Activistas de Estados Unidos pidieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que adoptara medidas urgentes de protección a la población civil de Haití ante supuestos asesinatos cometidos por la propia policía y las fuerzas de paz internacionales.
El recurso, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por varias organizaciones no gubernamentales estadounidenses, está dirigido en particular contra Brasil y Estados Unidos.
Brasil, que comanda la Minustah (siglas en francés de Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), está acusado de complicidad en decenas de asesinatos cometidos desde inicios de 2004.
La denuncia contra Estados Unidos es por haber provisto de armas y entrenamiento a la Policía Nacional Haitiana, que, según los activistas, es responsable de la mayor parte de la violencia que reina en ese país caribeño, el más pobre de América.
Brasil y Estados Unidos cometen serias violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según los solicitantes.
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Los activistas aseguran que decenas de civiles desarmados fueron asesinados en redadas realizadas tanto por la Minustah como por la policía en las zonas más pobres de Puerto Príncipe, donde todavía hay muchos leales al depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, quien fue obligado a abandonar el cargo el 29 de febrero de 2004 y conducido por las fuerzas de Estados Unidos en un avión a República Centroafricana.
"A pesar de que los portavoces de la policía y de la Minustah aseguran que esas operaciones tenían el objetivo de neutralizar a elementos 'mafiosos' o 'bandidos' en esos barrios, entre los muertos hubo gran número de hombres, mujeres, niños y niñas desarmados", señala la denuncia, presentada por el Sindicato Nacional de Abogados, la organización no gubernamental Global Exchange y el Instituto para la Justicia y la Democracia, entre otros grupos.
"En muchos casos, esas víctimas no fueron un 'daño colateral' de las operaciones, accidentalmente atrapadas en el fuego cruzado, sino que fueron intencionalmente atacadas y asesinadas", añade.
Los activistas aseguran poseer como pruebas de sus afirmaciones decenas de declaraciones de víctimas y testigos, incluyendo a periodistas y familiares de los sobrevivientes, así como vídeos con imágenes de los operativos en que se cometieron los crímenes.
"La función de la Minustah es proteger a los civiles haitianos. En cambio, las tropas participan activamente en campañas de terror contra el pueblo o ignoran las atrocidades cometidas por los policías junto a ex militares", señaló Kasey Corbit, del Sindicato Nacional de Abogados y una de las redactoras de la petición.
El pedido a la Comisión Interamericana, parte del sistema de la OEA, también fue respaldado por las legisladores Barbara Lee y Maxine Waters, integrantes del Black Congressional Caucus, que representa a los parlamentarios afro-estadounidenses.
"No entiendo cómo (los haitianos) podrán tener elecciones verdaderamente democráticas", dijo Waters a periodistas el martes.
Una fuerza multinacional integrada por soldados de Canadá, Chile, Francia y Estados Unidos asumió la vigilancia de Haití tras la salida de Aristide, pero fue reemplazada meses después por la Minustah, liderada por Brasil y formada por unos 7.000 efectivos, cuyo mandato es colaborar con el gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue, ex diplomático que vivió en Estados Unidos.
La tarea de la misión es mantener el orden, impulsar la economía y preparar las elecciones generales previstas para el mes próximo.
La Organización de las Naciones Unidas logró sustanciales progresos en el registro de votantes, pero no ha podido mitigar la violencia, ya que las ciudades más importantes continúan bajo control de grupos armados.
Los partidarios de Aristide acusan al gobierno interino, y en especial a la policía, de acosar a sus líderes y activistas, entre ellos al ex primer ministro Yvon Neptune y al reverendo Gerard Jean-Juste, quienes permanecen en prisión desde hace más de un año sin ser juzgados.
El gobierno de Estados Unidos pidió que fueran sometidos a juicio o liberados, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.
Desde diciembre de 2004, la Minustah y la policía realizan redadas en barrios pobres de la capital como Cite Soleil y Belair, en busca de supuestos grupos armados integrados por simpatizantes del partido Lavalas, de Aristide.
La denuncia presentada ante la OEA detalla 13 incidentes entre septiembre de 2004 y fines de agosto de este año, el más notorio de los cuales es la redada del 6 de julio, efectuada por la Minustah en Cite Soleil.
La operación, en la que habrían participado más de 300 soldados con helicópteros y vehículos blindados, terminó con la vida de 63 personas, según el testimonio de activistas en Puerto Príncipe.
También se incluyó evidencia aportada por la organización Médicos Sin Fronteras, que atendió a 26 personas que habrían resultado heridas en esa redada, 20 de ellas mujeres y niños.
En una entrevista tras el operativo, el comandante de la Minustah, Heleno Ribeiro Pereira, negó que civiles hubiesen resultado heridos por disparos de sus soldados.
En agosto, según la denuncia, la policía haitiana cometió cuatro masacres con complicidad de civiles armados de machetes en varios distritos de Puerto Príncipe.
El peor de estos ataques ocurrió el 20 de agosto, cuando la policía interrumpió un partido de fútbol organizado por la agencia gubernamental estadounidense de ayuda al desarrollo Usaid, obligó a los espectadores a arrojarse al suelo y procedió a una ejecución sumaria de supuestos "bandidos".
En todos estos casos, según los denunciantes, la Minustah no intervino para proteger a los civiles.
