El hallazgo de un esqueleto humano en una zona cercana a la capital uruguaya, donde un informe militar asegura fueron sepultados dos militantes políticos asesinados por la dictadura en los años 70, puede significar el primer caso resuelto de desaparición forzada en este país.
Alrededor de las 10:30 de la mañana (08:30 GMT) de este martes, la misión técnica de búsqueda de posibles tumbas clandestinas desenterró dos tibias, un peroné, una rótula y otros elementos, junto a restos de bolsas de nailon y cal, sustancia utilizada para quemar materia orgánica, confirmó a IPS el secretario de Prensa de la Presidencia, José Luis Veiga.
Los expertos, que vienen trabajando en esa y otras áreas por disposición del gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez tras su asunción en marzo, encontraron estas evidencias el último día programado para realizar excavaciones en una granja del meridional departamento de Canelones, en la cual fueron enterrados dos cuerpos de prisioneros políticos, según un informe de la Fuerza Aérea.
Esas dos personas eran Arpino Vega, detenido en 1974, y Ubagesner Chávez Sosa, apresado dos años después, ambos militantes del Partido Comunista y de cuyo paradero nunca se informó tras ser secuestrados por fuerzas represivas de la dictadura uruguaya (1973-1985).
Empero, Veiga fue muy cauto al indicar que hasta tanto las pericias forenses no identifiquen los restos, lo cual tardará de 36 a 48 horas o más, no hay otros indicios para asegurar que se trate de alguno de los dos detenidos-desaparecidos, quienes fueron muertos bajo tortura según determinó hace sólo un año la Comisión para la Paz.
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Técnicos forenses estiman que los resultados de las pruebas de ADN pueden demorar varias semanas.
También se informó a IPS que el presidente Vázquez se reunirá este miércoles con los expertos de la Facultad de Humanidades, a cargo de las tareas, para decidir los nuevos pasos a seguir en este caso, cuyas excavaciones comenzaron en agosto, al igual que las que se desarrollan en dos cuarteles del Ejército donde también se presume se realizaron enterramientos clandestinos.
Ante el hallazgo de este martes, se dispuso la prosecución de los trabajos de investigación en la granja, ubicada cerca de la ciudad de Pando, y en los cuarteles 13 y 14, en uno de los cuales también se encontraron algunas evidencias que pueden corresponder a tumbas clandestinas.
Vázquez, su ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, recorrieron la zona en la tarde de este martes y expresaron su confianza en los trabajos para dar con los restos de al menos algunos de los casi 40 uruguayos cuya desaparición en el país fue confirmada por la Comisión para la Paz creada por el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005).
Esa entidad, integrado por personalidades independientes, también trató de conocer el destino de más de 160 uruguayos detenidos-desaparecidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y el traslado clandestino de prisioneros de campos de concentración de Buenos Aires a Montevideo o zonas aledañas, en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva del Cono Sur de América.
Asimismo, la Comisión determinó que la casi totalidad de los desaparecidos fueron asesinados en sesiones de tortura en cuarteles o centros policiales, y sus cuerpos enterrados de modo clandestino.
Algunos de las fuentes consultadas en carácter anónimo, al parecer represores, señalan que muchos de esos restos luego fueron cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata. Empero, esa hipótesis no ha sido nunca confirmada.
Tras la llegada al gobierno el 1 de marzo, el izquierdista Frente Amplio, la fuerza política predilecta de la represión dictatorial, ordenó el inicio de excavaciones en predios militares, como venían reclamando los familiares de las víctimas, y exigió a las Fuerzas Armadas la confección de reportes sobre lo actuado entre 1973 y 1985.
De esos documentos surgieron nuevos datos sobre la existencia de enterramientos clandestinos, entre ellos el de la argentina María Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman secuestrada en Buenos Aires cuando tenía 19 años y estaba embarazada, trasladada a Montevideo y mantenida en cautiverio hasta que dio a luz, y desaparecida desde entonces.
La hija de García fue encontrada por su abuelo y tras una investigación del diario uruguayo La República, en el hogar de un policía al que se la habrían entregado un grupo de torturadores, como corolario de un secuestro que pudo tener un móvil extorsivo.
Pero la falta de resultados, hasta este martes, de las pesquisas efectuadas a partir de los documentos oficiales de las fuerzas habían puesto a sus mandos actuales en la picota.
También el propio Vázquez era acosado por los opositores partidos tradicionales, que lo acusaban de agitar un tema que cuando ellos habían gobernando trataron de congelar a través de una aplicación amplia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que puso en manos del Poder Ejecutivo la decisión de qué casos debía tratar la justicia.
Precisamente, esa falta de resultados llevó al gobierno a profundizar su política de derechos humanos, presentando un proyecto de norma interpretativa de la Ley de Caducidad, que precisa con detalles la obligación de investigar el paradero de los desaparecidos, la exclusión de los delitos con fines económicos y de los cometidos por civiles, entre otros elementos.
Esa ley fue aprobada en 1986 y ratificada por referéndum en 1989, con el fin de no enjuiciar a militares y policías acusados de crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
En caso de aprobarse la norma interpretativa, que también ordena a la justicia investigar antes de que el Poder Ejecutivo disponga si un caso está a o no eximido de llegar a la justicia, abrirá la puerta al desfile de represores ante los tribunales de los que estuvieron alejados desde que se aprobó la Ley de Caducidad.
"Hay satisfacción de haber cumplido con lo que marca la ley (de Caducidad), por un lado, y enorme tristeza o conmoción por lo que ha sucedido en este país", apuntó Vázquez en rueda de prensa en la zona del hallazgo.
También manifestó su beneplácito por el hallazgo el abogado Javier Miranda, de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, además de su expectativa respecto de la norma de interpretación a estudio del parlamento.
"Si esta nueva ley permite destrabar las investigaciones judiciales respecto de los crímenes de la dictadura, es fantástico", pero debe señalarse que "la ley como está habilita a los jueces a proceder", como no lo han hecho hasta ahora, dijo a IPS Miranda, hijo de un escribano secuestrado y desaparecido.
"Esto interpela a todo el sistema de justicia, jueces, fiscales y abogados", puntualizó tras indicar que a la justicia uruguaya le falta "función social".
Pasados 20 años de la recuperación de la democracia en Uruguay, sólo ha sido procesado un civil, el ex canciller Juan Carlos Blanco, en relación a los delitos contra la humanidad perpetrados durante la dictadura.
El régimen militar uruguayo mantuvo la mayor proporción nacional de presos políticos, comparada con otros países latinoamericanos que sufrieron represión ilegal.
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