y pone en manos del Estado la admisión de alumnos en escuelas privadas con financiación pública marcha raudo hacia su aprobación.
La democratización del sistema educativo español avanza y lo más significativo serán los cambios en materia religiosa y la no discriminación en las escuelas, dijo a IPS Victorino Mayoral Cortés, diputado del gobernante Partido Socialista Obrero Español y presidente de la Fundación Cives (Ciudadanía).
Asociaciones conservadoras de padres de familia y el Partido Popular (PP), con el apoyo de la jerarquía católica, organizaron una manifestación el sábado en Madrid, a la que concurrieron un millón y medio de personas, según los convocantes, y 450.000, según datos del gobierno.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció al PP una negociación para procurar que la ley pueda ser aprobada por consenso.
Pero el líder opositor, Mariano Rajoy, replicó que para negociar lo primero que tiene que hacer el gobierno es retirar su proyecto de ley, algo que éste ya anunció que no hará.
Con estos antecedentes, se puede prever que el proyecto de reforma del sistema educativo, que será discutido esta semana, será aprobado, ya que, además de los votos de los parlamentarios del PSOE, el gobierno contará con los de Izquierda Unida y de Izquierda Republicana de Cataluña, suma que asegura la mayoría necesaria.
Los dos puntos que más enfrentamientos provocan entre las fuerzas progresistas y las conservadoras son los cambios en la enseñanza de la religión y en el acceso igualitario a los centros educativos privados que cuentan con financiación pública.
En caso de promulgarse la nueva ley, la religión no será una materia computable para pasar de grado ni para la puntuación de ingreso a las universidades y, como en la actualidad, será optativa, o sea que los padres decidirán si quieren que sus hijos la cursen o no.
En cuanto al acceso igualitario, dispondrá que una comisión designada por el gobierno será la que decida sobre la admisión de alumnos en los centros privados que reciban financiación pública. Con ello se pretende que la dirección de esas escuelas no discrimine en función del nivel económico o la etnia de quienes soliciten el ingreso.
El proyecto también contempla que los gobiernos regionales establezcan la necesidad específica de apoyo educativo, por ser inmigrantes o por otras circunstancias personales o familiares, tanto en los colegios públicos como en los privados.
Respecto del tema de la religión, la embajada de Estados Unidos en España hace notar en su página web que, pese a que la Constitución de este país establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", el Estado concede ventajas de financiación pública a la Iglesia Católica, "que en la práctica todavía no han sido puestas a disposición de otras entidades religiosas".
Esa Iglesia, agrega la embajada de Washington, "recibe financiación a través de contribuciones fiscales voluntarias y pagos directos".
Al declarar cada año sus impuestos, los contribuyentes pueden marcar que 0,5 por ciento de ellos se destine a una organización no gubernamental o a la Iglesia Católica. En caso de no marcarlo, ese porcentaje va a un fondo común que se distribuye entre los grupos de la sociedad civil.
Según los últimos datos disponibles, los contribuyentes aportaron 135 millones de euros (127 millones de dólares) a la Iglesia Católica en 2003, fondo que fue aumentado por el gobierno con otros 28 millones de euros (33,6 millones de dólares).
Además de pagar los sueldos de los profesores de religión, los capellanes castrenses y hospitalarios y de que sus poderosas organizaciones no gubernamentales, como Cáritas y Manos Unidas, la Iglesia Católica recibe fuertes subvenciones.
Además, en las instituciones educativas privadas, que en su mayoría están ligadas a la Iglesia Católica, se cobra a las familias aportaciones por su pertenencia a fundaciones o asociaciones, lo cual será prohibido por la nueva ley. Ese es otro de los puntos que son rechazados por la derecha.
Para que queden claras las intenciones gubernamentales, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló este lunes que "las aportaciones públicas tendrán que ir a menos y la Iglesia deberá cumplir su objetivo de autofinanciación".
Sin abandonar la defensa de la laicidad, Mayoral Cortés sostuvo que en lo inmediato el Parlamento y el Poder Ejecutivo deben cumplir con la Constitución y tratar a todas las confesiones religiosas con igualdad.
Adicionó que se debe cumplir el acuerdo suscripto con la Iglesia Católica en 1979, el cual establece que ésta tiene que autofinanciarse y no depender de las ayudas del Estado.
Gaspar Llamazares, diputado y coordinador general de Izquierda Unida, coalición basada en el Partido Comunista, reclamó este lunes que la religión salga de las aulas, aunque también anticipó que apoyará la nueva Ley.
Los partidarios de la reforma legal han sacado a relucir un informe de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, presentado la semana pasada en Brusela y en el que España aparece sólo por delante de Portugal y Malta en cuanto al fracaso del sistema educativo, en un estudio al respecto en los 25 países miembros del bloque.
Según ese informe, el porcentaje de población española de entre 20 y 24 años que había acabado al menos la enseñanza secundaria superior pasó de 66,2 por ciento en 1998 al 62,7 en 2003 (años en los que gobernó el PP) y a 61,8 en 2004, el primer año de gobierno de Zapatero.
En cambio, el promedio de la Unión Europea fue al alza, pasando de 76,4 al 76,7 por ciento entre 1998 y 2004.
España, además, duplica, con 30,8 por ciento a la Unión Europea, que tiene 15,7 por ciento de promedio de jóvenes de 18 a 24 años que no completaron el primer ciclo de enseñanza secundaria inferior ni continuaron otro sistema de estudios.
Con ese trasfondo, resuenan todavía los gritos lanzados por los manifestantes el sábado, entre ellos: "Los padres parimos, por eso decidimos" y "por una educación en libertad".
Los organizadores de la manifestación serán recibidos por Zapatero, aunque todavía no se fijó el día, pero se sabe que será esta semana. De la Vega anticipó que el gobierno "escuchará e informará", pero que también seguirá adelante con la nueva Ley.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), la más fuerte de los grupos convocantes a la marcha, hizo saber que aceptará la invitación, pero que no quieren "un encuentro cordial pero vacío, sin contenidos", sino que lleve a modificaciones en el proyecto, de acuerdo a lo que ellos plantean.
Concapa sigue insistiendo que el proyecto "desconoce los derechos y libertades que en materia educativa reconoce la Constitución, (como es) el derecho de los padres a decidir sobre el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, el derecho a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios, el derecho de los centros de promoción privada (en su mayoría colegios católicos concertados) a recibir fondos públicos".
Por otro lado, Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Empresarial de Centros Educativos Privados, concertados y no concertados, afirmó que "todos los esfuerzos para el diálogo con el gobierno han sido infructuosos y el principal motivo para manifestarnos ha sido porque el proyecto de ley no respeta el derecho de los padres para la elección de centro, ni la libertad y el derecho para la gestión y organización de los centros educativos".
