La historia de María Angélica Lizama, maestra de 56 años que trabaja en dos escuelas de la capital chilena, es una suma de sacrificio y enfermedades, como la de la mayoría de sus colegas de América Latina, que pagan con su salud las carencias laborales y de infraestructura del sistema educacional.
"Antes de que en octubre de 2004 me diagnosticaran cáncer a los ovarios, sufría de disfonía, enfermedades respiratorias, contagiadas por los mismos niños, y artrosis en las rodillas, por subir y bajar tantas escaleras y pasar tanto tiempo de pie, ya sea en el colegio o en los autobuses de traslado a mi hogar", contó Lizama a IPS.
Esta maestra vive en La Florida, un municipio de la zona sudoriental de Santiago, desde donde se requiere viajar unas tres horas en transportes públicos para ir y volver a Recoleta, en el centro-norte de la ciudad, donde están sus dos empleos: la escuela municipal República del Paraguay y el colegio Jaime Eyzaguirre, privado con subvención estatal.
El alumnado que asiste a ambos planteles proviene de estratos socioeconómicos bajos y medios-bajos, con una presencia creciente de niños peruanos, bolivianos y ecuatorianos, hijos de emigrantes que trabajan como obreros de la construcción, en el comercio ambulante o en servicios domésticos.
"Las condiciones laborales de los profesores de establecimientos municipales y particulares subvencionados son francamente precarias. En general, trabajamos con 45 o más alumnos por curso, los que nos obliga a gritar para ser escuchados y pasar casi toda la jornada de pie", describió la profesora de enseñanza primaria.
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Según diagnósticos médicos de dolencias asociadas a exigencias ergonómicas (esfuerzos físicos), 46 por ciento de las profesoras y profesores de Chile tuvieron episodios de disfonía el año pasado, 35 por ciento sufrió várices en las piernas, 32 por ciento enfermedades a la columna y 27 por ciento lumbago.
El dato fue recogido en una encuesta para un estudio exploratorio sobre "Condiciones de Trabajo y Salud Docente" de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que, además de Chile, analizó la situación de maestras y maestros de primaria y secundaria en Argentina, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
Los porcentajes de problemas ergonómicos no difieren mayormente en los otros cinco países en comparación con Chile, según el estudio de 210 páginas, presentado por Ana Luiza Machado, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de Unesco, cuya sede está en Santiago.
Si bien el estudio, con base en encuestas, comprendió a maestros de ambos sexos, sus datos competen sobre todo a las mujeres, que predominan en el gremio del magisterio.
En la muestra de Argentina se registra que las maestras son 89 por ciento del total, en Chile 70 por ciento, en Ecuador 66 por ciento, en México 69 por ciento, en Perú 72 por ciento y 96 por ciento en Uruguay.
Magaly Robalino, especialista regional de Educación de la Orealc, recordó en la introducción del estudio, divulgado el 28 de octubre, que uno de los focos estratégicos adoptados por los ministros del área en 2002 plantea "el fortalecimiento del protagonismo docente para que (los profesores y maestros) respondan a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes".
La preocupación latinoamericana y caribeña por el profesorado se inserta en los lineamientos de la conferencia mundial de Educación para Todos, realizada en Tailandia en 1990 y en la conferencia seguimiento de Dakar de 2000, que marcan metas a los países "para asegurar a toda la población una educación de calidad".
Pero estas aspiraciones se diluyen en las precarias condiciones laborales, con problemas de salud mental generalizados entre los profesores, como el estrés, que durante 2004 se diagnosticó a 48 por ciento de las maestras y maestros en Ecuador, a 42 por ciento en Chile, 37 por ciento en Perú, 34 por ciento en Argentina y Uruguay y 27 por ciento en México.
También en el último año, 26 por ciento de los trabajadores docentes chilenos tuvieron diagnósticos de depresión, al igual que 23 por ciento de sus colegas en Ecuador y 19 por ciento en Perú.
Las gastritis, el colon irritable, los traumas ginecológicos, la hipertensión arterial y el resfrío son también enfermedades de alta incidencia en el profesorado, tanto femenino como masculino, a las que se suma la cistitis, dolencia exclusiva de las mujeres.
En Argentina, 59 por ciento del profesorado sufre de dolores de espalda, porcentaje que se eleva a 65 puntos en Uruguay, a 61 en Chile y a 57 por ciento en Perú. La angustia aflige a 47 por ciento del profesorado argentino y a 45 por ciento del chileno, en tanto 49 por ciento de los educadores de Chile y 33 por ciento de Ecuador tienen insomnio.
Así, 44 por ciento de los profesores y profesoras de Argentina y de Uruguay confiesan dificultades de concentración, en tanto 16 por ciento de sus colegas en Chile consumen fármacos para dormir.
Los problemas de salud física y mental se vinculan a la infraestructura de apoyo a la labor docente. En Perú, 96 por ciento de los profesores considera que el equipamiento de las salas es insuficiente. Opinión compartida por 92 por ciento en Ecuador, 89 por ciento en Chile, 84 por ciento en Uruguay, 80 por ciento en Argentina y 71 por ciento en México.
Ximena González, profesora del colegio católico Inmaculada Concepción de Cauquenes, una ciudad de 55.000 habitantes situada 400 kilómetros al sur de Santiago, dijo a IPS que cada vez son más frecuentes entre profesores enfermedades como la artritis y el reumatismo, así como la disfonía.
"Se trabaja en ambientes muy ruidosos y no se inculca a los niños el hablar en un tono normal, por lo cual hay que forzar la voz aunque una esté mal de la garganta. Es un círculo vicioso", señaló.
Según esta maestra de 41 años, la violencia está alcanzando expresiones "terribles" en los establecimientos educacionales, coincidiendo así con la investigación de la Unesco, que registró entre las profesoras y profesores de los seis países investigados una creciente preocupación ante agresiones y amenazas en sus lugares de trabajo por parte de los estudiantes.
En Argentina, 84 por ciento del magisterio percibe la violencia como problema grave en la escuela, 37 por ciento ha recibido amenazas a su integridad física y 33 por ciento dice que existen formas de agresiones organizada en el alumnado. En Chile y Ecuador, estos aspectos alcanzan también altos porcentajes, mientras que Uruguay aparece como la excepción.
Las profesoras Lizama y González advirtieron la responsabilidad de los padres, que se desvinculan de la educación de los hijos en el hogar y a la vez los respaldan en conflictos por disciplina o rendimiento académico. "Lo peor es que cuando el padre justifica la conducta de su hijo lo hace agresivamente, transformándose en el peor de los modelos", señaló Lizama.
El psicólogo y educador Ricardo Cuenca, coordinador del Programa de Educación de la Cooperación Técnica Alemana (Proeduca-GTZ) en Perú, que tuvo a su cargo la investigación en ese país, señaló a IPS que hay "un descuido paulatino del Estado por las condiciones de trabajo y salud de los docentes".
Este asunto, además, "es un tema tímidamente incluido en las agendas del Estado, el gremio e, incluso, de la academia", agregó el experto, quien subrayó que en Perú hubo sólo dos estudios al respecto, previos al realizado ahora por Unesco-Orealc.
Los programas de "achicamiento del Estado" implicaron que fueran suprimidos servicios complementarios de dotación de infraestructura y salud escolar. "Los resultados se pueden observar en las deficientes condiciones en las que deben trabajar los docentes en Ecuador", señaló a IPS, a su vez, el doctor en educación e investigador Eduardo Fabara.
"Los cambios actuales en la sociedad, como por ejemplo la paradoja de tener que insertar a los estudiantes en un mundo globalizado y afirmarlos en la esencia de lo local, obliga a los sistemas educativos a modificar no sólo su organización y estructura, sino sus fines", agregó Cuenca.
El experto peruano indicó que en este esfuerzo deben participar todos los sectores públicos y la mayor cantidad de actores, en el marco de una tendencia manifiesta en su país y toda América Latina de "crear espacios y mecanismos de participación e educación para la sociedad civil" desde perspectivas multisectoriales y participativas.
Fabara, director del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas del Ecuador, a cargo del estudio en ese país, apuntó que "hacen falta acciones multisectoriales para atender el mejoramiento de las condiciones docentes, esto es: incremento de salarios, mejoramiento de la infraestructura, renovación de los procesos curriculares, etcétera".
"Estas acciones no están solamente en manos del Estado. Se requiere la contribución de la sociedad civil, de los gobiernos locales, de las asociaciones y entidades no gubernamentales. Deben haber una gran concertación a favor de la educación pública", subrayó el especialista ecuatoriano.
La situación del magisterio "no puede seguir siendo vista sólo como un problema de desconocimiento de contenidos o de uso inadecuado de metodología de enseñanza. Es absolutamente necesario trabajar de manera sistémica para que la profesión docente recobre el prestigio y el reconocimiento social", sentenció Cuenca.
